José Alberto Sánchez Nava
Nada ha dañado más al país que la deshonestidad de los gobernantes “El pueblo no es tonto”, Andrés Manuel López Obrador.
1.- Cuando el protagonismo estéril se apodera de la conciencia de gente como la diputada por inercia de Morena y la confianza de Andrés Manuel López Obrador para proponerla hasta como Delegada de ese Estado, conlleva a que Indira Vizcaíno con su absurda y ociosa intervención en el tema de la ilícita ampliación de la concesión del tramo carretero Manzanillo-Armería, le esté costando el último reducto de esperanza a los ciudadanos de Colima, para alcanzar un verdadero cambio, romper paradigmas respecto del abuso del poder caciquil en ese Estado, y arribar a una cuarta transformación, la cual es clamor popular de que en Colima ésta nunca llegara si persiste la actitud de gente como esa diputada que privilegia la política de arreglos en gestión a botepronto, con errores y actitudes marcadas por la improvisación y el destiempo convenenciero, sin fundamento ni motivación legal alguna, menos aún, haber realizado un verdadero análisis jurídico administrativo de la ilícita concesión carretera, con el fin de arribar a un verdadero estado de derecho en esa entidad, la cual nunca ha sido gobernada ejecutivamente por un partido diferente al PRI.
2.- La intervención de la diputada Vizcaíno la cual ella misma dio a conocer a los medios el día 22 de octubre del año que transcurre, en el tema de conflicto social relativo al ilícito cobro que está realizando una empresa concesionaria de la caseta de Cuyutlán en el tramo Carretero Manzanillo-Colima, con la complicidad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la cual navega en un océano de corruptelas a nivel nacional, no fue sustentado en un punto de acuerdo de la cámara de diputados relativo al tema, para acreditar formalmente su personalidad y funciones de acuerdo a las comisiones de comunicaciones y transportes de la cámara alta, para evitar esos arreglos tipo amiguismo o compadrazgo en la que una de las partes es diputado, menos aún la diputada vizcaíno intervino como delegada en el Estado de Colima, pues eso supuestamente esta por consolidarse si antes nadie le hace alguna observación al presidente electo Andrés Manuel López Obrador, que el prospecto a delegada estatal en Colima manifestó públicamente que respecto al tema de la castea de Cuyutlán, el cual es un monumento a la ilegalidad y la corrupción en México, “es un tema complejo”, como si la estafa maestra de rosario robles en la Sedesol y Sedatu, fuera cosa de parvulitos que impida la risa prepotente que le causa el pueblo mexicano a Chayo.
3.- Fue así, que la diputada Vizcaíno fue ovacionada en cada una de las ruedas de prensa que dio el representante de la empresa concesionaria del tramo carretero Manzanillo-Armería, denominada “Pinfra” al anunciar desde ese día 22 de octubre de 2018, que gracias a la intervención de la diputada Indira Vizcaíno, se había logrado bajar el costo de la caseta de Cuyutlán de 146.00 (ciento cuarenta y seis pesos) autorizado por la SCT, a solo 45.00 (cuarenta y cinco pesos), o sea, una verdadera ganga si esta no se derivarse de un acto de corrupción oficial de la SCT en colusión con una empresa concesionaria, y ante lo cual la empresa concesionaria para hacer ese descuento no necesitaba de nadie para concederlo pues es un acto unilateral, sin embargo dicha empresa estaba convulsionando por la presión social y a menos de 43 días de asumir el cargo López Obrador y por ende el nuevo Secretario de Comunicaciones y Transportes, quienes al asumir el cargo y analizar ese tema carretero, se enfrentaran al “Pleito Ratero” en el que el ladrón se dirá robado, con base y de por medio, a la gestión, intervención y consentimiento de esa diputada para legalizar lo ilegal vía encargo, es decir “por gestión” sin ningún tipo de formalidad jurídica, respecto de ese cobro de cuarenta y cinco pesos por concepto de peaje, o sea un 70% en referencia a lo autorizado por la SCT., lo cual si fuera legal, ningún proyecto de inversión en el mundo podría soportar financieramente esa determinación ofertada, a no ser que esto se derive de una nueva maestra de la estafa, utilizando una especie de teoría del miedo para sostener el abuso del poder, el cual consiste – en que si a alguien le dicen que lo van degollar y luego no lo degüellan pero le ponen una chinga de perro bailarín, dará gracias a su ejecutor de que solo fue una golpiza-, de igual forma opera para neutralizar el ánimo de la sociedad colimense frente a actos de corrupción que invaden su esfera jurídica como gobernados con el tema del ilícito cobro de peaje en Cuyutlán de 146 pesos a 45 pesos, cuando realmente un centavo por cobro de algo ilegal es carísimo y no deja de ser un acto propio de quien abusa del poder, pues con ello se vulnera el maltrecho estado de derecho en México, en otras palabras, no es la cantidad más alta la que duele pagar frente una resistencia civil pacífica ante lo ilegal, sino que doloroso es pagar menos siendo ilegal por actos de gestión de alguien que supuestamente ostenta la confianza por probidad del próximo presidente de México, pero que sin embargo su corta visión de cambio le hace sentirse ya gobernadora de un Estado como el de Colima, tildando de complejo un acto de corrupción respecto a al tramo carretero Manzanillo-Armeria.
