* Antes de que se les ocurriera sacar a los marinos y militares a las calles, la violencia contra los civiles provenía -y proviene- de las policías y de las autoridades administrativas o de los representantes de los poderes Legislativo y Judicial. Los renglones torcidos de la legislación y de la procuración y administración de justicia dañan más que la tortura física
Gregorio Ortega Molina
Orinar sobre los derechos humanos no es privativo de las Fuerzas Armadas. Para hacerlo sólo se requiere abusar del poder, tener como consigna garantizar la impunidad, o mantenerse en la silla del águila a como dé lugar.
Antes de que se les ocurriera sacar a los marinos y militares a las calles, la violencia contra los civiles provenía -y proviene- de las policías y de las autoridades administrativas o de los representantes de los poderes Legislativo y Judicial. Tanto los renglones torcidos de la legislación como los de la procuración y administración de justicia dañan más que la tortura física.
Por ejemplo, la IMPUNIDAD garantizada a Javier Duarte de Ochoa destruye de manera definitiva los derechos humanos de los veracruzanos, por encima de los crímenes protegidos por el ex gobernador durante su mandato.
Ahora andan con la idea de dar protección jurídica a las Fuerzas Armadas, para convertirlas en “vigilantes” con fuero e impunidad.
Soy un convencido de que marinos y militares deben permanecer en los cuarteles, salvo violación flagrante al artículo 29 constitucional. Como los civiles fracasaron en su mandato de garantizar seguridad y orden, ahora están que se truenan los dedos sin saber qué hacer para limpiar la mierda que han regado a lo largo y ancho del territorio nacional.
Dicen los promotores de lo que pudiera convertirse en un golpe de Estado técnico, que es necesario reformar la Constitución, con el propósito de que las Fuerzas Armadas puedan combatir todo aquello que atente contra la seguridad interior, ya sea el poder de los barones de la droga, la corrupción y el terrorismo. Y ni siquiera hablan de las veces que han promovido, ya, el Estado de Excepción.
Pero los mexicanos debemos preguntarnos si los legisladores creen que somos tontos, ignorantes y torpes, porque suponen que desconocemos el mandato que han de asumir en el gobierno, para atender lo indicado en el artículo 29 constitucional: “En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con los Titulares de las Secretarías de Estado, los Departamentos Administrativos y la PGR y con la aprobación del Congreso de la Unión y, en los recesos de éste, de la Comisión Permanente, podrá suspender en todo el país o en lugar determinado las garantías…”.
¿Necesitan dar más vueltas al asunto? Sólo evoquemos esa nota no desmentida, en la que durante el operativo militar en Tanhuato, un mando dice a un subordinado: “Reporté dos vivos, ¡detente!”, hasta aquí, pero imagino que el complemento de la frase pudo haber sido, ya no dispares.
Mañana, más sobre lo que puede convertirse en golpe de Estado técnico.
