MÉRIDA, YUCATÁN.- La mafia ejido-inmobiliaria de Yucatán se convierte en la principal fuente de lavado de dinero, en la cual el polémico abogado Rafael Acosta Solís asesora a supuestos empresarios e inversionistas de diversos estados para invertir en lotes de gran plusvalía, distribuidos en diversos municipios de la entidad.
Con base a los documentos en propiedad de Sol Yucatán, hay al menos 11 “desarrolladores de proyectos de inversión” que ya cuentan con sus respectivas escrituras públicas, correspondientes a solares, ejidos, predios rústicos y urbanos, ubicados en Dzidzantún, Hunucmá, Ixil, Motul y Mérida, principalmente.
De acuerdo con Sol Yucatán, la ambición de Acosta Solís es tal que ha defraudado a más de 50 ejidos del Estado, por lo que se ha convertido en propietario de cientos de hectáreas, al mismo tiempo ha permitido que sus clientes sean dueños de terrenos, los cuales fueron comprados a bajo costo y revendidos en millonarias cantidades de dinero.
Ante el éxito obtenido con la manipulación de la Ley, ahora trabaja para un grupo de personas, provenientes de diversas entidades federativas, quienes se dedican a despojar de sus tierras y patrimonios a ejidatarios yucatecos y sus familias.
Acosta Solís, quien abandonó la política para incorporarse de lleno a la mafia ejido-inmobiliaria, asesora a supuestos empresarios de Campeche Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Tamaulipas y Yucatán.
Entre ellos destacan Elías Peláez León, Germán Parra Saavedra, Jorge Arturo Flota Calvo, Herácleo Rueda de León, Daniel Campos Agüero, Adán Ordaz Azueta, Genaro Castillo Bolio, Alejandro Escoffié, Juan Enrique Ayala Núñez, Julio César López, y Patrocinio Consuegra Lau.
Los supuestos “inversionistas” no generan empleos, no aportan beneficios al estado y mucho menos pagan impuestos, además que el dinero es mal habido, por lo que es el lavado de dinero perfecto.
Es decir, sólo vienen a delinquir al Estado, asesorados jurídicamente por Acosta Solís, por lo que utilizan recursos de procedencia ilícita que traen de los diferentes estados de los cuales provienen cada uno de ellos.
Cabe destacar que estos individuos viven en las mejores zonas y privadas del Norte de la ciudad capital, usan vehículos de lujo, frecuentan los mejores restaurantes de Mérida, e incluso, asisten a misas dominicales y comulgan, todo ello para que la sociedad yucateca los vea.
Todos ellos cometen los mismos delitos en los ejidos donde han adquirido sus propiedades: amenazas, secuestros, intentos de homicidios, acoso y hostigamiento, e incluso, terrorismo judicial, fabricando sin fundamento carpetas de investigación.
Además de sobornar y obstruir mediante cualquier recurso e incluso se valen de amparos, imparten justicia por su propia mano, dilatan y enredan expedientes, tanto de la Fiscalía General del Estado (FGE), así como de los Tribunales Civiles y Familiares.
El ex militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) siempre está al servicio del que pague más, por lo que es increíble que a este delincuente se le permita litigar en las diferentes dependencias del Poder Judicial del Estado, pues está acostumbrado a hostigar, intimidar y amenazar a sus contrapartes.
A pesar de las numerosas denuncias en su contra, aún mantiene vigente su cédula profesional, por lo que es un delincuente de cuello blanco, y no le importa destruir patrimonios y familias completas.
El caso de Samahil y Hunucmá
Ejidatarios de Samahil que se resisten a la venta de mil 700 hectáreas a favor de Acosta Solís, denunciaron que les ofrecieron 68 millones de pesos por esas tierras, motivo por el cual acudieron a las oficinas del Registro Agrario Nacional (RAN) para solicitar que las actas correspondientes a cuatro asambleas no sean inscritas ante esa instancia.
El secretario del ejido de Samahil, Lorenzo Canché Balam, denunció las arbitrariedades de Acosta Solís, quien en menos de 24 horas pasó de ser un empresario a ejidatario.
Acompañado de integrantes del Frente Campesino en Defensa de la Tierra y de la Vida, acudió a las oficinas del RAN, explicó que la millonaria cantidad fue repartida entre los 305 ejidatarios, a quienes les correspondió 37 mil pesos, por lo que el metro cuadrado se vendió en cuatro pesos.
El comisario de ese núcleo promovió en un tiempo récord diferentes diligencias para que el empresario pudiera adueñarse de sus tierras, con el pretexto de crear un parque industrial en las mil 700 hectáreas que ya fueron vendidas.
