José Luis Parra
En Concordia, Sinaloa, el oro y la plata dejaron de brillar para convertirse en lápidas. El 23 de enero de 2026 un comando armado irrumpió en el campamento de la empresa canadiense Vizsla Silver y se llevó a diez trabajadores especializados. Ingenieros, geólogos, técnicos. Días después, cinco fueron encontrados en fosas clandestinas. Los otros siguen desaparecidos. Como si la tierra que da minerales ahora también reclamara cuerpos.
La escena ocurre en territorio en disputa entre facciones del Cártel de Sinaloa: Los Chapitos y La Mayiza. Allí donde el Estado es espectador y el crimen árbitro.
No es un hecho aislado. Es modelo de negocio.
Durante años nos dijeron que el narco vivía de la droga. Hoy vive del litio, del oro, de la plata, del hierro, del mercurio. Vive del “derecho de piso” y del control territorial. Vive del desplazamiento forzado y de la intimidación empresarial. Vive, incluso, de la exportación formal.
La minería mexicana produce más de 330 mil millones de pesos al año. Un solo pago de extorsión de una gran minera supera lo que decenas de pequeños comercios pueden aportar. El crimen organizado entendió lo que algunos burócratas todavía no: el subsuelo es más rentable que la superficie.
Y más discreto.
A diferencia del trasiego de drogas, el metal no huele, no se fuma y no deja adictos en la esquina. Se mezcla, se funde, se exporta. Se lava con facilidad pasmosa. El oro ilegal se diluye entre toneladas legales y cruza fronteras con papeles en regla. Los controles para rastrear su origen son mínimos. La minería ilícita es, para efectos prácticos, el paraíso fiscal del crimen.
Pero no se trata solo de dinero.
Controlar una mina es controlar territorio. Es apropiarse de caminos, comunidades, explosivos, maquinaria, rutas de transporte. Es decidir quién trabaja y quién se va. En Puebla, en Ixtacamaxtitlán o Tlatlauquitepec, comandos armados han amenazado y ejecutado a opositores. En Guerrero, la Familia Michoacana impone cuotas. En Chihuahua, minas suspenden operaciones por amenazas. En Sonora, la intervención federal no ha logrado erradicar robos y extorsiones.
El fenómeno es nacional. Y estratégico.
Insight Crime documenta que desde la década pasada grupos como Los Zetas y los Caballeros Templarios sistematizaron el cobro de cuotas y la apropiación de minas de carbón y hierro. Hoy el esquema se replica con precisión empresarial. Dos grandes franjas mineras están bajo asedio: el norte, disputado por facciones del Cártel de Sinaloa, el CJNG y grupos locales; y el sur, bajo la influencia de la Familia Michoacana, Tlacos, Ardillos y otros.
Consorcios criminales multifacéticos. Ya no solo cárteles.
La minería representa el 4.7% del PIB nacional y genera cerca de 2.5 millones de empleos. No hablamos de un nicho marginal, sino de una columna vertebral económica. Cuando el crimen captura ese sector, no solo amenaza a empresarios extranjeros; compromete la viabilidad de regiones enteras.
Y aquí viene la parte incómoda.
En algunos casos, según investigaciones periodísticas, los grupos armados no solo extorsionan: actúan como fuerza de choque para reprimir protestas sociales. “Guardias blancas” del siglo XXI. Una alianza tácita donde todos ganan… menos la comunidad.
¿Exageración? Tal vez.
Pero los cinco cuerpos en Concordia no son retórica. Son evidencia.
Mientras el discurso oficial presume cifras, en los socavones se consolidan otros números: cuotas mensuales, toneladas robadas, convoyes asaltados, exportaciones maquilladas. El oro ya no solo financia joyerías; financia arsenales.
México tiene dos opciones: seguir administrando la violencia o reconocer que el crimen organizado ya diversificó su portafolio mejor que cualquier conglomerado legal.
Porque cuando el subsuelo queda en manos del narco, la soberanía se convierte en mineral de exportación.
Y entonces sí, el país entero se vuelve mina.
Y cantera.
Y fosa.
