Por Aurelio Contreras Moreno
Al presentar la mañana de este jueves el reportaje en el que se evidencian desvíos por más de 41 millones de pesos en Sistema Integral para el Desarrollo Integral de la Familia del estado de Veracruz durante el año 2011, el periodista Carlos Loret de Mola hizo una pertinente puntualización: la ex presidenta de ese organismo, Karime Macías Tubilla, es “la única integrante del grupo señalado como responsable del quebranto millonario a las finanzas de Veracruz, que no tiene una investigación en su contra”.
De hecho, si alguien goza –literalmente- de su libertad sin problema alguno con la justicia es la esposa del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa, quien desde el pasado mes de abril se fue a vivir a Europa junto con sus hijos, y según ha trascendido se estableció en la ciudad de Londres, Inglaterra, cuyo nivel de vida es uno de los más costosos del mundo.
¿Cómo ha hecho Karime Macías para evadir la acción de la justicia, si fue uno de los principales artífices de los manejos sucios del dinero público que manejó la administración de su esposo? Hay varias razones a considerar.
Una, y bastante relevante, es que ella no era funcionaria. El cargo de Presidenta del DIF estatal es honorario. Por ende, aunque sí tomaba decisiones, que incluso iban más allá de su encargo en esa institución de asistencia pública y que tuvieron una trascendencia –negativa, por lo general- muy importante, Karime Macías no firmó nada.
Como se señala en el reportaje presentado en Televisa, quienes cargan con la responsabilidad de la contratación de las empresas “fantasma” y demás irregularidades detectadas en el DIF y en otras dependencias del gobierno estatal durante el sexenio duartista, son quienes ocuparon los puestos administrativos con la atribución legal para la toma de decisiones.
Por ello es que quienes aparecen como indiciados ante la Fiscalía General del Estado en este caso particular son Tarek Abdalá Saad, quien fungía como tesorero del DIF; Astrid Elías Mansur, quien primero fue directora de Atención a Grupos Vulnerables y luego titular del organismo; e incluso Juan Antonio Nemi Dib, quien fue el primer director del propio DIF y que durante la pieza periodística precisó que le fueron retiradas las atribuciones para hacer contrataciones, por lo cual se deslindó de las mismas.
Sin embargo, hay evidencias de que Karime Macías participó en la toma de ésas y muchas otras decisiones durante el gobierno de su esposo, hoy preso en una cárcel guatemalteca, por lo que no podría eludir su responsabilidad, como no pudo hacerlo el propio Javier Duarte, a pesar de que en los desvíos de recursos que configuran los delitos de peculado y delincuencia organizada que se le imputan, tampoco habría firmado nada directamente.
Como en otros casos de ex funcionarios duartistas, lo que queda es el tufo de un acuerdo subrepticio e inconfesable para garantizar la impunidad de Karime Macías, y que fue evidente desde la detención misma de su marido en Guatemala. A pesar de haber ingresado a ese país de manera ilegal y con pasaportes falsos, mientras él fue a dar a prisión, a ella no sólo no la deportaron por su estancia fuera de la ley, sino que le permitieron viajar junto con sus hijos, primero a Colombia y después a Europa, donde ahora se da la gran vida, a costa de la desgracia de los veracruzanos, de la cuál ella fue parte fundamental.
¿Qué y con quién negoció la intocable Karime?
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