José Alberto Sánchez Nava
“La reforma al artículo 129 constitucional militariza la seguridad y abre la puerta a un futuro donde las Fuerzas Armadas, lejos de proteger la democracia, podrían imponerla bajo el mando de un tirano.”
1.-Introduccion
La reciente reforma constitucional que formaliza la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) marca un punto de inflexión en la historia política y social de México. Lo que comenzó como una fuerza destinada a garantizar la seguridad pública bajo un mando civil, ha terminado por convertirse en una extensión del poder militar, con consecuencias profundas para la vida democrática y la institucionalidad civil del país.
La presidenta electa, Claudia Sheinbaum, comete un grave error al asumir que su condición de autoridad civil es suficiente para preservar el carácter civil de la Guardia Nacional, incluso tras una reforma que claramente la militariza. Al decir que “mientras el presidente sea civil, la Guardia Nacional será civil”, revela una comprensión superficial de la reforma al artículo 129 constitucional, que convierte a este cuerpo en una fuerza militar bajo el mando y fuero de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
La naturaleza de una institución no depende del título o la condición de quien la encabeza, sino de su estructura, atribuciones y marco legal. La reforma que adscribe a la Guardia Nacional a la Sedena y le otorga fuero militar transforma a esta fuerza en un ente militarizado, sin importar que el presidente sea civil. Pensar que una presidencia civil puede contrarrestar este cambio es una peligrosa subestimación de la magnitud de lo que se ha aprobado. La militarización es una realidad que no se anula con discursos, sino con acciones concretas que, hasta ahora, brillan por su ausencia
2.-La militarización de la Guardia Nacional: un retroceso para la democracia
La creación de la Guardia Nacional en 2019 fue promovida como una solución a los crecientes niveles de inseguridad en México, un país asolado por el crimen organizado y la violencia. En un principio, la Guardia Nacional fue concebida como una fuerza civil, bajo la supervisión de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con la promesa de fortalecer la seguridad sin depender exclusivamente de las Fuerzas Armadas.
Sin embargo, la reforma constitucional aprobada recientemente ha cambiado el carácter de esta institución. Al adscribir a la Guardia Nacional a la Sedena, se otorga un control directo y completo a los militares sobre una de las funciones más críticas del Estado: la seguridad pública. Este cambio, aunque disfrazado como un esfuerzo para mejorar la eficiencia y el control operativo, representa un retroceso en la construcción de un Estado democrático con instituciones civiles fuertes y capaces.
3.-El peligro de la militarización institucional
El artículo 129 de la Constitución mexicana, que históricamente prohíbe a las Fuerzas Armadas realizar funciones civiles en tiempos de paz, ha sido ignorado en esta reforma. La separación entre los poderes civil y militar, un pilar de cualquier democracia moderna, está siendo erosionada. Este cambio legal, que permite a los militares no solo mantener el control de la Guardia Nacional, sino también operar con un fuero militar que los blinda del escrutinio civil, es alarmante.
La militarización de la seguridad pública implica la posibilidad de que las violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de la Guardia Nacional queden impunes, ya que los delitos cometidos por militares suelen ser juzgados bajo el fuero militar, un sistema que históricamente ha sido opaco y permisivo con sus propios miembros. En un país como México, donde las denuncias de abusos por parte de las Fuerzas Armadas no son infrecuentes, esta reforma no solo podría generar un aumento de violaciones a los derechos humanos, sino también garantizar que no haya consecuencias para los perpetradores.
4.-El control de las Fuerzas Armadas sobre la seguridad pública
Con la Sedena al mando de la Guardia Nacional, surge una pregunta inquietante: ¿quién controla realmente la seguridad pública en México? El poder que se otorga a las Fuerzas Armadas sobre esta función clave del Estado pone en entredicho la capacidad de las autoridades civiles para supervisar y controlar las acciones militares. En otras palabras, se está entregando una función crucial del Estado a una institución que, por su naturaleza, no está diseñada para interactuar con la ciudadanía de manera directa, transparente y democrática.
Las declaraciones de altos mandos militares, como el comandante de la Tercera Región Militar, Jesús Leana Ojeda, quien recientemente afirmó que “la paz en Sinaloa no depende de nosotros, sino de los grupos criminales”, subrayan la ineficacia de la militarización como estrategia de seguridad pública. Si el propio Ejército admite que su capacidad para controlar el crimen organizado es limitada, ¿cómo puede esperarse que una fuerza militarizada como la Guardia Nacional sea efectiva en su misión de garantizar la paz?
5.-Colusión y falta de transparencia: el riesgo oculto
Uno de los aspectos más preocupantes de la militarización de la Guardia Nacional es la falta de transparencia que esto conlleva. El fuero militar otorga a las Fuerzas Armadas un nivel de autonomía que las coloca por encima del escrutinio público. Esta opacidad abre la puerta a la colusión con actores criminales, un peligro que ha sido evidenciado en el pasado con acusaciones sobre la participación de elementos del Ejército en actividades delictivas.
La militarización de la seguridad pública podría profundizar la relación entre el Ejército y el crimen organizado, en lugar de combatirla. Las declaraciones que sugieren una complacencia o, peor aún, complicidad con los cárteles por parte de elementos militares son una clara señal de que la militarización no es la solución a la crisis de seguridad en México. Por el contrario, esta reforma puede exacerbar la impunidad y la corrupción.
6.-La erosión del Estado civil y el futuro de la democracia
Con esta reforma, México está experimentando una peligrosa tendencia hacia la consolidación del poder militar en áreas que históricamente han sido competencia exclusiva de las autoridades civiles. La Constitución, al otorgar a las Fuerzas Armadas un papel preponderante en la seguridad pública, está siendo socavada, y con ella, el sistema de pesos y contrapesos que garantiza el funcionamiento de un Estado democrático.
El verdadero peligro radica en que esta militarización puede volverse permanente. Una vez que los militares toman el control de áreas clave de la administración pública, es difícil revertir el proceso. El riesgo de que México se encamine hacia un modelo de gobierno donde las decisiones cruciales son tomadas por generales en lugar de autoridades electas está presente. Esto no solo pone en peligro los derechos y libertades de los ciudadanos, sino que también mina la confianza en las instituciones democráticas.
7.-Conclusión: Un llamado a la acción
La militarización de la Guardia Nacional es un claro retroceso para la democracia mexicana. Esta reforma constitucional representa una amenaza para los derechos humanos, la transparencia y el control civil sobre las Fuerzas Armadas. México necesita instituciones civiles fuertes y capaces, no una dependencia militar que erosiona las bases democráticas del país.
Es imperativo que la sociedad civil, los legisladores y los organismos internacionales tomen conciencia de los riesgos que esta reforma plantea y exijan un retorno a la legalidad constitucional. La seguridad pública debe estar en manos de autoridades civiles, con mecanismos de rendición de cuentas claros y transparentes. De lo contrario, el país corre el riesgo de deslizarse hacia un modelo autoritario, donde las Fuerzas Armadas actúan sin control y sin responsabilidad ante la ciudadanía.
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