* El problema está en los administradores público susceptibles a o ávidos de corrupción, y los empresarios y diversos proveedores del gobierno corruptores; en los mexicanos que vociferan por lo que ven como un mal necesario, pero nada hacen para poner remedio, no denuncian, no señalan, y mucho menos acuden a las urnas electorales a avalar o rechazar el cambio que exigen
Gregorio Ortega Molina
Soy, como muchos, partidario de la Reforma del Estado y una nueva Constitución, aunque la posición de los estudiosos y especialistas como Diego Valadés y Javier Moctezuma Barragán, propone la reingeniería constitucional.
Al ser testimonio del desarrollo de las precampañas por el poder, sosas, ambiguas, sin ideas que refieran a la verdadera dimensión de los problemas, y ante la idea de reconciliación nacional como mera retórica política para seducir al elector, porque lo que a simple vista se percibe es el recrudecimiento de la confrontación social como respuesta al intento de desafuero de AMLO, a lo que es oportuno sumar la división del país en dos -que desde entonces lo marcó- al ocuparse Paseo de la Reforma.
Pienso, ¡ay, verdad de Perogrullo!: el problema está en los administradores público susceptibles a o ávidos de corrupción, y los empresarios y diversos proveedores del gobierno corruptores; en los mexicanos que vociferan por lo que ven como un mal necesario, pero nada hacen para poner remedio, no denuncian, no señalan, y mucho menos acuden a las urnas electorales a avalar o rechazar el cambio que exigen. Son incapaces de promoverlo con una actitud participativa, cívica y de altura ética y moral, para exigir en público el cumplimiento del mandato constitucional a sus representantes populares y a los burócratas de pedigrí.
¿Qué hacer para que sean ellos los primeros en cumplir la ley, en obedecer su mandato constitucional, en defender los intereses de la sociedad, en cortarse las uñas? ¿Modificar las leyes? ¿Endurecer las penas?
¿Crear una Fiscalía? ¿Un Sistema Anticorrupción?
El asunto es más sencillo que todo lo anterior. Se requiere voluntad política, así como aceptar que el “poder presidencial” no es patrimonio de un partido, un grupo o una facción. La democracia es esencial para modificar hábitos de corrupción.
¿Meterlos a la cárcel? ¡No! Así conservan el fruto de su corrupción. El camino es desposeerlos del fruto de sus raterías, y el procedimiento puede y debe ser muy sencillo, todo está registrado en el SAT y en las coordinaciones administrativas. Es un asunto aritmético, ni siquiera matemático.
Veamos, cuántos cargos desempeñó y en qué lugares Javier Duarte de Ochoa, y por cuánto tiempo. En las nóminas está registrado el salario básico, las compensaciones, los sobre sueldos, aguinaldos y demás prestaciones. Una simple suma de todos los ingresos percibidos durante su vida de funcionario público, contrastado con sus propiedades. Lo que no alcanzó a adquirir con sus ingresos debe entregarlo.
¿Prestanombres? Esos son identificables y se les conoce. ¿Es todo?
No, el escarnio público en México y en el mundo, que no encuentren reposo ellos ni sus familias. No tendrán vergüenza, pero temerán a la pobreza y a que nadie les dirija el saludo. Para hacerlo se requiere voluntad política.
¿Cuántas veces lo he escuchado? Es muy listo, hizo muchos negocios desde el poder, o: fue muy tonto, otros se enriquecieron a su sombra.
Son esos políticos corruptos y sus corruptores amigos los que quebraron la Constitución.
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