* Naturalmente el lujo no debe ser óbice para el ejercicio de sus funciones administrativas ni para hacer gala de sus hábitos morales y republicanos, pero también es cierto que, si se suman dos y dos, es natural la sospecha de que dispone de recursos mal habidos
Gregorio Ortega Molina
Tendríamos que proceder como lo hacen los hebreos durante los días obligatorios para guardar luto: los espejos de todo México debieran estar cubiertos, para no vernos a la cara y decirnos que nos hemos dejado chamaquear.
Todo indica que la promesa de la 4T de purificar al país, de acabar con la corrupción y propiciar que la sociedad adquiriese una reciedumbre moral sin parangón en la historia, terminó en una podredumbre generalizada en el ámbito del Poder Ejecutivo. Desde la familia de su titular, hasta el general secretario de la Defensa Nacional, cuyo pundonor debió señalar la ruta a seguir por sus pares y subordinados.
El hecho de que las tareas políticas y de seguridad encomendadas a José de Jesús Gutiérrez Rebollo obligaran a una confrontación directa y abierta con los barones de la droga, lo convirtió en un sujeto deseable para ser corrompido, y tan así fue que lo exhibieron, lo encarcelaron y, a fin de cuentas, falleció en chirona. Nada honroso para un general ni para el gobierno que le confirió tan alta responsabilidad, pero peor para el Ejército mexicano.
El suceso que hoy nos ocupa es de mucho mayor alcance y perjudicial para la honorabilidad de México en el ámbito internacional, pero sobre todo con sus socios comerciales y vecinos. Tiene sus antecedentes, y la manera en que se acalló el aviso, convierte a Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República, en cómplice de abuso y sustracción indebida de recursos fiscales o bienes de la nación, si así se prefiere, pues sin el menor recato indicó que el general Crescencio Sandoval y su familia podían viajar como les viniera en gana. Claro, somos los contribuyentes los que pagamos ese dispendio.
Además, ahora se pone en entredicho la honorabilidad moral del Ejército y del poder Ejecutivo, pues todo indica que el general secretario y su familia viven en un departamento que está más allá de sus posibilidades económicas y de la austeridad castrense.
Naturalmente el lujo no debe ser óbice para el ejercicio de sus funciones administrativas ni para hacer gala de sus hábitos morales y republicanos, pero también es cierto que, si se suman dos y dos, es natural la sospecha de que dispone de recursos mal habidos.
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