* Las agencias que lo reclamaron son las mismas antes que ahora. El gesto diplomático significó sumisión, ésta trae mal fario, porque distorsiona el equilibrio en las relaciones bilaterales y muestra que existen dos pesas y dos medidas en la administración de justicia mexicana
Gregorio Ortega Molina
Cuando se cumplen guardias que no corresponden y se hacen fajinas ajenas, también han de asumirse las responsabilidades de las consecuencias propiciadas por dicho comportamiento.
Apenas se anuncian los costos políticos de la extradición apresurada de Joaquín Guzmán Loera, con el pretexto de entregar a Barack Obama lo que “no debía” obsequiarse a Donald J. Trump. Las agencias de inteligencia, antidrogas y de seguridad interna que lo reclamaron, son las mismas antes que ahora. El gesto diplomático significó sumisión, ésta trae mal fario, porque distorsiona el equilibrio en las relaciones bilaterales, y muestra que existen dos pesas y dos medidas en la administración de justicia mexicana.
Si en cuanto Luis Videgaray asumió la responsabilidad de las relaciones con Estados Unidos, aquí se mostraron rápidos y bien dispuestos para la deportación de “El Chapo” Guzmán, no sucede lo mismo con los que la impunidad del poder protege a capa y espada.
Gracias a una investigación de El País, nos enteramos de que: “la juez de Andorra, Canolic Mingorance Cairat, instructora de la investigación sobre el Banco Privado de Andorra (BPA), desde hace un año espera que la Justicia de México le responda su pedido de la identidad del diputado en el Congreso de la Unión por el Estado de Sinaloa, que figuró en una cuenta con seis millones de dólares de esta entidad bancaria intervenida por blanqueo de dinero. La Procuraduría General de la República (PGR) ha utilizado<<argucias y respuestas ambiguas>> para dilatar la investigación, no responder en tiempo y forma a las comisiones rogatorias que se le han enviado, lo que ha provocado malestar en la juez, según señalan a EL PAÍS fuentes de la Justicia andorrana.
“La primera comisión rogatoria (petición de auxilio judicial) remitida por la juez que pedía, también, que se investigara la relación entre el cártel de la droga de Sinaloa y el BPA, se envió a la PGR en febrero de 2016; la respuesta de México a la juez fue que volviera a enviarla, pero a otra instancia diferente: a la Misión Permanente de México en Naciones Unidas, lo que provocó la sorpresa de la magistrada Mingorance, que en 2015 había ordenado la intervención del banco, entre otras razones, por los vínculos entre la entidad y los cárteles mexicanos. Sinaloa es la cuna de El Chapo Guzmán, detenido y extraditado a EE. UU.
“Al segundo intento, la respuesta de las autoridades judiciales mexicanas fue que aporte el nombre, apellidos, fecha de nacimiento y número identificativo del diputado titular de la citada cuenta, es decir, la misma información que reclama la juez Mingorance en su petición de auxilio judicial. La revelación de que un político del PRI tenía a su nombre una cuenta con seis millones de dólares en el BPA aparece reflejada en una de las actas del Comité de Prevención de Blanqueo de Capitales del propio banco, a las que tuvo acceso la magistrada tras su intervención”.
¿A quién protegen las autoridades judiciales y diplomáticas de México? Si en el pasado reciente Videgaray Caso fue una estrella en ascenso, hoy es considerado ave portadora del mal fario.
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