Por Aurelio Contreras Moreno
Arrinconados por las críticas de la masa vociferante en las redes sociales, los partidos políticos y la propia autoridad electoral buscaron una salida para, supuestamente dentro del marco de la ley, redireccionar el dinero público que los primeros reciben a tareas de reconstrucción y ayuda a los damnificados de los sismos.
Cuál émulos de Juan Escutia, los dirigentes de los principales partidos en México se envolvieron en la bandera de una demagogia descomunal y uno a uno se lanzaron al vacío de la retórica, anunciando el porcentaje de su financiamiento público al cual “renunciarán” –ésa fue la figura que recomendó usar el Instituto Nacional Electoral, la renuncia al dinero- para que éste sea utilizado para apoyar en las zonas afectadas por el desastre.
Todos, valga hacer la precisión, menos Morena, donde siguen obstinados en decir que “donarán” la mitad de sus prerrogativas de 2018, lo cual es ilegal si pretendiese hacerse en esos términos –aunque fue exactamente en esos términos que lo aprobó su Consejo Nacional este fin de semana-. Pero por lo menos para usos propagandísticos, es bastante lucidor.
En la puja de la subasta del desastre, la “oferta” que arrasó con todas –pero por demagógica e irresponsable- fue la del Frente Ciudadano por México, en el que participan PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Sus dirigentes, en el afán de demostrar que ellos “sí escuchan al pueblo”, salieron con que de una vez se elimine por completo el financiamiento público a los partidos políticos y que éstos sostengan sus actividades a través de las aportaciones de sus militantes y -hay que poner especial atención en esto- de sus simpatizantes.
No faltarán quienes afirmen que se trata de una gran idea. Que ya basta de mantener a la partidocracia, cuyos dirigentes viven como monarcas en un país agobiado por la pobreza. Que se rasquen con sus propias uñas. Y en parte no les falta razón. La propuesta –en apariencia- atiende algo que sí es un reclamo social: detener el derroche electoral, que para el año próximo se calculó, antes de los sismos, en una cifra que ronda los 12 mil millones de pesos.
Como todas las proclamas pretendidamente justicieras, ésta arrancó los aplausos del graderío de las redes, que la exaltó como una “victoria” del “pueblo”.
Sin embargo, la propuesta –a la que a regañadientes y acusando supuestos “plagios” ya se adhirieron otras fuerzas políticas- es un engaño que podría resultar tremendamente perjudicial para el país.
El financiamiento público al sistema político-electoral y a los partidos tiene su origen en las reformas electorales de 1990 y 1996. El objetivo era crear un andamiaje institucional ciudadanizado que brindara confianza y certeza, para que no fuera el mismo Ejecutivo quien organizara directamente los comicios, como sucedía entonces.
También se buscaba reducir la enorme brecha de inequidad en el gasto en campañas que hacía prácticamente imposible el arribo al poder de fuerzas políticas distintas a la que gobernaba de manera hegemónica en esos años. Y con todos sus fallos y vicios, es un sistema que ha funcionado, pues ahora existe alternancia partidista en los distintos niveles de gobierno. Su eficacia, es materia de otro análisis.
Desaparecer de tajo el financiamiento público –en lugar de reducirlo bajo reglas claras, equitativas y transparentes- significaría un retroceso de casi 30 años. Por un lado, privilegiaría a los partidos con las estructuras más grandes y con acceso a presupuestos gubernamentales, que serían los únicos con capacidad de sufragar el costo de una campaña política en condiciones de competencia.
Por otro lado, se abriría de par en par la puerta para la privatización absoluta de la actividad política. Los partidos y candidatos se verían supeditados al dinero y, por ende, a los intereses de los capitales privados, de los “simpatizantes” que los financien, quedando reducida a su mínima expresión su función como entidades de interés público, para en cambio convertirse, en los hechos, en meros representantes de corporaciones nacionales y transnacionales.
E incluso, del crimen organizado, que también tiene dinero en abundancia para invertir en política.
¿Que eso ya ocurre? Por supuesto, imposible negarlo. ¿Pero porque ocurre es mejor resignarse y dejar pasar, en abierto y sin restricciones? No, definitivamente no.
La propuesta del Frente Ciudadano por México –instigada por el dirigente de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado Rannauro- además implicaría una reforma constitucional, que cualquiera que tenga nociones mínimas de derecho sabe que sería inaplicable para el proceso electoral de 2018, pues éste comenzó desde el pasado 8 de septiembre y cualquier enmienda legal que lo afecte tiene que aprobarse por lo menos con tres meses de anterioridad a su puesta en marcha. Surtiría efectos prácticos hasta las elecciones intermedias de 2021.
Y en cuanto a las tareas de reconstrucción, los líderes partidistas prefieren no mencionar que son sus representantes en el Congreso de la Unión los que tienen la potestad de redirigir hacia ese propósito el gasto público –de los partidos y del gobierno en general- en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2018, que está en proceso de deliberación. Empero, aunque ese dinero aún no ha sido asignado, los políticos ya disponen del mismo, anunciando “donaciones” o “renuncias” a recursos que no les han autorizado y que ni siquiera son de ellos.
Pero para efectos de la gran farsa del dinero electoral y la “conciencia social” de la clase política, es más conveniente y útil decir que “escuchan al pueblo”. Hay elecciones en puerta.
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