Astrolabio Político
Por: Luis Ramírez Baqueiro
“No es vergonzoso cambiar de opinión: es vergonzoso cambiar de opinión por interés”. – Víctor Hugo.
La detención del alcalde de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro, junto con tres funcionarios municipales, anunciada esta mañana por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, no es un hecho aislado ni anecdótico. Es, en realidad, una señal política y un mensaje de Estado: la estrategia de seguridad del Gobierno Federal no distingue colores partidistas cuando se trata de enfrentar a la delincuencia organizada y a sus redes de complicidad institucional.
Más allá del impacto mediático inmediato, este episodio confirma algo que durante años muchos se negaron a reconocer —y otros tantos prefirieron minimizar—: el crimen organizado no sólo disputa territorios, también ha logrado infiltrar partidos políticos, campañas electorales y administraciones públicas de todos los niveles. La diferencia hoy es que el discurso oficial ya no se queda en la negación cómoda, sino que comienza a traducirse en acciones concretas.
El mensaje es claro: la justicia llega y alcanza a quien tenga que alcanzar, sin importar su procedencia partidista, su cargo o su utilidad electoral. Y eso, en un país históricamente acostumbrado a la impunidad selectiva, no es menor.
Este caso abre inevitablemente la puerta a la reflexión sobre Veracruz, una entidad que durante los procesos electorales recientes fue señalada con insistencia por la evidente infiltración de la delincuencia organizada en diversas regiones. No se trató de rumores ni de “campañas negras”, sino de realidades que se manifestaron con nombres, apellidos y antecedentes judiciales.
Los casos más emblemáticos se concentraron, sin demasiados matices, en el partido Movimiento Ciudadano, que en su voracidad electoral abrió sus registros y candidaturas a personajes con claros y documentados vínculos delincuenciales. La lógica fue tan pragmática como peligrosa: que cada aspirante financiara su propia campaña y, en caso de ganar, “compartiera” los beneficios que el cargo permitiera generar.
Ahí están los ejemplos. Poza Rica, como un primer aviso. Y más crudamente el sur del estado, donde municipios como Jáltipan y Las Choapas terminaron gobernados por ediles con expedientes abiertos, delitos tipificados y carpetas debidamente integradas por la propia Fiscalía General del Estado. Nadie explicó nunca cómo ni por qué esos perfiles fueron considerados “idóneos” para gobernar. Nadie asumió responsabilidad política. Nadie pidió disculpas.
Frente a este escenario, resulta fundamental subrayar una verdad incómoda para muchos: ni la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ni la gobernadora Rocío Nahle García empatan —mucho menos simpatizan— con personajes de trayectorias opacas, nexos inconfesables o aromas evidentes de delincuencia organizada. Su postura ha sido consistente: no hay espacio para pactos oscuros ni para simulaciones políticas que comprometan al Estado.
Sin embargo, una parte de la prensa crítica mexicana parece no reparar en ello. Prefiere seguir construyendo narrativas de sospecha selectiva, erigirse como faro de una verdad falaz y repetir los mismos lugares comunes de siempre, incluso cuando los hechos los contradicen. No cuestionan la infiltración criminal cuando conviene políticamente callarla, pero gritan “autoritarismo” cuando la ley comienza a aplicarse.
La detención del alcalde de Tequila no es un escándalo más para el consumo rápido. Es una advertencia. Es el recordatorio de que la política dejó de ser un escudo automático frente a la justicia. Y también es una oportunidad —quizá la última— para que partidos, dirigentes y opinadores decidan de qué lado quieren estar.
Porque al final, la delincuencia organizada no sólo corrompe gobiernos: también desnuda complicidades, silencios y miserias.
Y eso, aunque a muchos les incomode, ya no se puede seguir ocultando.
Al tiempo.
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