CIUDAD DE MÉXICO, 17 de julio (AlmomentoMX/SemMéxico).- El Estado mexicano hizo un buen papel durante la sustentación del IX Informe periódico de México ante el Comité de Expertas de la Convención sobre la Eliminación de todas formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) y puso de manifiesto que la perspectiva de género ya no es un tema abstracto sino un tema concreto en las entidades federativas y que ha permeado los municipios y las comunidades.
Así lo dijo Marcela Eternod Arámburu, secretaria ejecutiva en suplencia de la Presidencia del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) en una entrevista exclusiva con SemMéxico.
La funcionaria destacó que la delegación mexicana que acudió a Ginebra, Suiza, dejó claro ante el Comité de CEDAW que la perspectiva de género ya es “un tema visible, ya es un requisito” y que el gobierno tiene el compromiso de trabajar para alcanzar la igualdad sustantiva y para rendir cuentas, ya que se ha abierto al escrutinio internacional.
Eternod explicó que este trabajo comenzó en 2016 con la realización del IX Informe periódico de México en cuya elaboración por primera vez hubo una coordinación entre los tres poderes de la federación y de las entidades. “Fue un gran ejercicio de coordinación” y para responder posteriormente a la lista de cuestiones, todas las dependencias federales participaron.
Durante la sustentación en Ginebra, Suiza, realizada el pasado 6 de julio, el Estado mexicano habló de los avances en la protección, promoción y defensa de los derechos de las mujeres, pero, -recalcó- “también fuimos honestos y reconocimos los retos y los desafíos que tenemos ”.
Violencia contra las mujeres
La delegación mexicana reconoció ante el Comité el problema estructural que genera los diversos tipos de violencia contra las mujeres en ámbitos distintos como en la escuela, el trabajo, el espacio público y al interior de las familias.
“Dejamos en claro que tenemos que hacer una profunda transformación para que la violencia cambie. Está naturalizada, hay un enorme trabajo que hacer desde la propia familia, con las niñas y los niños para que reconozcan sus derechos.”
También, la delegación mexicana reconoció ante el organismo internacional que es necesario modificar la manera en la que opera el Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, creado en 2007 y que coordina esfuerzos, instrumentos, políticas, servicios y acciones para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. “Es necesario integrar a las personas encargadas de la impartición de justicia” dijo Eternod.
Como un avance en la materia, explicaron a las expertas que en 2017 en Chihuahua se logró la tipificación del delito de feminicidio y que la Comisión Nacional de Seguridad tomó un acuerdo para que a partir de este año, en todos los casos de homicidio doloso de mujeres, se utilicen los protocolos de feminicidio para tener investigaciones más sólidas y con la debida diligencia.
El mecanismo de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres también fue abordado durante la sustentación del informe. Se explicó a las expertas este mecanismo del que desde 2013 se han recibido 38 solicitudes, de las cuales, 13 han sido declaradas, 6 se acumularon a otros expedientes, 9 no fueron admitidas y 7 no se aplicaron porque la entidad llevó a cabo medidas para revertir la violencia contra las mujeres. De las 13 alertas declaras, 12 son por violencia feminicida y 1 por agravio comparado.
Participación política de las mujeres
“Éste es el gobierno de la paridad, lo vimos en candidaturas, no solo los partidos postularon a más mujeres, sino que la ciudadanía eligió a las mujeres” explicó Marcela Eternod.
Se hizo saber al Comité de CEDAW que durante este proceso electoral, se registró un número histórico de mujeres candidatas: 41 mil 874, equivalente a 50.38 por ciento del total. Además se alcanzó la paridad efectiva en el número de mujeres electas al Congreso: 49.2 por ciento Senadoras (17 por ciento más alto que en las elecciones de 2012) y 48.6 por ciento en Diputadas Federales (6 por ciento más que en 2015).
Ante el Comité la delegación mexicana reconoció el problema de la violencia política, y explicaron que hay una violencia que proviene del crimen organizado que cuando no le parece un candidato o candidata, son asesinadas. Reiteraron que para muchas mujeres fue una contienda difícil pero que se han implementado mecanismos. Existen redes de protección a mujeres políticas en las que participa la FEPADE, el INE, la CNDH, el INMUJERES, el TEPJF, los organismos electorales estatales, las comisiones de derechos humanos estatales, así como las fiscalías en donde pueden denunciar o se da seguimiento a las investigaciones de los homicidios.
“El 75 por ciento de la violencia política viene de los grupos criminales, el resto por competencia, pero hemos realizado en esta administración un gran esfuerzo por tipificar este delito”.
Igualdad
Entre los logros en esta materia en el Estado mexicano se encuentra la creación de mecanismos como el PROIGUALDAD que es un conjunto de acciones y estrategias que se aplican en los tres niveles de gobierno y los tres poderes. Se logró que en las entidades federativas hicieran un programa de igualdad estatal, que en algunos casos se designara presupuesto local para la agenda de igualdad y el combate a la violencia.
