La insoslayable brevedad
Javier Roldán Dávila
Hubo una vez una muela que, a pesar de ser dolorosa, no era muy juiciosa
De acuerdo con un reportaje de Noemí Valdez para el diario Notiver, el Poder Judicial del estado de Veracruz tiene una deuda acumulada, para la construcción de 21 Ciudades Judiciales, por alrededor de mil 155 millones de pesos.
Se registran al menos 18 créditos de 2018 a la fecha, los datos fueron obtenidos de la SHCP y se precisa que son amortizados con el ‘Fondo General de Participaciones e Ingresos Locales’, el plazo para liquidar sería en el año 2047, cosa que seguramente no pasará.
Cabe subrayar que, el mecanismo autorizado por el Congreso local, para erigir tal infraestructura, es conocido como Asociaciones Público-Privadas y que, en este caso, el mismo ha estado plagado de irregularidades, tales como licitaciones amañadas y adjudicaciones por dedazo.
Toda esta trama de presunta (apostilla eufemística) corrupción ha sido denunciada por algunos magistrados, entre ellos, la combativa Concepción Flores Saviaga, sin embargo, como suele ocurrir por estas latitudes, no pasa nada.
El asunto es de tal gravedad que, se determinó cerrar 29 juzgados en 15 distritos judiciales, además, de que la actual presidenta del TSJ, Isabel Inés Romero Cruz, ha solicitado a sus pares, a ‘recomendación’ del gobernador, se reduzcan el salario un 30%, lo cual le ha valido una avalancha de críticas por someterse al Poder Ejecutivo.
Una deuda exorbitante que de seguro engrosó el listado de nuevos ricos, una crisis financiera que afecta la impartición de justicia y decenas de desempleados, no bastan para que se busque y se sancionen a los responsables: ¿quiénes se embuchacaron el billete?
