Rúbrica
Por Aurelio Contreras Moreno
La “transformación” del Poder Judicial de la Federación, cuya nueva conformación entrará en funciones el próximo 1 de septiembre, no es -como se ha querido vender desde Palacio Nacional y sus satélites mediáticos y propagandísticos- una democratización de la justicia. Es, en realidad, la culminación de un proceso de captura institucional que busca convertir al aparato judicial en un instrumento de persecución política. Y los primeros en la mira son, desde antes incluso de su entronización, los periodistas críticos.
Desde que tomó el poder, el régimen morenista ha mostrado una obsesión enfermiza por controlar la narrativa pública. Lo hizo primero desde la tribuna presidencial, con las infames “mañaneras” de Andrés Manuel López Obrador, que sirvieron como paredón mediático para exhibir, descalificar y estigmatizar a comunicadores incómodos.
Luego vino la judicialización del disenso: demandas por daño moral, acusaciones de violencia política de género, y hasta procesos penales por delitos que deberían estar extintos en cualquier democracia funcional, que es lo que en este momento se vive en varios estados del país.
Pero lo que se avecina con el nuevo Poder Judicial es aún más grave. Porque ahora, el garrote no será solo simbólico o mediático: será institucional, legal, y con toga y birrete.
La reforma judicial aprobada por el Congreso y ratificada por el Ejecutivo federal implica la creación de un nuevo Tribunal de Disciplina Judicial con facultades para investigar y sancionar a jueces, magistrados e incluso ministros. En teoría, eso que podría fortalecer la rendición de cuentas, en la práctica abre la puerta a una “cacería de brujas” contra quienes se atrevan a fallar en contra de los intereses del régimen, incluidas sus querellas contra periodistas que los exhiben e incluso ciudadanos que se quejen de sus abusos y corruptelas.
Más preocupante aún es el nuevo mecanismo de designación de juzgadores. La mitad de los mil 671 jueces federales que tomarán protesta el 1 de septiembre provienen de una elección fraudulenta, en la que los perfiles -propuestos por el Legislativo y el Ejecutivo, controlados por Morena- fueron “elegidos” a través de una monumental y grotesca inducción del voto vía “acordeones”, pues nadie conocía verdaderamente a los aspirantes cuya función no será la de juzgadores legítimos, sino la de operadores políticos con toga.
¿Y qué se espera de ellos? No mucho. Solo que cumplan con la “encomienda” y castiguen a los críticos, silencien a los incómodos y conviertan al Poder Judicial en una extensión del aparato de propaganda oficial, como ya se ha podido ver que sucederá con las actitudes y declaraciones plenas de demagogia del próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar.
La preocupación no es gratuita ni el riesgo hipotético. Apenas este lunes, Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del expresidente López Obrador, escribió en redes sociales que con el nuevo Poder Judicial “está la opción real de denunciarlos y que se haga justicia”, refiriéndose a periodistas que replicaron la información de un diario español sobre su presunta mudanza –desmentida a medias- a un lujoso fraccionamiento en España. La frase fue acompañada de un amenazante “esperen sentados”.
No es la primera vez que desde el entorno presidencial se lanza una amenaza directa contra medios y periodistas “incómodos”. Pero esta vez, la diferencia es que el régimen tendrá a su disposición un aparato judicial renovado, alineado y dispuesto a ejecutar esas advertencias, como ha quedado claro con la embestida de los últimos meses, en los que varios periodistas han sido víctimas de censura y acoso judicial por sus críticas a políticos del régimen.
Aunque la Corte saliente emitió recientemente criterios jurisprudenciales que fortalecen la protección de periodistas frente a demandas civiles y reconocen, por ejemplo, que las opiniones sobre asuntos de interés público merecen protección constitucional, esos criterios podrían quedar en letra muerta si la nueva “Inquisición”, o sea, el Tribunal de Disciplina Judicial, decide ignorarlos, reinterpretarlos, o simplemente perseguir a los jueces que los apliquen.
La reforma judicial se vendió como una medida para acercar la justicia al pueblo, pero en realidad busca acercarla al poder. Se dijo que permitiría elegir a los jueces, pero lo que se eligió fue a los leales. Se prometió que fortalecería la independencia, pero lo que se consolidó fue la subordinación.
El 1 de septiembre será una fecha clave. No solo por la instalación del nuevo Poder Judicial, sino por lo que representa: el intento de consolidar un régimen que no tolera la crítica, que no respeta la autonomía, y que no cree en la libertad.
Para eso querían su reforma judicial. Ni más ni menos.
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