Napoleón Gómez Urrutia es el líder del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares, por herencia de su padre, sin haberse desempeñado como minero, tal y como establecen los estatutos. Y aunque hace unos meses fue electo, una vez más en el cargo, su historia ha estado llena de mucho oscuros.
Desde que asumió la secretaría general, en 2002, no ha trabajado por los derechos laborales de los mineros aglutinados en el sindicato. Y para muestra un botón; en 2006, se llevó un fideicomiso de 55 millones de dólares y que son parte del patrimonio de 7 mil 500 mineros, ahora retirados, y que no han descansado para recuperarlos.
Ello llevó al grupo conocido como “Los 719” a los tribunales para denunciar el robo que sufrieron en manos del ahora senador por Morena.
Los 55 millones de dólares fueron entregados al sindicato minero el 3 de marzo de 2005, tras la venta de la Minera Cananea; se trató de una aportación de Grupo México a los trabajadores para indemnizarlos por el proceso de privatización a través del Fideicomiso 10964526 (antes 9645).
Gómez Urritua extinguió dicho fideicomiso y salió del país, unos días después de la explosión en la mina 8 de Pasta de Conchos ocurrida el 20 de febrero del mismo año y que dejó 65 muertos, para autoexiliarse en Canadá por 12 años, dejando a 7 mil 500 mineros sin el dinero que les correspondía.
Durante su estancia en Canadá, el líder minero y su familia vivieron en un condominio de 670 metros cuadrados, ubicado en una exclusiva zona residencial de Vancouver y cuyo valor ronda los 1.8 millones de dólares. El dinero con el que pagaba todo, llegaba a través de integrantes del sindicato, hasta cinco personas, que viajaban con efectivo para entregárselo.
En esos años, esos recursos le permitieron contratar a abogados de la talla de Carlos de Buen y Marco Antonio del Toro para enfrentar 11 órdenes de aprehensión y nunca ser encarcelado. Su regreso a México se fraguó cuando Morena lo nombró, en 2018, candidato plurinominal al Senado de la República.
Desde su regreso al país, los mineros han buscado por todas las vías legales, que les regresen los 55 millones de dólares. Un triunfo fue que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje emitió, en 2018, un laudo que obliga al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares a repartirles dicho fondo con los intereses o rendimientos generados durante más de una década.
Sin embargo, Gómez Urrutia ha recurrido a diversas maniobras jurídicas para no pagar. Incluso el sindicato argumentó que pagó 23 millones de dólares a trabajadores, un millón 500 mil dólares al fiduciario, y que 14 millones de dólares fueron embargados por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
El caso llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en 2019, desechó los amparos promovidos por el senador de Morena y ordenó al Tribunal Colegiado que los resuelva de forma definitiva, que resolvió, a través de un megalado, que pagara esos 55 millones de dólares.
Y una vez más, ‘Napito’ y el sindicato, maniobraron jurídicamente para impugnar, pero por tercera vez se emitió un nuevo laudo condenatorio, que siguiendo los lineamientos del Poder Judicial de la Federación, con lo que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje volvió a condenarlos a repartir entre los mineros, los recursos que había en dicho fideicomiso.
Con ello, y tras más de 15 años de litigios, podría llegar la resolución final a este conflicto confirmando que los millones de dólares deben ser devueltos a los mineros.