“Pasamos de 7 a 42 Centros de Justicia para las Mujeres, aunque tenemos claro que hay que fortalecerlos” enfatizó la funcionaria.
Además se expuso que se crearon mecanismos para lograr un mejor funcionamiento del Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, para tener una mejor coordinación con los congresos locales. Además se creó una comisión para coordinar el trabajo de este sistema con el del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.
Se fortalecieron los mecanismos para el adelanto de las mujeres en los estados y municipios y se ha aumentado el presupuesto para igualdad.
Respecto al embarazo en adolescentes, explicaron que el Gobierno este año pretende garantizar a 4 millones 834 mil 880 mujeres en edad fértil el acceso a algún método anticonceptivo. En cuanto al matrimonio infantil se explicó que hay un avance ya que 28 entidades eliminaron las dispensas, faltan 4 entidades que establezcan los 18 años como edad mínima para contraer matrimonio, “pero es un avance rápido para una federación”.
Acceso a la justicia
Se reconoció el avance para juzgar con perspectiva de género, ya los poderes judiciales de las 32 entidades firmaron el pacto. Se destacó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido resoluciones emblemáticas a favor de los derechos de las mujeres por ejemplo el caso de una menor víctima de violación que no pudo acceder a una interrupción del embarazo y las autoridades de salud fueron sancionadas.
Además se destacó que el poder judicial federal cumple con la publicación de sentencias y que algunos estados cumplen con lo que establece la Ley General de Transparencia que es la publicación de sentencias consideradas de interés público.
Se destacó ante el Comité de CEDAW la necesidad de tener registros administrativos sólidos de procuración de justicia. “Es un tema que se requiere para hacer políticas públicas mas focalizadas, pertinentes y sólidas. También necesitamos un registro de denuncias de cómo se integran las carpetas de investigación, qué pasa con una denuncia en qué termina, se ratifica, o no… etc”.
Unidades de Igualdad de Género
Al principio de esta administración sólo había 6 Unidades de Igualdad de Género. Ahora hay en la SCJN, en el Consejo de la Judicatura, en el TEPJF, hay unidades en 21 dependencias de la administración pública federal, 4 en organismos autónomos y 2 en poder legislativo (Cámara de Diputados y de Senadores).
En las entidades, el 84 por ciento de los poderes judiciales tienen una unidad de género y hay comisiones de igualdad en todos los congresos locales. En el Estado de México todas las dependencias del ejecutivo tienen una unidad de género. Esto representa un avance importante aunque es necesario que se fortalezcan y que tengan mayor incidencia en el quehacer institucional.
Mujeres privadas de la libertad
Este tema fue de gran interés para las expertas, señalo Marcela Eternod. Ahí, dijo, explicamos que buscamos la aplicación de medidas alternativas al encarcelamiento sobre todo para el caso de mujeres privadas de la libertad por delitos relacionados con drogas ya que en su mayoría se trata de mujeres primo delincuentes, que no van armadas, que se involucran por razones de género y que son por lo general el último eslabón de la cadena. Ellas no deberían purgar condenas tan largas. También dijo, se busca desencarcelar a mujeres indígenas que no tuvieron procesos justos.
Trata de personas
En cuanto al delito de la trata de personas, se expuso en Ginebra que México es el país de América Latina que tiene más sentencias, 60 a nivel federal y más de 800 a nivel estatal en el periodo de 2009- 2017.
Empleo
La tasa de participación económica de las mujeres ha estado estancada a pesar de los esfuerzos para reactivarla. “Esto se debe a la ausencia de una política de corresponsabilidad entre Estado, familia y empresas para aligerar la carga de trabajo de cuidados que recae sobre las mujeres. Carecemos de infraestructura de cuidado para niñas, niños, personas con discapacidad, adultos mayores, personas con enfermedades terminales, etc. Por ello es necesario construir más estancias infantiles, escuelas de tiempo completo, guarderías y casas de día para adultos mayores.
Se destacó en el organismo internacional la falta voluntad para ratificar los convenios 156 y 189 de la Organización Internacional del Trabajo sobre el trabajo doméstico remunerado y al respecto las propias autoridades mexicanas señalaron que aún faltan 5 meses de gobierno, en los que no descartan que podrían ser ratificados.
Retos
Entre los principales retos que compartieron con el Comité de Expertas de CEDAW se encuentra la urgencia de fortalecer la articulación y coordinación entre las 32 entidades para dar mayor difusión de los derechos de las mujeres y el fortalecimiento de mecanismos de protección y la homologación del marco normativo que los delitos y las sanciones sean iguales.
En materia de salud, está el reto de eliminar la violencia obstétrica. En materia de seguridad de periodistas y defensoras es necesario fortalecer el mecanismo de protección para que pueda actuar con mayor celeridad.
Marcela Eternod señaló que las recomendaciones que emita el comité se darán a conocer en las próximas semanas y deberán ser consideradas por la próxima administración para hacer un plan sólido y que las mujeres podamos vivir en paz, acelerar el paso para alcanzar la igualdad sustantiva y una vida libre de violencia.
AM.MX/fm
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