Rúbrica
Por Aurelio Contreras Moreno
Durante muchos años, sexenios en realidad, la corrupción en México no se ha combatido: se ha administrado. Y cuando la podredumbre ha alcanzado niveles que ya no pueden ocultarse, se simulan “purgas”, se exhiben algunos nombres, se hacen algunas detenciones, se reparten culpas y se proclaman cruzadas “morales” que no han sido más que una puesta en escena.
El reciente escándalo del “huachicol fiscal” es el ejemplo más obsceno de esta dinámica. Una red de contrabando de combustibles que operó durante años bajo la protección de altos mandos militares, funcionarios aduanales y gubernamentales y empresarios, y que solo está siendo desmantelada -y eso, parcialmente- por la presión que vino del extranjero.
La visita a México la semana pasada del secretario de Estado del gobierno de Estados Unidos, Marco Rubio, no fue precisamente por una cortesía diplomática. Vino a mover el avispero. Y vaya que lo agitó. No había terminado de irse luego de su reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum, cuando se detuvo al vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, junto con otros funcionarios y empresarios ligados al contrabando de hidrocarburos o “huachicol fiscal”, como se ha dado en llamarle.
No es cualquier detención. Se trata de un militar de alto rango, lo cual no es común que suceda en México. Y además, y para hacer más dramático el escenario, es sobrino político de Rafael Ojeda Durán, exsecretario de Marina del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ése en el que se proclamaba –como ahora- que “ya se acabó la corrupción”.
La “coincidencia” de tiempos entre las ahora 14 detenciones por “huachicoleo” y la visita de Rubio es cualquier cosa, menos una coincidencia. Y al parecer el gobierno mexicano se vio obligado ofrecer una cabeza -o varias- para calmar la exigencia estadounidense de atacar uno de los tantos negocios ilícitos que durante décadas se han extendido en nuestro país con total impunidad.
Porque el “huachicol fiscal” no es nuevo. Es una práctica sistemática que consiste en el robo, traslado, refinación y reventa de combustible mexicano en Estados Unidos, para luego reimportarlo con documentos falsos y venderlo en gasolineras nacionales como si fuera legítimo. Un esquema que requiere complicidad en todos los niveles: desde los cárteles criminales que controlan y “chupan” los ductos, hasta los funcionarios que maquillan los papeles, pasando por las empresas –de fachada o incluso legítimas- que lavan el dinero. Todo, bajo la mirada cómplice de quienes deberían combatir este delito.
Tanto así, que había una mini-refinería de combustible robado en el sur de Veracruz de la cual el gobierno de México tenía noticia desde hace por lo menos cinco años, de acuerdo con reportes de inteligencia. Pero resulta que “nadie se dio cuenta” nunca de su existencia, a pesar de que es más eficiente –porque producía más combustible- que la fallida y costosísima refinería Olmeca-Dos Bocas, obra faraónica del obradorato.
Las detenciones –las ya ejecutadas y las que vendrán- anunciadas por el secretario de Seguridad Omar García Harfuch no representan, como tales, golpes reales a la corrupción. Se trata de “ofrendas” políticas para demostrar al gobierno de Estados Unidos que México “sí coopera” en el combate al crimen organizado –pues se está viendo en el espejo de Venezuela-, mientras por otro lado, la presidenta Sheinbaum mantiene un discurso pseudonacionalista de aparente “defensa” de la “soberanía”, tan predecible como vacío.
El “huachicol fiscal” no es una operación aislada, sino una red estructurada que llega a los más altos estamentos del poder, que no pudo haber existido sin su conocimiento y su protección. ¿O alguien cree que Andrés Manuel López Obrador no sabía lo que ocurría en su sexenio, cuando el combate al robo de combustible era uno de sus estandartes? ¿O que Claudia Sheinbaum, heredera directa de ese proyecto, se enteró apenas?
La pregunta aquí es hasta dónde estarán dispuestos a llegar. Qué tan alto y a qué costo. Porque si el gobierno realmente quiere combatir al crimen organizado, tendrá que ir más allá de políticos de medio pelo y funcionarios menores. Tendrá que investigar a los verdaderos beneficiarios del negocio, a los que operan desde las cúpulas empresariales, militares y políticas, y romper la red de complicidades que ha permitido que este esquema funcione durante décadas.
Tendrá que usar una “barredora”, de las que barren para atrás. Porque si no limpia la cloaca, alguien más vendrá a destaparla.
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