Por Aurelio Contreras Moreno
Conociendo el perfil neurótico-psicótico del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa, la mueca con apariencia de sonrisa cuasi permanente que ha esbozado desde que fue aprehendido en Guatemala el pasado 15 de abril no es algo raro.
De hecho, ese rasgo de su personalidad lo mostró siempre, durante todo su mandato: Duarte es una persona de lo más cínica y burlona, que no tiene el menor escrúpulo ni siente respeto ni interés alguno por la vida y el bienestar de las personas. Así se lo hizo sentir a todos los veracruzanos durante los seis años que mal gobernó el estado.
Empero, pensar que sonríe sólo por un desequilibrio emocional provocado por nerviosismo o como un mero mecanismo de defensa, es equívoco. Tanto, como subestimar su capacidad para hacer daño desde donde se encuentre.
Javier Duarte sabe que tiene varios ases bajo la manga para encabezar su contraofensiva, tanto legal como política. Su actitud retadora y bravucona durante su audiencia de este martes ante un tribunal guatemalteco, y sus dos comunicados de esta semana, así lo dejan ver.
Y es que una cosa es cierta: el proceso penal que se le abrió a Javier Duarte en Veracruz es de lo más endeble. Los cargos que le imputa la Fiscalía General del Estado no configuran delitos graves, por lo cual, si sólo fueran éstos los ilícitos que se le achacan, lo más que podría obtener el Ministerio Público local sería la prisión precautoria de un año para el ex gobernador, ante la posibilidad manifiesta de que se dé a la fuga, como ya ocurrió con anterioridad.
Pero concluido ese periodo, podría quedar en libertad, como muy probablemente sucederá con algunos de sus cómplices hoy en prisión. Duarte está al tanto de eso, y por ello no puso objeción alguna a la extradición solicitada por el Gobierno de Veracruz.
Caso diferente al de las acusaciones por delitos federales. Los procesos que se le siguen por delincuencia organizada y lavado de dinero –que son por los que en realidad está en la cárcel en este momento, y no por las denuncias del actual gobernador Miguel Ángel Yunes Linares- no otorgan el derecho a la libertad bajo caución, pues esos sí son delitos graves.
La justicia guatemalteca informará oficialmente a Javier Duarte de esas acusaciones y de la solicitud de extradición presentada por el Gobierno Federal el próximo martes 4 de julio. Nada garantiza que el ex mandatario veracruzano también se allane a este proceso, lo que colocaría su caso en un real predicamento, pues de acuerdo con la opinión de algunos juristas, si se niega a la extradición, el Gobierno de Guatemala no podría entregarlo a la justicia mexicana.
En lo que se cumple ese plazo, desde la cárcel Javier Duarte lanzó su primer dardo envenenado: en un comunicado emitido este miércoles, aseguró que en 2012 prestó aeronaves propiedad del Gobierno del Estado de Veracruz al actual gobernador Miguel Ángel Yunes Linares y a su hijo el alcalde de Boca del Río Miguel Ángel Yunes Márquez, para atender “una urgencia”, de lo cual aseguró contar con las bitácoras de vuelo y con archivos fotográficos. Seguramente cuenta con mucho más material para hundir con éste a bastantes actores políticos, locales y nacionales.
Subestimar la perversidad de Javier Duarte sería un error. Desestimar la posibilidad –nada lejana- de que exista un acuerdo de alto nivel para reducir al mínimo las imputaciones legales que se le hacen, con su subsecuente acceso a la impunidad, una ingenuidad.
Y la burla a todos los veracruzanos, de confirmarse la jugarreta, sería una monstruosidad. Quizás por eso se ríe.
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