Por Alejandra del Río
México llegó a un momento histórico cuando Claudia Sheinbaum se convirtió en la primera mujer presidenta del país. Durante décadas el movimiento feminista luchó para abrir las puertas del poder político a las mujeres. Ese techo de cristal finalmente se rompió.
Pero hoy, a un año y medio del inicio de su gobierno, una pregunta comienza a recorrer las calles, las marchas del 8 de marzo y los colectivos de víctimas:
¿De qué sirve tener una presidenta mujer si la agenda de género sigue siendo ignorada?
El problema no es simbólico. Es profundamente político.
Y los errores acumulados del nuevo gobierno en materia de género empiezan a dibujar una paradoja histórica: el primer gobierno encabezado por una mujer podría terminar siendo uno de los más distantes con el movimiento feminista en México.
El episodio más revelador ocurrió con las madres buscadoras, esas mujeres que han tenido que convertirse en investigadoras, forenses improvisadas y excavadoras para encontrar a sus hijos desaparecidos ante la incapacidad del Estado.
En lugar de abrirles las puertas del poder, el gobierno optó por mantener distancia.
No recibirlas, no escucharlas directamente y no construir un diálogo político con quienes representan una de las tragedias humanitarias más profundas del país fue mucho más que un error de protocolo: fue una señal de desconexión absoluta con el dolor de miles de familias.
En un país con más de 110,000 personas desaparecidas, ignorar a las madres buscadoras es ignorar la herida más abierta de México.
Otro de los puntos más controvertidos ha sido la manera en que el gobierno ha intentado maquillar las cifras de feminicidio.
La discusión se ha desplazado hacia tecnicismos estadísticos: si un asesinato fue tipificado como feminicidio o como homicidio doloso, si los registros son comparables, si los datos pueden interpretarse de otra manera.
Pero detrás de ese debate burocrático hay una realidad brutal: las mujeres siguen siendo asesinadas en México todos los días.
Cuando un gobierno se concentra más en discutir la clasificación de los delitos que en frenar la violencia, el mensaje que recibe la sociedad es devastador. No parece haber urgencia.
El problema de fondo es más profundo, el feminismo que incomoda al poder —el de las marchas, los colectivos, las víctimas, las madres buscadoras— sigue siendo visto con recelo desde el gobierno, como enemigo.
Lejos de aprovechar la ventaja estratégica que daba a su gobierno ser mujer, la Presidenta Sheinbaum retomó integras las politicas del Obradorato, olvidó las demandas que le hicimos las mujeres y que prometió atender en su campaña y dió vuelta a la página.
Ese conflicto ya había comenzado durante el sexenio anterior, cuando el movimiento feminista se convirtió en uno de los principales críticos del poder.
Las mujeres esperabamos de Sheinbaum introdujera un necesario cambio de actitud. Simplemente esto no ocurrió.
La distancia entre el gobierno y el feminismo social no se ha reducido; en muchos sentidos, se ha normalizado.
A esta tensión política se suma otro problema que rara vez aparece en los discursos oficiales: el debilitamiento de políticas públicas destinadas a proteger a las mujeres.
Durante los últimos años se han recortado o eliminado programas clave, incluyendo apoyos a refugios para mujeres víctimas de violencia, fondos para organizaciones civiles y mecanismos de protección que durante décadas fueron construidos con presión social.
La narrativa oficial insiste en que los programas sociales sustituyen esas políticas.
Pero la violencia de género no se combate únicamente con transferencias económicas.
Se combate con instituciones, refugios, fiscalías especializadas y políticas públicas específicas.
Las carreras de las mujeres que trabajan no pueden avanzar sin un sistema nacional de cuidados establecido, sin escuelas de tiempo completo, sin el suficiente número de guarderias, sin paridad salarial, sin una agenda femenina proactiva en el Congreso de la Unión.
La llegada de una mujer a la presidencia representaba una oportunidad histórica para redefinir la relación entre el Estado y el movimiento feminista.
Era la posibilidad de construir una agenda real contra la violencia de género, la impunidad y la desigualdad estructural que viven millones de mexicanas.
Pero hasta ahora, nos sigue quedando a deber, el discurso de “Llegamos todas” No Sra. Presidenta… no llegaron las desaparecidas, las asesinadas, las cooptadas por el crimen organizado, las miles de mujeres que por falta de oportunidades han tenido que regresar a la economía informal en su gobierno, no llegaron las mujeres que tenían años en el servicio judicial y que usted desalojó de los juzgados para tener un poder judicial a modo, las que no aparecieron en los acordeones aunque tenían carreras intachables y ahora les niegan hasta sus pensiones, no llegaron las madres de los niños con cáncer a las que les negaron no solo las medicinas para sus hijos, también el derecho a ser escuchadas, no llegaron tantas que murieron en el intento y que usted hoy no reconoce en su estadística, no llegaron las madres que gracias a que el estado no ha encontrado y nisiquiera admite la desaparición de sus hijos, tuvieron que salir a excavar con sus propias manos las tumbas de los hijos de otras madres…no llegaron muchas a las que este 8M les pasamos lista y las hicimos parte de la injusta historia de este país diseñado para el discurso de “Aquí no pasa nada”, pero desgarrado en la realidad hasta la medula por la indeferencia de quienes como usted gobiernan.
El feminismo institucional se ha reducido a discursos, conmemoraciones y símbolos, mientras las demandas más urgentes siguen sin respuesta.
En este Mes de la Mujer, recordemos que la reivindicación de las mujeres no se mide por quién ocupa el cargo más alto del gobierno, ni siquiera por si hay o no paridad de género. Se mide por algo mucho más sencillo y mucho más exigente: la capacidad del Estado para dar seguridad y proteger la vida de las mujeres que hoy viven el México mas inseguro de nuestra historia.
