Por Aurelio Contreras Moreno
Contra las cifras alegres que todos los días maneja el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en Veracruz el secretario de Finanzas y Planeación, José Luis Lima Franco, tiene otros datos. Nada halagüeños, valga decir.
Entrevistado por la periodista Claudia Montero para el portal informativo Al Calor Político, el funcionario estatal admitió lo que en palacio nacional niegan con vehemencia: que la economía del país –y por ende, la de Veracruz- pende de un hilo.
Lima Franco refirió en la entrevista que el principal problema de las finanzas de la entidad es la absoluta dependencia que se tiene de las participaciones federales, pues de los 129 mil millones de pesos de su presupuesto anual, 120 mil corresponden a esta fuente.
Y advirtió: “el problema es que si esa bolsa disminuye por una desaceleración de la economía mexicana o estadounidense y que bajen nuestras exportaciones, (…) sí nos pega”. Y a la pregunta de la periodista “¿eso pudiera ocurrir”?, el funcionario reconoció: “sí. Eso pudiera pasar”.
No es que Lima Franco esté descubriendo el agua tibia. Esta misma semana, el Fondo Monetario Internacional (FMI) recortó su pronóstico de crecimiento para México respecto de su previsión de abril, estimando que este año no se irá más allá de un ínfimo 0.9 por ciento, lo que representaría, de ser acertado el cálculo, que la actividad económica registre la menor expansión económica de la última década. Anunció que provocó la ira del titular del Ejecutivo federal.
La base de esta estimación se encuentra en las Expectativas Económicas Mundiales del FMI, en donde se menciona el impacto de “la incertidumbre en torno a las políticas públicas y el futuro del comercio, el deterioro de la confianza y el aumento de los costos del endeudamiento que podrían seguir creciendo tras la reciente rebaja de la calificación soberana” para México.
Cobra mayor sentido que esta misma semana, el Gobierno de Veracruz haya presentado apresuradamente ante el Congreso del Estado una iniciativa para refinanciar o reestructurar la deuda pública estatal, que parece más un intento desesperado por blindar las finanzas estatales ante las advertencias sobre una probable tormenta financiera.
En el documento entregado por la administración estatal a la Legislatura local están las claves que sustentan ese análisis: “habiéndose llevado a cabo una revisión exhaustiva de la estructura de la Deuda Vigente de Largo Plazo del Estado, se ha llegado al conocimiento de que, dada la situación actual del mercado, es viable mejorar las condiciones crediticias, en términos de costo, equilibrio del servicio de la deuda y un uso más racional de las fuentes de pago del estado”.
Ello implica que como la situación actual no es la mejor, en el gobierno estatal se vieron obligados a buscar mejorar las condiciones del pago de la deuda, como se plantea en los propios objetivos de la reestructuración: “alcanzar una estructura de deuda más flexible y eficiente; reducir el costo actual de la deuda pública; mejorar las condiciones contractuales de los financiamientos; establecer un servicio de la deuda mejor equilibrado que libere flujos de efectivo que permitan fortalecer las inversiones prioritarias del estado”, según se establece en el documento que ya se analiza en el Congreso local.
Asimismo, se plantea la “contratación de coberturas de tasas de interés conocidos como CAP’s, instrumentos derivados de intercambio de tasas conocidos como SWAP’s y cualquier otro tipo de instrumento de cobertura, hasta por el plazo que se requiera conforme a los nuevos financiamientos, con instituciones del sistema financiero mexicano que ofrezca las mejores condiciones de mercado”.
De acuerdo con la definición de ambos instrumentos financieros, los CAP’s son “opciones de tipo de interés máximo para personas físicas y jurídicas que protegen contra la subida de tipo de interés por encima de un tipo máximo fijado al inicio, por un tiempo determinado, a cambio de una prima”.
Mientras que los SWAP’s representan una “permuta financiera de tipo de interés para determinadas personas jurídicas”, cuya función es “cambiar un tipo de interés variable por un tipo fijo. En cada periodo, si el tipo fijo es superior al tipo variable, el cliente paga la diferencia. En caso contrario, es el banco el que la paga. En caso de cancelación anticipada, el producto se cancelará a mercado y podrá suponer liquidaciones negativas para el banco o para el cliente”.
O dicho en términos llanos, el gobierno busca contratar seguros contra las tasas de interés, pues si se recortan las participaciones, como aceptó Lima Franco que puede ocurrir, no va a ser posible pagarlas. En los hechos, se están adelantando a una probable recesión.
Que por supuesto, nadie en la “4T” va a aceptar. Para eso, tienen otros datos.
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