Nunca se ausentó del pensamiento de los grandes juristas de la República, que una de las finalidades del Estado es la de apoyarse en el Código Penal, instituyendo con esto la defensa y protección jurídica del connacional, así como de quienes se encuentren en nuestro territorio, igualmente, la de combatir férreamente a la delincuencia, dentro de la que se incluye aquella que pertenezca a la clase política; toda vez que los infractores de la ley penal trastocan y ponen en peligro los derechos humanos consagrados en la Constitución Política.
Debe decirse que en un tema de tal importancia, dicha protección alcanza toda aquella ofensa que surja de las conductas que perpetren los delincuentes y se convierta en agresión directa a nuestro Derecho. La libertad de los transgresores del Código Penal no es límite para no encarcelarlos. De ello no forma parte el avieso capricho, ni la voluntad, ni las ocurrencias que pueda tener Andrés Manuel López Obrador, al pretender con ellas proteger las acciones que ofendan a México, ataquen o alteren su Derecho o busquen brindarle impunidad a dichos malhechores.
Como debe de ser bien sabido por nuestras autoridades, el límite de la libertad de los delincuentes, la imponen nuestras leyes que prohíben determinadas acciones, sean estas por voluntad o por omisión. Estas limitaciones no sólo se imponen a los sujetos individualizados sino a todos aquellos, aún siendo políticos, autoridades o gobernantes que puedan o se constituyan en depredadores del derecho y de la justicia.
Por ello la Cuarta Transformación de la Nación, con su correspondiente Fiscalía General de la República deberían de saber y conocer los límites de acción de los narco-políticos, ubicando su aberrante conducta dentro de lo que expresamente prohíbe nuestro Código Penal Federal, en virtud de que ello es precisamente la protección jurídica de todos aquellos derechos y salvaguardas consagradas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Es imposible aceptar los erróneos y necios criterios jurídicos sostenidos por diversos procuradores generales de la República y por Alejandro Gertz Manero, en su calidad de Fiscal General de la Federación, con los que pretendieron y se pretende separar del Código Penal la conducta delictiva de aquél narco-político al que se le sigue brindando impunidad.
La Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, exclama y lo hace con voz viril: “Basta ya de tanta disipación”.
Es cuánto.
Lic. Alberto Woolrich Ortíz.
Presidente de la Academia de Derecho Penal
del Colegio Nacional de Abogados Foro de México.
