El Ágora
Octavio Campos Ortiz
Aunque el gobierno ha cambiado su política pública de seguridad y fortalecido la estrategia con inteligencia policial en el combate al crimen, el 75.6 por ciento de los ciudadanos mayores de 18 años consideran sentirse inseguros en su entidad federativa por la delincuencia. Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del INEGI, entre marzo y abril de 2025, el 64.2 de la población cree que la inseguridad es el problema más grave en el país, más que la salud o el incremento en los precios. La mayor percepción de este fenómeno se dio en Morelos, Tabasco y Guanajuato.
Seguramente al cierre del primer año del sexenio disminuirán los homicidios dolosos y se incrementará el combate al crimen organizado, pero lamentablemente la delincuencia común es la que más incide en la sensación de inseguridad ciudadana. El estudio del organismo demoscópico revela que, en 2024, en 11.4 millones de hogares, que representan el 29 por ciento del total del país, al menos uno de sus integrantes fue víctima de un delito, porcentaje superior al de 2023. 23.1 millones de personas mayores de edad fueron víctimas del delito, más hombres que mujeres. Las tasas mayores de victimización fueron Estado de México, CDMX y Tlaxcala. Donde hubo una prevalencia delictiva superior de hombres es EDOMEX y CDMX, mientras que en mujeres fue la entidad mexiquense y Tlaxcala.
La información estadística precisa que en 2024 se cometieron 33.5 millones de delitos, poco más que los registrados en 2023. Los estados con más incidencia fueron CDMX, EDOMX y Querétaro. Los ilícitos más frecuentes: fraude, robo o asalto en la calle o el transporte público y extorsión. Las mujeres fueron más vulnerables a los delitos sexuales.
Sin duda, el crimen tiene importante impacto en la economía nacional, según el INEGI el monto total de la inseguridad y el delito en hogares fue de 269.6 mil millones de pesos, lo que representa poco más del uno por ciento del Producto Interno Bruto. El costo del delito no solo implica la pérdida material de los bienes, sino el gasto que hacen los ciudadanos para prevenir el delito. En esas medidas, los mexicanos desembolsaron más de 90 mil millones de pesos para cambiar cerraduras, puertas y ventanas, colocar rejas o bardas.
La nueva política pública de seguridad y sus estrategias todavía no permean entre la sociedad, prueba de ello es que la gente denuncia menos. En 2024, de los 33.5 millones de delitos ocurridos, solo el 9.6 por ciento se denunció, menos que en 2023. Solo siete de cada cien ilícitos se investigaron y en el 80 por ciento de los casos no hubo resultados; menos del uno por ciento (0.8) tuvieron resolución favorable para el denunciante. Por ello la gente no acude al ministerio público, sabe que solo perderá el tiempo, tiene desconfianza de la autoridad, considera que hará trámites largos y difíciles y por miedo a la persona agresora.
Otras variables que abonan a la percepción de inseguridad es el clima de violencia que genera el crimen organizado, las masacres, las desapariciones forzadas, los desplazamientos de comunidades, la corrupción de las autoridades en todos los niveles de la policía, la procuración y administración de justicia y en los reclusorios, fuente de la extorsión. Somos de los países más corruptos del orbe, ocupamos el lugar 126 de 180 naciones, por debajo de Uganda y Gambia.
Por ello, deben poner énfasis en los programas de prevención del delito, el combate a la corrupción oficial y una mayor profesionalización de las instancias de seguridad y justicia. Mientras eso no ocurra, la gente padecerá el miedo al crimen y la desconfianza en la autoridad.
