A los inicios de la era del neoliberalismo las luces de alerta fueron encendidas. La narco-política estaba en franca apertura. El Estado instituía una alianza con el narcotráfico. En la Procuraduría General de la República, togas de poder e indignidad, se levantaron de sus sitiales y se convirtieron en protectores y socios de la delincuencia. El incipiente fenómeno producía gananciales de millones de dólares. La corrupción en el medio de procuración de justicia surgía.
En esta Cuarta Transformación de la República no se puede ni se debe obviar la realidad, por dolorosa que sea: Si durante el neoliberalismo se decidió la creación, organización, sometimiento y sostenimiento de la narco-política desde la Representación Social Federal, fue porque se contó con la permisibilidad y complicidad de esas togas de poder e insalubridad. Fue también porque se confiaba –porque se podía confiar— en recibir impunidad y en la inhibición para indagar tan execrable fenómeno.
La convivencia jurídica contra la razón, cimentó profundas raíces en el órgano encargado de procurar justicia, tan abismales que aún persisten en esta Cuarta Transformación de la Nación. Desde que la Procuraduría General de la República dio inicio a esas desagradables alianzas, comenzó una muy larga sucesión de indignidades, complicidades y justificaciones, con argumentos ilegales y delictivos. Con Alejandro Gertz Manero todavía persisten, incluso acentuados para brindar impunidad al organizador de la narco-política. Vaya infamia.
Desde los hechos acontecidos en un lejano mes de noviembre, se empezaron a descalificar las denuncias de corrupción presentadas por la abogacía independiente de la República, justificando el no indagar ellas por una supuesta “razón de estado”, enarbolando con esos conceptos una triste –ética de complicidad—, para pasar por alto el contenido del Código Penal Federal.
Fueron tiempos de vergüenza: La Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, exigía desde aquél entonces un –-basta ya–; mientras que la corrupción y la narco-política atacaban el Estado de Derecho, la Procuraduría General de la República y sus titulares la defendían. Tan repugnantes, ignorantes y viles fueron los procuradores que olvidaron el magisterio ético y filosófico de Luis Cabrera, contenidos en su inolvidable obra: “La Misión Constitucional del Ministerio Público”.
Aún se espera y se desea que aquellas indignidades, complicidades y convivencias con la delincuencia sean investigadas. Tanto recurrir a una supuesta Razón de Estado para envilecer a la justicia, tanta ignorancia en la interpretación de la ley en el hoy aún sigue exasperando.
¿Hasta cuándo habrá que esperar para investigar esa verdad?
Es cuánto.
Lic. Alberto Woolrich Ortíz.
Presidente de la Academia de Derecho Penal
del Colegio Nacional de Abogados Foro de México.
