En la depravación general de la política y la lamentable gobernanza de la Cuarta Transformación de la Nación, la justicia y la probidad tienen millones de partidarios. Este genuino y liberal impulso, que siempre ha sido característico de los mexicanos patriotas y de la abogacía independiente, se ha despertado con el ruido causado por una abominable Reforma Judicial que pretende mancillar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ese encendimiento y encabronamiento se ha avivado ante la demagogia de Andrés Manuel López Obrador y la posición de dignidad del Poder Judicial Federal.
Los argumentos y fundamentos poderosos de la abogacía han dado lugar a proteger a nuestro Estado de Derecho, es decir a la justicia, al Pacto Federal, que se regocijan de ver tanto afecto y tan virilmente expuesto. ¿Será acaso a los ojos del buen Derecho una razón para ponernos en guardia contra una indignidad más de Andrés Manuel López Obrador?. ¿Será que la defensa de la verdad lo justifica?. ¡No señores gobernantes!, es una defensa y una lucha por el honor y el interés común de nuestro México!.
El Poder Judicial Federal y la abogacía independiente de la República hoy se han entregado a la tesis que defiende como verdadera causa, que lo es, el respeto irrestricto a nuestra Carta Magna.
La prioridad de la Constitución Mexicana de 1917 en el establecimiento sistemático de derechos fundamentales de integración social, amén de ser reconocida por los más ilustres catedráticos del hoy y del ayer, se encuentra muy por encima de las tropelías, ocurrencias e injusticias del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Para justificar la defensa del Poder Judicial Federal es necesario remontarnos al pensar de algunos doctos.
Javier Olea Muñoz, abogado postulante y político de excepción, en su momento dijo: “México es, la Nación que marcha a la vanguardia de los derechos sociales en relación con la justicia…” “Como podrá observarse, la Constitución de México es la más avanzada en lo que respecta a la “Separación de Poderes”. “Ninguna otra Constitución del mundo consignó entre sus normas tales avances y es por ello que constituye una revolución en el derecho, la cual tiene que ser defendida siempre con base en la propia ley”.
Ricardo Franco Guzmán, litigante y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México por setenta décadas y cuya opinión reconoce la prioridad de la Constitución, dijo: “Las disposiciones jurídicas y garantías consagradas en la Carta de Carranza, son una característica de una ley eminentemente democrática, la Constitución Mexicana afirma una tendencia netamente protectora de nuestro Estado de Derecho”.
Salvador Mondragón Guerra, quien fuera un ministro fuera de serie de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también refirió: “Reconozco la superioridad de nuestra Constitución sobre los decires del Poder Ejecutivo, en lo concerniente al respeto del Estado de Derecho, a pesar de los peros que el Ejecutivo anteponga”.
Por ello y para ello, las voces del Poder Judicial Federal y la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, no se van a silenciar en la tempestad causada por esa torpeza jurídica contenida en esa tal Reforma Judicial.
Es cuánto.
Lic. Alberto Woolrich Ortíz.
Presidente de la Academia de Derecho Penal
del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C..