Durante el evento, al especulador de tierras primeramente se le admitió como avecindado, para que pueda tener derecho a comprar y luego lo aceptaron como ejidatario.
Posteriormente, le dieron permiso para que topografíe el terreno que ahí compró y luego para que se pudiera hacer el cambio de uso de destino, todo ello en tan sólo un sólo día.
Indicó que la problemática se ha agravado porque casi la totalidad del ejido está de acuerdo con lo ofertado por Acosta Solís, sin importar dejar en manos de un particular el futuro de sus hijos al no poder heredarles tierras para hacerlas producir.
Lorenzo Canché se convirtió, junto con seis ejidatarios más, en las únicas personas que defienden de manera digna su patrimonio, por lo que solicitó a las autoridades no dejarlos en el desamparo.
En 2017, la asamblea ejidal de Hunucmá destituyó a Acosta Solís como asesor del ejido de este municipio y al Consejo de Vigilancia que presidía Jorge Alonso Ek Uicab, hermano del exsecretario ejidal Luis.
Los ejidatarios eligieron por unanimidad a Celestino Canul Chac, como presidente del Consejo de Vigilancia.
Unos 400 ejidatarios acudieron a la segunda convocatoria, de modo que se pudo realizar la asamblea, ya que la primera convocatoria no logró el quorum necesario.
Únicamente 35 ejidatarios votaron por la permanencia de Acosta Solís en el Consejo de Vigilancia, formado por Jorge Ek, Audomaro Cob Uc y Aurelio Chay, quienes el 28 de noviembre de 2016 trataron de remover a Pedro Alfonso Tzuc Cetina como comisario ejidal.
Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a bordo de dos camionetas, estuvieron alertas por cualquier alteración del orden, pero no hubo necesidad de que intervengan.
Todo un ladrón
A principios de septiembre de 2019, ejidatarios de Hunucmá denunciaron ante la FGE al exsubprocurador, Rafael Acosta Solís, por robo de dinero en efectivo y documentos, en agravio del señor Wilbert Chuil Quintal.
En un video, fechado el viernes 30 de agosto, se aprecia que Acosta Solís y una asistente se encontraban en las oficinas del Tribunal Unitario Agrario (TUA) número 034 de Mérida, donde tomaron asiento en el área de espera.
Los denunciantes refirieron que el ex funcionario y su acompañante se apoderaron de un bulto con dos mil 625 pesos y actas de asamblea de compra venta de tierras.
La asesora legal del denominado Frente Campesino en Defensa de la Tierra y la Vida, Margarita Plácido Rivero, informó que fue presentada la evidencia en la querella levantada ante el Ministerio Público el mismo día, por lo que se espera que las autoridades judiciales determinen que hubo dolo en la acción y se castigue.
Reconoció que el nuevo sistema de justicia penal conlleva la posibilidad de conciliación y reparación del daño; sin embargo, representaría un antecedente en contra de Acosta Solís, a quien señaló como responsable, junto con un grupo de empresarios, de despojo de tierras a precios ínfimos en cuando menos 10 municipios.
Plácido Rivero mencionó que Acosta Solís está involucrado en operaciones ilegales de compra venta de tierras mediante asambleas amañadas y de usufructuar hasta dos mil hectáreas de tierras a bajo precio, en beneficio de compradores de apellidos Briceño, Millet y Abraham.
Subprocurador de Justicia durante el gobierno de Ivonne Ortega Pacheco y luego asesor en parte del sexenio de Rolando Zapata Bello, Acosta Solís es vinculado en actos arbitrarios para favorecer a inversionistas, según lo expuesto por la abogada.
Wilber Molina Uz, del ejido de Lepan, de Hunucmá, declaró que el ex suprocurador ha consumado compras a precios raquíticos en Samahil, Acanceh, Tecoh, Chocholá e Ixil, entre otros.
“Ha comprado miles de hectáreas, como ocurrió en el caso más reciente en el ejido de Samahil, en donde se apropió de más de dos mil hectáreas.
“Aunque parezca increíble, la asamblea a la que compró con 64 millones de pesos le adjudicó más de dos mil 600 solares, violando lo que dice la ley agraria de que un ejidatario no puede tener más del 5 por ciento de las tierras del ejido”, precisó el quejoso.
Por esos hechos se acudió el pasado 30 de agosto de 2019 al TUA, y “sin escrúpulos de ninguna clase, en compañía de otra persona, robó con toda alevosía la mochila a nuestro compañero Wilbert, en donde tenía sus documentos personales de identificación y el poco dinero que obtiene del fruto de sus tierras, de las que se niega a vender”.
AM.MX/fm
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