CIUDAD DE MÉXICO, 26 de octubre (AlmomentoMX).- El Ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, afirmó que la falta de investigación y persecución de los delitos por la autoridad ministerial deja en la impunidad los ataques contra policías, lo que podría violar los derechos humanos de esas personas al negarles su derecho de acceso a la impartición de justicia.
Al atestiguar la presentación del Informe Preliminar de la Consulta Nacional sobre el Modelo de Procuración de Justicia, elaborado por el CIDE, INACIPE y el IIJ de la UNAM, González Pérez subrayó que pretender encontrar en la defensa y protección de los derechos humanos la causa última de la inseguridad y de la impunidad en el país es un falso debate, ya que son posibles y compatibles la observancia del Estado de Derecho y la prevención y persecución efectiva de los delitos con el respeto a los derechos fundamentales. Y enfatizó: “La defensa de los derechos humanos no promueve el incumplimiento de la ley o que la misma sea objeto de negociación. Por el contrario, sólo en el marco de la ley los derechos humanos se pueden materializar y ser vigentes”
De igual manera, destacó que también viola los derechos fundamentales de los elementos policiales quien los manda a operativos sin entrenamiento y capacitación suficiente, los coloca en situación de riesgo por no contar con equipo y apoyo adecuados, los hace participar en acciones deficientemente planeadas y organizadas y no ejerce mando efectivo y adecuado, propiciando que incurran en excesos en su actuación frente a terceros.
Destacó que todas las personas tienen derechos humanos, sean autoridades o particulares, y de conformidad con nuestro sistema jurídico sólo las autoridades pueden violar derechos humanos, mientras que cuando un particular agravia a una persona comete delito, cuya persecución y sanción corresponde a la autoridad ministerial y, en última instancia, al Poder Judicial.
González Pérez se pronunció por mejorar las condiciones laborales y propiciar la construcción de policías eminentemente civiles y con desempeño regido sobre las bases de un mandato claro, sistema de carrera profesional con los derechos adecuados a la delicada función que realizan y muchos mecanismos de control internos y externos. Dijo que se requiere la supervisión externa de las policías federales y locales, que cuenten con un consejo ciudadano de vigilancia que incluya la investigación de las conductas de los elementos, la revisión de investigaciones internas, así como evaluación y monitoreo permanente del desempeño.
Asimismo, reiteró la conveniencia de que se lleve a cabo un análisis y debate serio, objetivo, plural, informado y respetuoso sobre la materia de seguridad y justicia en México, con una visión integral que aborde los problemas de fondo que actualmente padece nuestro país. En este sentido – señaló – el Informe Preliminar constituye un insumo útil que encauza esta reflexión por la vía correcta.
El mencionado Informe Preliminar, que fue presentado por Sergio López Ayón, Director General del CIDE, quien estuvo acompañado por Mónica González Contró, Abogada General de la UNAM; Pedro Salazar Ugarte, Director del IIJ de esa casa de estudios; Gerardo Laveaga, Director General del INACIPE, y María Amparo Casar, investigadora; confirma que los sistemas de seguridad pública y procuración de justicia enfrentan grave crisis y que la confianza ciudadana hacia las instituciones que operan estos sistemas es muy baja, debido a la corrupción, ausencia de imparcialidad, violaciones de derechos humanos y deficiencias en la gestión al interior de las procuradurías.
La citada Consulta contó con la participación de 170 expertos, Barras y Colegios de Abogados del país, universidades públicas y privadas, la CONAGO, el INE y la Conferencia Nacional de Seguridad Pública.
AM.MX/fm
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