Ricardo Del Muro / Austral
La iniciativa de reforma al Poder Judicial, según ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador, busca eliminar corrupción que existe entre los integrantes de ese poder. Sin embargo, Susana Camacho, co-coordinadora del programa de justicia de México Evalúa, señala que un nombramiento por voto popular no garantiza que un ministro, magistrado o juez dejará de ser corrupto.
Al analizar los puntos fundamentales de la iniciativa en dos artículos publicados en la página digital de México Evalúa (12 y 23 de agosto), Camacho indica que la reforma presidencial no necesariamente tiene como finalidad mitigar la corrupción. Más bien, se vislumbra la construcción de un Tribunal Disciplinario que constantemente tendrá amenazados a los jueces, quienes contarán con pocas posibilidades de defensa.
Esto evidentemente – afirma la investigadora -, es un elemento que deteriora la independencia judicial de quién no se ajuste a los objetivos trazados. Entonces, ¿podemos hablar de verdadero combate a la corrupción con esta propuesta?. La respuesta es: No.
Desde México Evalúa, Camacho propone en concreto “que el Congreso posibilite la ampliación del tiempo para discutir a fondo los temas que no están siendo abordados en materia de disciplina judicial. También para proyectar los impactos de la aprobación integral de la iniciativa presidencial. Así podríamos construir no sólo con una reforma judicial, sino una reforma integral que apunte hacia el sistema de justicia que queremos”.
El segundo artículo, donde Camacho examina si la reforma propuesta cumple o no con su promesa de acabar con la corrupción en los poderes judiciales y que las personas tengan un mejor acceso a la justicia, fue escrito en los días en que más de mil 200 jueces y magistrados acordaron un paro indefinido de labores a partir del miércoles 21 de agosto. Ellos se sumaron a la huelga iniciada el 19 de agosto por los más de 55 mil trabajadores de los juzgados federales.
La reforma debería ofrecer mecanismos de monitoreo y evaluación de las juezas y jueces una vez que ejerzan el cargo y que haya consecuencias cuando se detecten actos de corrupción. En cambio, recurre a un Tribunal Disciplinario con facultades para investigar, procesar y sancionar jueces, que tampoco es la vía adecuada.
La iniciativa, advierte Camacho, carece de una visión sistémica. En materia penal no se tocan fiscalías, defensorías públicas, ejercicio de abogacía, cooperación con las policías. En los reportes de “Hallazgos” que México Evalúa publica anualmente, se observa que el mayor número de casos quedan estancados en las fiscalías. En 2022, sólo llegaron ante los jueces alrededor de un 4.3% de los delitos denunciados. Entonces, si el acceso a la justicia penal inicia en policías y fiscalías, la iniciativa de reforma está incompleta.
La reforma tampoco hace distinción entre los problemas que tiene el Poder Judicial Federal (PJF) y los problemas, muy diferentes, de los poderes judiciales estatales. Así por ejemplo, mientras que la discusión presupuestal se ha enfocado en los excesos del PJF, los tribunales estatales carecen de los recursos mínimos para pagar salarios e insumos básicos como computadoras, internet, espacios adecuados para atender ciudadanías, por mencionar algunos.
Tampoco se advierte que la reforma tenga un enfoque en los derechos de las personas. Bajo el argumento de que quienes operan en los poderes judiciales “gozan de privilegios”, en realidad se afectan derechos mínimos laborales de todo el personal judicial, no sólo de los jueces. Por otra parte, tampoco se atienden los derechos de las personas usuarias, pues reduce sus derechos al limitar los efectos del amparo y la suspensión.
Menos aún propone bases o principios para simplificar procedimientos que hoy son engorrosos. Si la promesa es tener juicios más eficientes, no se cumple. No hay cambios que reduzcan plazos o permitan acelerar procesos. Los únicos cambios en los procesos son sólo para limitar derechos.
Una iniciativa que vaya al fondo de los problemas de acceso a la justicia, señala Camacho, debería empezar por fortalecer la justicia estatal, es decir, la primera instancia. Si esta funcionara mejor, ni siquiera habría necesidad de saturar la justicia federal a través del amparo. También debería tener políticas y mecanismos para resolver conflictos comunitarios y evitar el escalamiento de violencias, como la justicia cívica. En la iniciativa que se discute, ni siquiera es mencionada.
La reforma para tener la justicia que necesitamos, plantea Camacho, debería incluir a las fiscalías, mejorar la calidad de la defensa pública, regular el ejercicio de la abogacía, distinguir entre los problemas de la justicia local y la federal; discutir los problemas de acceso al amparo, ampliar a más materias los juicios orales, proponer mecanismos para transparencia en el ejercicio del presupuesto, fortalecer la justicia local incluyendo a la justicia cívica.
“Esto claro – advierte la investigadora – si es que el objetivo es ampliar el derecho al acceso a la justicia, y no simplemente centralizar el poder para no tener contrapesos, como ocurre en las dictaduras”. RDM