4.-Por lo pronto, de nada sirvieron mis noches de desvelo para elaborar como ciudadano nacido en Colima, un análisis del tema de la caseta de Cuyutlán que me pidieron diferentes representantes de movimientos sociales en Colima, el cual hice de forma personal, y el mismo fue presentado al gobernador de Colima para que éste previo análisis de su gabinete, iniciara las acciones legales correspondientes ante el gobierno federal solicitando el retiro de la caseta de Cuyutlán por estar acreditada fehacientemente la ilegalidad de la ampliación de la concesión carretera del tramo Manzanillo-Armería, dicho análisis fue publicado por Índice Político el día 8 de junio del presente año 2018, y que puede ser consultado en el siguiente enlace:
5.-En dicho escrito el cual acaba de ser pisoteado al tildarse de un tema complejo, una vez analizada cada una de las concesiones desde el año 1990 a la fecha, concluía con lo siguiente:
“El tramo carretero de Manzanillo-Armería en su longitud de 37 kilómetros puede resultar para los ciudadanos los obra de infraestructura carretera más costosa en la historia de México, precisamente por los actos de corrupción que engendran la carga financiera cuyo pago corre a cargo de los ciudadanos, la cual es operada por una empresa la que desde la comodidad de una concesión ilegal otorgada por el poder ejecutivo por conducto de sus respectivos Secretarios de Comunicaciones y Transportes, se ha convertido en una fuente irregular de financiamiento ilícito para satisfacer actos de todo tipo de corrupción incluyendo el fraude a la ley y como consecuencia un fraude genérico perpetrado desde el ejercicio de la función pública de una Secretaria de Estado y un particular, con lo cual se invade la esfera jurídica de todos los Gobernados en nuestro País y esencialmente a los ciudadanos en el Estado libre y Soberano de Colima, por tratarse de actos de tracto sucesivo, esto es de forma continuada, es por ello que cualquier acto ilícito que se derive por parte del poder ejecutivo de la Nación en afectación de la territorialidad y población de un Estado da lugar a la interposición de una Controversia Constitucional a efecto de suspender actos del poder ejecutivo que lesionan la soberanía o independencia financiera estatal, cuando estos actos afectan los derechos constitucionales de los ciudadanos con el cobro de ingresos ordinarios al margen de la ley federal de derechos y por ende al margen del artículo 31 fracción cuarta de la constitución general, sin embargo en Colima esa posibilidad es paradigmática por la sumisión política del gobierno estatal ante el poder ejecutivo federal que aun gobierna este país, es por ello que los Colimenses estamos condenados al pago de un derecho de piso cuyo cobro es vergonzosamente oficial, pues ya no se trata de un pago por derecho transitar una carretera, sino que se trata de un secuestro a nuestra seguridad económica para subsistir bajo condiciones ilegales de pagos fraudulentos al margen de la ley, puesto que los actos que se contienen en la concesión que se comenta están afectados de nulidad absoluta, esto es así porque la SCT ni siquiera se ha dado cuenta de que un Secretario de Estado al no haber sido elegido en una elección popular para desempeñar un cargo delegado por el poder ejecutivo, este no tiene facultades para invadir la esfera jurídica de los gobernados con cobros ilícitos a favor de ningún concesionario, es por ello que la ciudadanía en la primera oportunidad deberá llevar a cabo la excitativa de una acción de inconstitucionalidad respecto de los efectos de aplicación de la Ley de Caminos Puentes y Autotransporte Federal a fin de dar legalidad a un cobro indebido en perjuicio de la ciudadanía originando con ello responsabilidades oficiales de carácter penal, sin embargo la acción de inconstitucionalidad también tiene una barrera la cual consiste en que se debe llevar a cabo la excitativa ciudadana ante el procurador fiscal anti corrupción de la republica el cual al día de hoy el poder ejecutivo lo tiene en suspenso para precisamente obstruir la justicia derivada de actos de las dependencias del poder ejecutivo, por lo que no nos queda otra seguir con el procedimiento ordinario ante el procurador general de la republica el cual tiene la obligación de proteger el interés público derivado por la aplicación de leyes que transgreden el orden jurídico nacional en perjuicio de la ciudadanía, sin embargo y aunque el procurador general de la republica depende directamente del responsable en este caso del poder ejecutivo, y el actual gobierno federal está por concluir, debemos iniciar ya la queja correspondiente ante la secretaria de la función pública así como la interposición de un amparo colectivo contra actos de tracto sucesivo o continuados derivados de la concesionaria con efectos de autoridad plasmados en una concesión en perjuicio de los gobernados, por autorización de la SCT.”
5.- Al menos el gobernador del Estado de Colima hizo la ridícula solicitud a la SCT de quitar la caseta de Cuyutlán por ilegal, a sabiendas que ello equivale a conminar amablemente a un ladrón para que no robe, mientras que la diputada Vizcaíno le quito la carga moral del desprestigio del cual goza el gobernador, (que por cierto esta diputada fue parte de ese gabinete priista) y gestiona la ilegalidad de un cobro de 45 pesos de peaje en un plan “heroico”, porque según sus palabras “el tema de la caseta de Cuyutlán es un tema complejo” así que cada que pase este ciudadano que escribe, por la caseta de Cuyutlán recordare esa frase tan vacía de sensibilidad social y tan llena de ignorancia jurídico administrativa, que me costara 45.00 pesos y a cada uno de los ciudadanos, y ante lo cual exclamaré como un simple ciudadano, “NO SE EQUIVOQUE DIPUTADA VIZCAÍNO, SU PERCEPCIÓN DE COMPLEJIDAD NO JUSTIFICA LO ILÍCITO, NO SE EQUIVOQUE”
