La Espinita
Andy S. K. Brown
Redes familiares son las que detentan cargos públicos de relevancia en el gobierno de López Obrador.
Abundan los hijos de…, las hermanas de…, los primos de…, los amigos de… y hasta muchos jijos de…
Más por conveniencia que por convicción todos dicen ser militantes del Movimiento de masas que ya sin bastón de mando, aparentemente, pues, encabeza el actual Primer Mandatario.
Y es así que ayer fue Lenia Batres, hermana del jefe de gobierno en funciones de CDMX, quien resultó favorecida por el dedo presidencial para que se convierta en ministra de la Corte de Justicia de la Nación.
Una incondicional de la Cuarta Transformación que será parcial, poco objetiva, en los asuntos que le asignen resolver y por supuesto en sus votaciones en el pleno.
Los peores vicios políticos se asientan en el peor gobierno que México haya tenido jamás.
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Aunque la entidad se mantiene casi íntegro en poder del crimen organizado, Rutilio Escandón cobra a los contribuyentes como gobernador de Chiapas.
Poco se habla de él. Aunque su bajo perfil salió a la luz luego de que se evidenciara que su esposa, Rosalinda López –hermana de Adán Augusto—hace pingües negocios con el secretario de salud local, a costa de una población mayoritariamente enferma y desnutrida.
A Escandón, eso sí, le molestan los periodistas, como a muchos otros politicastros de Morena que alcanzan puestos de relevancia electoral y administrativa por mero nepotismo.
Eso ha llevado a que, en un acto de protesta, la periodista Cinthya Alvarado Enríquez haya iniciado una huelga de hambre y se haya encadenado en la Torre Chiapas, de la capital estatal, buscando que las autoridades cumplan con la reparación integral del daño sufrido en enero de 2020, cuando daba cobertura a una manifestación de indígenas de Pavencul, que fueron reprimidos y torturados, junto con la periodista.
La protesta de Alvarado Enríquez está dirigida contra la burocratización del proceso judicial y la inacción de la Comisión Ejecutiva Estatal de Ayuda a Víctimas (CEEAV), quienes han demorado a discreción la gestión para reparar el daño moral de la víctima.
El 27 de enero de 2020, la periodista sufrió los agravios contra sus derechos humanos, tras la detención arbitraria y tortura por policías municipales de Tapachula, y tras un largo proceso judicial por sus denuncias se dio un fallo judicial que obliga a la CEEAV a emitir el dictamen de reparación de daño.
Alejandra Elena Rovelo Cruz, directora general de la CEEAV, no obstante, ha postergado indefinidamente esta acción, supuestamente a la espera de vacaciones.
Ojalá la colega no sufra daños en su salud, a la espera de que Rovelo se tome un “merecido” descanso.
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Se dijo que los sucesos recientes en Texcatitlán serían replicados en otros sitios del territorio mexicano en los que también se sufren extorsiones de criminales más o menos organizados.
Y ya sucedió.
En Ocuilan, otro municipio del mismo Estado de México, los habitantes hartos de sufrir a manos del Cartel Jalisco rociaron con gasolina a dos de sus presuntos miembros.
Se salvaron de ser incendiados porque elementos policiacos y del Ejército llegaron a salvarlos, quizá porque como dijo AMLO alguna ocasión, “también tienen derechos humanos”.
¿Sus víctimas? No. Ellos no.
¡Vivan los abrazos a los criminales! ¡Sigan los balazos a los ciudadanos!
@AndySKBrown1
