Por Aurelio Contreras Moreno
Un día después de que el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares acusó que “periodistas” veracruzanos están coludidos con el crimen organizado, su administración se lavó las manos sobre la investigación que merecería un señalamiento de esta magnitud.
El fiscal General del Estado, Jorge Winckler Ortiz, declaró que el tema, y en particular en lo relativo al homicidio del comisionado de la Policía Federal Juan Camilo Castagne, ya estaba en manos de la Procuraduría General de la República, al ser la delincuencia organizada un delito de orden federal.
Era obvio que eso iba a suceder. Por lo cual la pregunta obligada es ¿por qué, si ya sabía que su gobierno no estaría a cargo de la investigación, el gobernador Yunes Linares se apresuró a señalar que medios y periodistas estaban siendo averiguados por supuestos nexos con bandas criminales? ¿Cuál fue el objetivo de lanzar esa acusación, prematura y sin estar acompañada de algún elemento de prueba?
El alcance y gravedad de estos dichos es de gran magnitud. Al no precisar, al dejar en el vacío de las murmuraciones el señalamiento de que “periodistas”, en general, trabajan para la delincuencia organizada y que hasta estarían implicados en el asesinato de un alto mando de la Policía Federal, el gobernador nos expone a todos.
Si a cualquier periodista veracruzano le pasa algo en estos días, lo más fácil será relacionarlo con actividades ilícitas, pues se dejó la puerta abierta para que todos seamos sospechosos. Y de paso se ahorrarán la molestia de investigar: ese “periodista” se lo merecía, será la consigna.
El propio director de Política Pública de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Ricardo Sepúlveda Iguíniz, admitió este mismo lunes en Xalapa que tales señalamientos públicos implicaron un mensaje de criminalización de los periodistas.
Lo peor de todo es que ahora el gobierno de Veracruz ni siquiera podrá ser exigido a dar respuestas, pues el tema ya está en la jurisdicción federal, donde tampoco se caracterizan por la eficacia, pulcritud y celeridad de sus indagatorias.
Como establecimos en la anterior entrega de esta columna, se trata de la misma estrategia de las “manzanas podridas” aplicada durante el gobierno de Javier Duarte para criminalizar y estigmatizar a los periodistas en su conjunto, esparciendo la idea de un gremio corrupto por naturaleza, con el objetivo de inhibir la investigación y la crítica en los medios al quehacer gubernamental y político, de por sí difícil y de alto riesgo por la ausencia de garantías para el ejercicio libre del periodismo en Veracruz.
Mientras no exista una denuncia concreta y una acción penal en contra de quienes supuestamente colaboran con el crimen organizado “escudándose en credenciales de periodistas”, con nombres, apellidos y pruebas, la situación en la que se coloca a los reporteros, fotógrafos, columnistas y redactores de los medios veracruzanos es de total indefensión.
Se suponía que eso también iba a cambiar con la alternancia en la entidad.
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