Por Aurelio Contreras Moreno
En la zona sur de Veracruz se viven momentos de tensión no solo por la salvaje violencia e inseguridad que la azotan desde hace años, sino por una decisión que podría hundir por completo la economía de toda la región.
El pasado 1 de diciembre, mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador “celebraba” sus dos años en el poder con un mensaje plagado de triunfalismo forzado, medias verdades y mentiras completas, el Centro Nacional de Control de Gas Natural (Cenagas) bloqueó el ingreso de gas natural a la planta Etileno XXI, propiedad de la empresa Braskem-Idesa, filial de la brasileña Odebrecht, la compañía cuyos actos de corrupción de las últimas dos décadas han significado un terremoto para la política en varios países de América Latina.
Más allá de los escándalos de Odebrecht –que en México tienen su punto crítico en los sobornos a Emilio Lozoya que presuntamente fueron a parar a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto-, la planta de Etileno XXI se convirtió en prácticamente la última tabla de salvación para la economía de la región del sur de Veracruz.
Además de la multimillonaria inversión que se efectuó en la construcción de ese complejo industrial ubicado en el municipio de Nanchital, en la actualidad representa la fuente laboral de unas tres mil personas, que en este momento están en serio riesgo de quedarse en la calle ante la decisión unilateral del gobierno lopezobradorista de cortar el suministro de gas, obligando al paro de la planta, además, en condiciones de inseguridad.
En un comunicado, Braskem-Idesa señaló que si bien desde el 30 de noviembre el Cenagas les informó oficialmente que no se renovaría el contrato para transporte y suministro de gas natural con el que opera ese complejo –lo cual ya había adelantado el propio López Obrador que sucedería-, el organismo ignoró la solicitud de la empresa de mantener 48 horas más de suministro reducido para llevar a cabo un paro de operaciones de forma segura, no solo para la infraestructura de la planta, sino para los trabajadores, los habitantes de la zona y el medio ambiente, pues el paro repentino al que se vio obligado Etileno XXI pudo provocar un accidente.
La razón aducida por el gobierno federal para terminar la relación con la empresa es que el contrato con Braskem-Idesa es “leonino” y –para variar- basado en la “corrupción”. Pero lo cierto es que desde que asumió el poder el régimen de la mal llamada “cuarta transformación”, comenzaron los incumplimientos por parte de Petróleos Mexicanos para surtir el gas en los volúmenes acordados, lo que derivó en la aplicación de multas que, también de manera unilateral y arbitraria, el gobierno decidió dejar de pagar.
En su comparecencia ante diputados federales de octubre pasado, el director general de Pemex, el agrónomo tabasqueño Octavio Romero, tuvo el cinismo de declarar, al ser cuestionado sobre las penalizaciones por el incumplimiento de los términos del contrato con Braskem-Idesa, que si bien ésta “contractualmente tiene derecho, moralmente no tiene ninguno. Legalmente a lo mejor les asiste la ley (sic), pero no les asiste la razón, ni la ética ni la moral”.
Con base en ese discurso moralino y pseudorreligioso es que la administración lopezobradorista decidió cortar de tajo su relación con la empresa. Aunque eso está lejos de terminar ahí. Como resulta obvio, Braskem-Idesa informó a sus clientes, proveedores y a la comunidad financiera nacional e internacional que “en cumplimiento de sus responsabilidades fiduciarias y corporativas, debe tomar las acciones que existan en el marco de la ley para la defensa de su derecho y su patrimonio”. Solo viendo los argumentos de una y otra parte, no es difícil prever cuál será el resultado de una querella y quiénes terminaremos pagando –vía nuestros impuestos- los arranques del presidente y sus compinches.
E independientemente de todo lo que hay alrededor de Odebrecht –caso por el que, hay que destacarlo, nadie está en la cárcel en México en este momento. El principal imputado, Emilio Lozoya, goza de la “gracia” de la “4t” por ser un soplón-, la operación de Etileno XXI, como señalamos al principio, es vital para toda la región, pues además de los empleos que genera, incide directamente en el funcionamiento de sus proveedores, así como de un gran número de empresas prestadoras de servicios y turísticas del sur de Veracruz.
Es tan serio lo que sucede que la Cámara de Comercio de Coatzacoalcos pidió a las partes involucradas buscar soluciones inmediatas, pues junto con la derrama económica que sostiene a la zona, está en peligro la producción de etano y, por añadidura, el proyecto del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, uno de los más importantes del sexenio.
Pero conociendo la tozudez y necedad crónica del presidente –junto con su talante autoritario-, no dará marcha atrás. Así termine de destrozar la economía de toda una región. Sus caprichos y prejuicios van siempre por delante de cualquier otra cosa.
Lo más irónico es que justifiquen la arbitrariedad a partir de la “moralidad” y la “ética”, cuando el quebrado Pemex le otorgó contratos por más de 365 millones de pesos a “Litoral Laboratorios”, empresa de Felipa Obrador Olán, prima hermana del presidente Andrés Manuel López Obrador, según investigación del portal Latinus.
La mesiánica hipocresía que arrasa con todo a su paso. Orgullo de su nepotismo, diría otro López.
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