CIUDAD DE MÉXICO, 22 de enero (AlmomentoMX).- Frente a las ventajas fiscales y
legislativas que la industria minera tiene en México dentro de los acuerdos del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el gobierno federal ha puesto a
discusión una iniciativa para modificar el marco legal de dicho sector, con el
fin de cubrir los huecos existentes en la reciente negociación del TLCAN,
aseguró la doctora Aleida Azamar Alonso, investigadora de la Universidad
Autónoma Metropolitana (UAM).
La ausencia de un Estado fuerte ha generado prácticas poco éticas
o ilegales, al ocultarse la situación fiscal de más de 40 por ciento de los
concesionarios mineros, lo cual no sucede en Estados Unidos ni en Canadá,
señala la profesora del Departamento de Producción Económica de la Unidad
Xochimilco en el artículo Minería mexicana ante el TLCAN 2.0 ¿cambios
positivos?
El nuevo acuerdo alcanzado en octubre de 2018 y denominado
United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA) está enfocado en modificar las
reglas de operación comercial de la industria automotriz trilateral, pero deja
de lado la explotación medioambiental y, en particular, en cuanto a la minería,
entre otros aspectos.
Con base en la propuesta del gobierno mexicano, se busca
fortalecer los mecanismos de redistribución y exigencia a los titulares de las
concesiones mineras para que inviertan en el desarrollo local donde realizan
sus actividades productivas, así como establecer pautas para garantizar que
toda operación se dé dentro de los parámetros de la sustentabilidad y el
respeto a la autonomía de las comunidades indígenas.
Además prevé facultar al Servicio Geológico Mexicano para
que realice estudios de impacto social en futuras concesiones y dar
herramientas a la Secretaría de Economía para que cancele concesiones que
entren en conflicto con los principios de bienestar socioambiental.
Dicho sector ha ofrecido pocos beneficios económicos y
sociales para el país, aun cuando obtiene ingresos abultados para las compañías
de las tres naciones, por lo que la renegociación del tratado fue continuista y
evitó afectar a los empresarios.
En primer lugar los permisos de concesión en México otorgan
el derecho a la exploración y la explotación, mientras que en los otros dos
países son diferenciados o se encuentran regulados por múltiples reglas que van
desde la competencia privada en el escenario estadounidense hasta el sistema
disímil de ingreso canadiense.
Las exigencias mexicanas para obtener el permiso son mínimas
y no están homologadas, por lo que cada estado puede imponer o disminuir los
requerimientos, además de que las concesiones no tienen una extensión máxima y
el tiempo de duración es de 50 años, prorrogable por 50 años más, mientras que
la renta de éstas se congela en el año 11.
En Estados Unidos las concesiones son indefinidas, pero se
pagan derechos por cada 20 hectáreas que aumentan cada año sin tener un tope
específico y en Canadá la situación es parecida, pues cada 8.4 hectáreas
representa un solo permiso que puede durar de cuatro a 24 años, el cual puede
cambiar el pago sin congelarlo en ningún momento.
Por otra parte la Ley Minera en México otorga a esta
actividad la característica de beneficio público, lo que facilita a la
industria tener preferencia sobre cualquier otra a excepción de la extracción
de hidrocarburos o la generación de electricidad, afectando los proyectos
agrícolas de comunidades campesinas e indígenas, en cambio en Canadá y Estados
Unidos existen algunos mecanismos legales que disminuyen el impacto social de
la minería, sin llegar a eliminarlo por completo.
Azamar Alonso asegura que es un hecho que el USMCA va a
utilizarse como una herramienta para proteger a las empresas extranjeras que se
han adueñado de gran parte del territorio para su aprovechamiento, por lo cual
resulta útil el debate legislativo que tenga como centro la cantidad enorme de
privilegios de este sector productivo, pero aún hay elementos pendientes que el
gobierno debe retomar.
AM.MX/fm
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