Rúbrica
Por Aurelio Contreras Moreno
Una de las varias advertencias que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) hizo sobre el manejo de las finanzas del estado de Veracruz, que apenas si despertó un poco de interés mediático, es la referente a todos los empréstitos que ha contratado el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan).
La ASF explicó que Veracruz es la entidad de la República con mayor riesgo de afectar la sostenibilidad de sus finanzas públicas precisamente por el elevado monto de la deuda pública que arrastra. Pero sobre todo, por el uso que le da a ese dinero. Por el destino que tienen esos créditos.
En la tercera y última revisión del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2020, la ASF señala que Veracruz fue la segunda entidad del país con la mayor cantidad de obligaciones contraídas, al solicitar créditos por 20 mil 631 millones de pesos. Lo cual no representaría problema alguno si esos recursos se destinaran para obra y servicios públicos. Finalmente, contratar deudas no es un delito y los instrumentos financieros son para eso.
Sin embargo, las cosas se ponen mal cuando el dinero con el que el gobierno se endeuda no se utiliza para inversión pública productiva, sino para “tapar hoyos”. Esto es, para resolver problemas de falta de liquidez ante compromisos ya contraídos e ineludibles, o peor aún, para pagar los intereses –ni siquiera el capital- de otra deuda que se venga arrastrando.
Y justamente eso es lo que encontró la ASF en el “eficiente” –dicen ellos mismos- gobierno de García Jiménez: su administración dedicó el 84.9 por ciento de los recursos contratados a operaciones de refinanciamiento. O sea, a “echarle piedras a los baches”, a intentar cubrir los “agujeros negros” de unas finanzas que se sostienen con alfileres.
No es exageración. El órgano fiscalizador federal advirtió que Veracruz encabeza el grupo de entidades federativas con mayor riesgo de afectar la sostenibilidad de sus finanzas públicas en el largo plazo, debido al monto elevado de su deuda pública y por la mayor dinámica de crecimiento del saldo de sus obligaciones financieras.
La ASF expuso que “más del 50 por ciento de la contratación de obligaciones fue para refinanciar la deuda existente”, lo que le permitió al gobierno “una mejora en el perfil de los pagos, cambio en el esquema de las amortizaciones, mejores plazos de vencimiento y periodos de gracia”. Empero, tuvo que “endeudarse más para cumplir con los pagos de deuda contraída”, acota.
Por lo anterior, la ASF consideró que en los años subsecuentes “podrían limitarse los recursos por financiamiento para inversión pública productiva”. Esto es, ya ni siquiera habrá manera de pedir prestado para esas obras y servicios que ahora sabemos por qué razón se han dejado de hacer en el estado.
Contratar deuda para pagar deuda es una mala práctica que refleja el desorden administrativo de un gobierno. Y no solo eso. Termina pasando de ser una bola de nieve a un alud que acaba por arrasar con la economía de los estados en los que se ha optado por ello. Como Veracruz.
Esto y la “licuadora” eran las “estrategias” favoritas de Javier Duarte para aparentar que todo estaba bien, que había recursos y liquidez en Veracruz, hasta que fue insostenible. Quienes lo vivimos, recordamos el final de su sexenio con pavor.
Pero lo “mejor” de todo es que el informe de la ASF corresponde hasta lo ejecutado en 2020. Falta lo que se contrató en 2021 y lo que ya están pidiendo en este 2022, en el que el Congreso de Veracruz –donde opera un mafioso que a duras penas sabrá sumar y restar- le aprobó un techo de deuda al gobierno de Cuitláhuac García por ¡ocho mil 145 millones de pesos solo para este ejercicio fiscal! Y de los cuales, ya pidieron mil 800 millones nomás empezando el año.
Esa receta maldita ya nos la aplicaron a los veracruzanos. Y sabemos bien cómo termina.
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