* “Muchos estudios afirman que autoridades gubernamentales y el crimen organizado asesinaron ilegalmente con absoluta impunidad; a menudo estas ejecuciones fueron cometidas con la colaboración de autoridades corruptas, tanto a nivel local como estatal”
Gregorio Ortega Molina
Si los integrante de los tres poderes todavía acarician la peregrina idea de que los problemas con la administración Trump quedan limitados a la renegociación del TLC, la emigración de empresas y capitales del vecino país al nuestro, y a la presencia de migrantes legales e ilegales en Estados Unidos, están en un error.
Los <<lobbies>> de derechos humanos tienen enorme influencia en el Congreso estadounidense; desde allí presionan a su gobierno para que, en atención a sus observaciones y exigencias, a su vez ejerzan presión para acelerar la “democratización” de México (o lo que ellos entienden por democracia) y evitar, a cualquier precio, los abusos del Estado sobre la sociedad.
Hace apenas 14 días (el viernes 3 de marzo) en Estados Unidos el Departamento de Estado presentó el Informe Anual sobre Derechos Humanos, donde destacó la impunidad mexicana en este tema. Claro que repasa la situación de esos derechos a nivel mundial, pero ahora que nos tienen especial ojeriza, las autoridades estadounidenses hacen hincapié mediático en la gravedad de los abusos y la violencia de la policía y las fuerzas armadas mexicanas.
Advierte el Informe: “Muchos estudios afirman que autoridades gubernamentales y el crimen organizado asesinaron ilegalmente con absoluta impunidad; a menudo estas ejecuciones fueron cometidas con la colaboración de autoridades corruptas, tanto a nivel local como estatal”.
En la nota periodística se indica que policía y las fuerzas armadas participaron en actividades criminales como las ejecuciones ilegales, la tortura y la desaparición de personas; afirma una de las conclusiones del informe que no existe un registro a nivel nacional o estatal sobre los casos de tortura. La Procuraduría General de la República investigó hasta 4.000 durante los primeros nueve meses de 2016.
Siempre la nota informativa, advierte sobre el estado de las cárceles y el sistema penitenciario mexicano; EEUU constató la presencia de corrupción entre los altos cargos, algo que quedó evidente por la fuga de Joaquín Guzmán Loera “El Chapo”, en julio de 2015. No olvida mencionar los arrestos y las detenciones aleatorias, el uso indiscriminado de la violencia, o la limitada libertad de prensa; refiere que 14 periodistas fueron asesinados durante 2016.
Se desprende de lo anterior que la relación bilateral se complicará todavía más, y que los <<lobbies>> de los derechos humanos también presionarán para evitar la reforma al artículo 29 constitucional, pues sin normatividad pasa lo que ocurre un día sí y otro también, ¿qué puede suceder con la carta blanca?
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