Por José Alberto Sánchez Nava
“Cuando la justicia se compra con trampas, el delito deja de temerle al juez y el Estado de Derecho se convierte en una farsa institucional.”
1.- Una elección nula de pleno derecho
En un país que se dice democrático y que presume de instituciones sólidas, resulta escandaloso que los propios guardianes del orden constitucional hayan accedido a sus cargos mediante trampas. Lo acontecido en el proceso de selección de ministros, magistrados y jueces de distrito —como lo sancionó el Instituto Nacional Electoral (INE)— no es menor: 118 juzgadores fueron multados por haber aparecido en los ya tristemente célebres “acordeones” que circularon durante la votación interna del Poder Judicial.
¿El delito? Tráfico de influencia, promoción indebida, simulación y corrupción interna.
¿La sanción? Multas que van de los 39 mil a los 127 mil pesos. ¿El premio? Un asiento en la Suprema Corte de Justicia de la Nación por 15 años.
Como dice el dicho popular: “¡Qué ganga!”
2.- La trampa como mecanismo de ascenso
El artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece como uno de los requisitos para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación “gozar de buena reputación” y “no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal”. Aunque estas sanciones administrativas impuestas por el INE no son penales, sí constituyen una prueba preconstituida de que los sancionados no gozan de la probidad ni integridad necesarias para asumir el cargo.
Además, el artículo 17 constitucional garantiza a los mexicanos un acceso a la justicia “imparcial, pronta, completa y gratuita”. ¿Cómo hablar de imparcialidad si quienes deben ejercerla accedieron al poder por medio de trampas? ¿Cómo defender la legalidad cuando el juez es parte del fraude?
3.-. El principio de legalidad y la nulidad absoluta
Desde el punto de vista jurídico, la elección de estos juzgadores es nula de pleno derecho. El principio de legalidad administrativa, consagrado en el artículo 16 constitucional, exige que todo acto de autoridad esté debidamente fundado y motivado. Si el nombramiento deriva de un proceso viciado por la simulación, entonces carece de validez y debe ser revocado.
Más aún, la jurisprudencia de la Suprema Corte ha sostenido que “ningún beneficio jurídico puede derivarse de un acto ilícito” (tesis: P./J. 33/2001). Esta máxima cobra sentido devastador: ningún ministro que haya incurrido en actos sancionados por el INE debe permanecer en funciones. De lo contrario, se estaría premiando el fraude con fuero y toga.
4.- Las consecuencias de la trampa institucionalizada
Permitir que estos personajes continúen ejerciendo sus funciones tiene consecuencias devastadoras para la impartición de justicia:
- Deslegitimación del Poder Judicial: La ciudadanía deja de confiar en quienes deberían defenderla.
- Contaminación de criterios jurisdiccionales: Cada sentencia emitida por estos ministros puede ser cuestionada por falta de legitimidad en su origen.
- Estímulo al cinismo institucional: Si la trampa no solo no se castiga, sino que se premia, el mensaje es claro: romper las reglas paga.
5.- El mínimo ético y la exigencia de impedimento
Los ministros Loretta Ortiz, Yasmín Esquivel, Lenia Batres y otros sancionados deberían ser impedidos de ejercer el cargo conforme al principio de ética judicial y conforme al artículo 108 constitucional que habla de las responsabilidades de los servidores públicos. Pero más allá del texto jurídico, está el principio republicano que rige toda democracia: nadie puede juzgar si ha violado las reglas para convertirse en juez.
6.- Epílogo: entre la burla y la tragedia
Lo que hoy parece una anécdota ilustrada con multas y rostros en carteles (como el difundido por Proyecto Dossier y citado en La Jornada) es en realidad una tragedia institucional. El fraude cometido por quienes deberían ser ejemplo de rectitud no es sólo una burla: es la confirmación de que el Estado de Derecho ha sido mancillado desde sus entrañas.
Y si la Corte —la última instancia de justicia— se construye sobre la trampa, entonces lo que sigue no es el imperio de la ley, sino el reinado de la simulación.
Porque cuando los jueces traicionan la ley para convertirse en ministros, lo que se rompe no es solo la elección, sino el pacto democrático entero.
