Ramsés Ancira
En estos días se van a cumplir 33 años del asesinato de Manuel Buendía. Las investigaciones de sus colegas y del propio gobierno de México concluyeron que fue el Estado, o al menos un representante del Estado ¿por qué no podríamos llegar a la misma conclusión sobre el asesinato de Javier Valdez, Miroslava Brecht, Maximino Rodríguez, en Baja California Sur, Rubén Espinosa en la Ciudad de México y al menos 80 periodistas más en el sexenio de Enrique Peña Nieto?
El deporte de matar periodistas en México está tan extendido que ya hasta la Wikipedia tiene un anexo especial para consultar nombres, medios y ciudades donde trabajaban las víctimas. La lista es de tal magnitud que nos tomaría varias páginas describirla. No es en ello en lo que queremos hacer énfasis en este espacio, sino en la pregunta ¿Qué cártel tiene la influencia de Culiacán a Veracruz, de Los Cabos a La Ciudad de México?
El asesinato de Manuel Buendía, autor de “La CIA en México”, antecedió 13 años a la investigación del periodista Gary Webb que reveló que la CIA inundó de crack los barrios de los Ángeles con el objetivo de financiar las operaciones de la contra nicaragüense para acabar con el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Webb ganó el premio Pulitzer por esta investigación y luego “se suicidó” no de uno, sino de dos balazos; pero no en la cabeza como sería obvio para cualquiera que sepa anatomía elemental, sino en la cara.
Mexicano de nacimiento y estadounidense por adopción, Enrique Camarena Salazar, agente encubierto de la Drug Enforcement Agency fue asesinado el 7 de febrero de 1985. De su muerte se culpó al grupo delictivo de Rafael Caro Quintero, como una supuesta represalia por la quema de toneladas de mariguana en el Rancho El Búfalo de Chihuahua, sin embargo otras versiones sugieren que el crimen fue organizado por la CIA, que fue descubierta en sus operativos de canje de droga por armas para desestabilizar países.
Pero antes de ir tras teorías conspiracionistas de altos vuelos habría que preguntarse ¿Miroslava Brecht, Javier Valdez, Maximino Rodríguez y Rubén Espinoza, asesinados en Chihuahua, Culiacán, Los Cabos y la Ciudad de México respectivamente, además de ser periodistas y haber cubierto nota policiaca tenían en común algún enemigo especializado en asesinar reporteros? Si fuese así, ¿Quién?
En el caso de Baja California Sur, semanas antes asesinaron al escolta del reportero Julio Omar Gómez, quien ya había recibido amenazas del crimen organizado y por eso tenía un guardia junto a él. Maximino Rodríguez era un hombre de 70 años. En el momento de su crimen estaba particularmente vulnerable porque había descendido del auto en un centro comercial, para recoger una silla de ruedas para su esposa, con quien iba de compras.
Cuando asesinaron el 28 de abril de 2012 a la corresponsal de Proceso en Veracruz, Regina Martínez Pérez, ella ocupó el lugar 220 en la lista de periodistas de los que se tiene conocimiento han muerto asesinados en México. El fundador del semanario Río 12, acribillado en 15 de mayo de 2017 está en la casilla 293.
Por “lengua larga” decía el cartel colocado cerca del cadáver de Miroslava Brecht, quien había documentado el parentesco de candidatos del PRI a presidencias municipales de Chihuahua con los más identificados dirigentes del narcotráfico en la entidad. Entonces hay que volver a preguntar: los asesinatos de estos periodistas ¿fueron ordenados por los zetas, el cártel nueva generación, del golfo, la familia, los chapitos? Si fuera así ¿Por qué no se los adjudicaron? ¿No es bien sabido que a esos grupos les encanta firmar sus crímenes?
Existen otras posibilidades, como que “la muerte de un periodista”, y en este “uno” integramos a todo el colectivo de acribillados, mujeres y hombres, en el Norte y en el Golfo, tenga también un mismo móvil: exhibir la fragilidad del Estado, su ineptitud y sus fracasos.
No creemos que la muerte de Javier, ni de Miroslava, ni de Georgina, ni de Maximino ni de Rubén haya evitado que se hiciera un descubrimiento que cimbrara al crimen organizado, nada que amenazara sus estructuras. Y sin embargo el régimen está a unos meses de cambiar. La alianzas ya son muy frágiles, quizá hay quien piense que es necesario hacer desaparecer a futuros testigos clave.
Los periodistas ya no nos estamos limitando a pedir justicia en la Procuraduría General de la República, ya sabemos lo poco que ha servido. Ya su “verdad histórica” sobre Ayotzinapa es suficiente evidencia de cómo NO resolver un crimen. Ahora se ha publicado una petición que entre otros puntos incluye: “Que se conforme -con apoyo del gobierno mexicano- una comisión internacional que venga al país a estudiar el estado del sistema de justicia, detecte sus fallas y brinde la asesoría técnica necesaria para terminar con la impunidad”.
Si hay un patrón en la muerte y en el móvil del asesinato de periodistas, el autor tiene un aparato de inteligencia privilegiado, que no puede ser atribuido a un solo cártel.
Cuando el doctor Mireles fue excarcelado lo primero que dijo fue que de haber sabido que el crimen organizado estaba tan infiltrado en el aparato de Estado, tal vez no se hubiera atrevido a combatirlo.
De la misma manera, en el prólogo del último libro de Javier Valdez advertía que no solo los narcos matan periodistas, también ministerios públicos, funcionarios de gobierno y militares.
El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong se comprometió una vez más a investigar este crimen contra un periodista. Si no encuentra al autor material de este asesinato en este grupo “selecto” que está en la nómina oficial, nadie le va a creer.
