Al emitir un mensaje en lengua Mixe en la sesión semipresencial de este miércoles, la diputada del PT, Martha Araceli Cruz Jiménez, llamó a todas y todos a reconocer que la lucha de las mujeres indígenas es colectiva y que no piden privilegios sino exigen justicia, y se necesita un sistema político que no solo les permita participar, sino valore y respete su identidad, voces y capacidad para construir un México más equitativo.
Como legisladoras y legisladores, dijo, se tiene la obligación de avanzar hacia un país donde las mujeres indígenas puedan ejercer plenamente sus derechos, sin miedo y sin obstáculos, porque “cuando una mujer indígena avanza lo hace también su comunidad, su historia y el futuro de quienes vienen detrás de ella”.
Precisó que es momento de abrir un diálogo serio y profundo con los pueblos indígenas para definir cómo garantizar su representatividad política en este México plural. “Aunque se ha reconocido ampliamente a los pueblos indígenas en la normativa, aún falta visibilizar con claridad y en términos contundentes su derecho a una representación política real en nuestra democracia”
Cruz Jiménez expuso que, con las leyes secundarias de la reforma indígena, se debe priorizar y garantizar el derecho de los pueblos a participar plenamente en los espacios de toma de decisiones.
“Esto implica asegurar que tanto mujeres como hombres indígenas puedan ejercer su derecho a la representación política de manera efectiva, libre de violencia por razones de género y bajo condiciones equitativas”, añadió.
Se trata de abrir las puertas para que sus voces y perspectivas contribuyan a la construcción de un México más justo e incluyente, ya que la representación indígena no puede seguir siendo un tema secundario, sino que debe convertirse en un pilar de la democracia en México, abundó.
La diputada del PT comentó que las mujeres indígenas deben sortear las intersecciones de la discriminación como son: género, raza, etnia, clase y grado educativo, “a pesar de que han seguido luchando, no solo para llegar, sino para construir una agenda política que represente los intereses de nuestras comunidades y nuestras realidades como mujeres”.
Hizo mención que, aunque la paridad es ya un principio constitucional y las acciones afirmativas han avanzado, sigue siendo necesario garantizar su participación plena y libre de violencia. “La misoginia política es una realidad cotidiana y las mujeres indígenas enfrentamos además la usurpación de nuestros espacios por personas que simulan nuestra identidad para cumplir con requisitos electorales, sin conexión real con nuestras comunidades”
Abundó que luchar contra la usurpación es un desgaste político, económico y emocional que desmotiva y desalienta a muchas mujeres indígenas, y la violencia no solo se ejerce contra ellas por género, sino también por su identidad étnica.
“Este racismo estructural y patriarcal –observó– exige medidas específicas, como garantizar que los partidos políticos proporcionen fondos para el acompañamiento legal durante juicios ciudadanos y crear mecanismos de asesoría que atiendan tanto la violencia de género como la étnica”.
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