* ¿Cómo asimilarlo con el menor costo y daño? Las calles de California, en Estados Unidos, de Tijuana, en México, muestran que se paga en vidas un supuesto beneficio económico, una ficticia paz social, una mentirosa seguridad pública. Sólo la legalización de lo que existe y ya es imposible combatir de manera legal y eficaz
Gregorio Ortega Molina
El narcotráfico con sus derivaciones criminales es ilegal, sin embargo, sus administradores tienen asiento y diálogo con los poderes político y económico. Mueven fortunas, de acuerdo a sus intereses de identidad nacional y a su estado anímico, pero sobre todo a sus ansias de poder y discreción. Los que mandan son poco vistos, no muy conocidos, actúan de manera discreta.
¿Son acertadas las cifras consideradas por los especialistas, para determinar la riqueza, la masa monetaria que producen y administran? Los administradores públicos y miembros de los directorios que por razones políticas participan de esa administración, conocen de los canales e instituciones usadas para “lavar” dinero e invertir donde los intereses de los grupos lo requieren.
Mucho se escucha ahora de las remesas, su incremento mensual, en contraste con las dificultades de la economía estadounidense, con el conflicto propiciado por la emigración ilegal, pero el monto crece, se transfiere y llega. ¿Es lógico, es normal?
Quizá como parte de la confrontación política de Andrés Manuel López Obrador, su oposición y sus detractores, circulan versiones -imposibles de confirmar- que advierten que buena parte de esas remesas es lavado de dinero, lo que de ser cierto ya hubiese puesto los pelos de punta a las autoridades estadounidenses responsables de combatirlo, aunque el peso económico de los narco dólares favorece la suposición de que hay complicidades de ambos lados de la frontera, porque esa masa monetaria equilibra presupuestos, favorece las economías. ¿Adquirió, ya, la dimensión de un poder fáctico, con voz y voto?
Sólo los que participan de esos enjuagues lo saben, pero hay rastros, huellas, cifras que permiten suponer que así es, pues de otra manera cómo explicarse el cobro de piso y la extorsión tan extendidos, ya que en ambos casos incluyen oficinas municipales y estatales que tienen acceso a liquidez, o la intervención en el nombramiento de candidatos, o la supresión mortal de algunas aspiraciones. Es la muestra de fuerza de un poder de hecho.
¿Cómo asimilarlo con el menor costo y daño? Las calles de California, en Estados Unidos, de Tijuana, en México, muestran que se paga en vidas un supuesto beneficio económico, una ficticia paz social, una mentirosa seguridad pública. Sólo la legalización de lo que existe y ya es imposible combatir de manera legal y eficaz.
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@OrtegaGregorio
