Absolutamente todos aquellos propósitos, deseos y promesas efectuadas en campaña electoral por nuestro Presidente el Lic. Andrés Manuel López Obrador, al parecer y hasta el día de hoy marchan a trancas y barrancas, para desgracia de nuestro México existen ciertos pendientes que es indispensable eliminar Ipso Facto, para no dejar expedientes abiertos y, así, dar el primer paso en la búsqueda de lograr la consolidación de una verdadera democracia, como la prometida y comprometida por ésta Cuarta Transformación de la República.
En todo México se sabe que quienes antecedieron en el cargo al Primer Magistrado de la Nación y, gobernaron verdaderamente en todos los confines de la Patria, lo fueron los barones de la delincuencia organizada, quienes por la corrupción que infiltraron en el ámbito de procuración e impartición de justicia, comprando jueces, magistrados, agentes del ministerio público, fiscales y procuradores, hicieron de las suyas y prostituyeron hasta la médula las Instituciones de la República encargadas de la procuración e impartición de Justicia, al grado que en la actualidad ya nadie confía en ellas.
El problema no es reciente, data de décadas, al grado que en cierto momento quien fuera Presidente de la República Ernesto Zedillo Ponce De León, con dejo de lamentación expresó “El poder del narcotráfico se infiltró en nuestras Instituciones de Procuración de Justicia” y nadie, absolutamente nadie movió un dedo, ni una voluntad política para saber quién o quiénes habían sido los responsables verdaderos de la prostitución y degradación de nuestros recintos. Procuradores pasaron y algunos mancharon sus togas, pero nadie hizo nada al respecto. Ninguno combatió frontalmente la corrupción y el resultado ahí lo tenemos latente y vigente, consecuentemente con ello el tamaño y el Poder del Estado se ha visto menguado y superado por el poder del narcotráfico y el incremento a la delincuencia organizada.
La falta de credibilidad propiciada por la corrupción que impera en nuestro ámbito de procuración e impartición de justicia fomentó lesivas consecuencias y dio génesis a la impunidad. Debido a éste lamentable desplazamiento del Poder Político asociado con el Poder del Narcotráfico se creó una figura antaño no conocida en México, la figura de la narcopolítica, la cuál como se sabe, hasta la fecha no ha sido cabalmente combatida, no obstante de existir denuncias seriamente formuladas por el Foro Independiente de la República que puso el dedo en la llaga y reitero no obstante ello, jamás fueron investigados de manera seria e imparcial. No bastó que dos valientes Jueces de Distrito lo solicitaran con los cánones legales adecuados para ello. Algunos servidores públicos metieron mano en las caletas de los capos y con ello pusieron en venta nuestra Soberanía Nacional que únicamente es propiedad de nosotros el pueblo.
Nuestro Primer Magistrado de la Nación Andrés Manuel López Obrador, porta la toga que le impuso el voto popular y debe intentar desde ya sanear nuestras instituciones, nuestros recintos de procuración e impartición de justicia, sin titubeos, con el respaldo del voto popular con los tamaños de varón que caracterizan al pueblo de México y del cual carecieran sus antecesores. Una toga llamada a decidir los destinos de la Patria jamás debe titubear, estaríamos apañados en el porvenir de nuestras libertades si los pliegues de esa toga, que es la que nos representa, se arrugara por miedo a la verdad.
Sus promesas en campaña, sus palabras ahora deben buscar una prioridad: cárcel a los corruptos, sentarlos en el banquillo de los acusados es prioritario para sanear nuestros recintos, es indispensable para sus prioridades dadas a conocer en sus conferencias matutinas llevadas a cabo en el patio de honor de Palacio Nacional, a Contrario Sensu su gobierno, sus relaciones internacionales, la seguridad, el desarrollo económico, el desarrollo social, las comunicaciones, la obra pública, la energía estarán a expensas de un menguado Estado de Derecho.
Es ahí donde se requiere la voluntad política de la toga de Primer Magistrado de la Nación, para poner orden en nuestros recintos de justicia, para posteriormente ejercer el poder político de gobernar y satisfacer cumpliendo las expectativas fincadas en sus promesas electorales, pues a Contrario Sensu las togas, las manos sucias de jueces, magistrados, agentes del ministerio público y fiscales continuarían manchando y entorpeciendo a nuestra Justicia y con ello el destino de éste sagrado suelo de nombre México y facilitando las traiciones a nuestras leyes, a la justicia, a nuestras instituciones de procurarla e impartirla.
Las promesas de campaña deben de marchar a velocidad de la luz, pero permanecen asuntos pendientes relacionados con el tópico de la corrupción que es indispensable sanear, para no dejar expedientes abiertos y, así, dar inicio en el camino de la justicia que nuestra Patria requiere, sin concederle gracia alguna a la corrupción, a la que hay que someter a las exigencias de la justicia.
Toda la Nación sabe que cualquier fenómeno de corrupción es indignante, pero los fenómenos de corrupción en el ámbito de procuración e impartición de justicia son vergonzosos e intolerables, la justicia es el primordial pilar de la soberanía del estado, en su ámbito se ejerce el control y constitucionalidad de las leyes y de los actos de autoridad, por ello resulta imprescindible que los funcionarios que procuran e imparten justicia honren la toga que se les impone, que la porten con decoro para enaltecer la función que representan, a fin de contribuir con ello al enaltecimiento de tan digna virtud, por desgracia no siempre acontece así, existen fenómenos de corrupción vergonzosos e intolerables, como todos aquellos que día a día nos hace saber la prensa libre y, los cuales pasan desapercibidos para aquellos que tienen la misión constitucional de combatirla y no hacen nada para ello.
Resulta obvio que para alcanzar el nivel de justicia que México merece, lo primero que debe de quedar satisfecho por razón puramente lógica jurídica, es el interés que el Estado debe de denotar para combatir de manera íntegra a la narcopolítica que tanto daño causó a ésta República en la época del neoliberalismo y, consecuentemente en su momento, aplicar estrictamente el contenido de nuestro Código Penal, es decir, que se sancione de manera efectiva a los responsables de tal engendro jurídico. Equivale a que el C. Fiscal Genera de la República Alejandro Gertz Manero, indague la existencia de la conducta típica denunciada por la Abogacía independiente de la República en contra de aquél bastardo del derecho que se atrevió a crear alianzas con el narcotrafico.
Por eso resulta indispensable que la autoridad investigadora del conocimiento se centre en vincular de forma causal la conducta y el resultado típico, porque lo típico es relevante debido a la conducta perpetrada en contra de la justicia. Es por ello que una vez más, se viene a insistir en la reapertura del caso de Tlalixcoyan, toda vez que el Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, cuenta con elementos de convicción para fincarle responsabilidad a Ignacio Morales Lechuga, mismos que fueron obtenidos a raíz de las expresiones vertidas por Joaquín Guzmán Loera alias “El Chapo”, quien textualmente refirió que tal sujeto era protector del narcotráfico.
Lic. Alberto Woolrich Ortíz
Presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio de Abogados de México. A.C.
