El Ágora
Octavio Campos Ortiz
Nunca fue su intención transformar al Poder Judicial para hacer más pronta y expedita la justicia, tampoco pretendió erradicar la corrupción en los órganos jurisdiccionales ni blindar los derechos laborales de los trabajadores. El espíritu del plan C es la sed de venganza para castigar la insubordinación de los ministros de la Suprema Corte que no se quisieron someter a los caprichos presidenciales ni aprobar las evidentes inconstitucionalidades de las iniciativas enviadas desde Palacio Nacional.
Ese es el fondo de una aberrante reforma que solo quiere derrocar a los togados que osaron contravenir el proyecto político de la 4T para desmantelar una república democrática e instaurar un presidencialismo a ultranza, autoritario y sin división de poderes ni contrapesos constitucionales.
Apoyado en un abyecto Congreso -convertido en oficialía de partes-, que con descaro acepta aprobar, sin quitarle una sola coma, cualquier proyecto del Ejecutivo, el mandatario disfraza su revanchismo con iniciativas que aparentan modernizar el aparato de justicia, erradicar la corrupción de los togados y sancionar a los impartidores de justicia que supuestamente dejan en libertad a los criminales por connivencia.
El remedo de plan C contempla, como garante de honestidad, que los ministros, magistrados y jueces sean electos por el voto popular -inaceptable e inaplicable medida-, aderezada con la figura de la tómbola para reducir el número de mediocres participantes al ritmo de “más de ocho es vanidad”.
Pero en realidad, lo único que pretende es deshacerse de los ministros incómodos para tener una Suprema Corte de Justicia de la Nación a modo, donde no prosperen los reclamos ciudadanos por abusos de poder ni se cuestionen las iniciativas presidenciales por notoriamente inconstitucionales y hacerse de los fondos y fideicomisos del Máximo Tribunal como lo hicieron con las afores no reclamadas para fondear los becas de los ninis y las pensiones de los viejitos.
Poco importa en realidad la capacidad jurídica o ética de los demás togados. La demolición del Poder Judicial solo abarca a los ministros y el incómodo Consejo de la Judicatura Federal, supuesta tapadera de los malos jueces, el cual sería suplido por un tribunal sancionador que en la práctica cuerpearía a los jueces de consigna de la 4T.
Con una Corte afín y un Legislativo anodino como empleados del Ejecutivo y una Carta Magna cuatrotera se podrá consolidar una presidencia imperial, donde lo que menos importe sea la democracia y el Estado de Derecho.
¿Cuál es la verdadera falla de la justicia en México? No son los jurisconsultos, sino el sistema de procuración de justicia que prevalece en el país, instancia gubernamental que se ha utilizado como instrumento de presión o venganza política, no de aplicación de la ley para sancionar a los infractores y resarcir el daño al ciudadano.
Más aún, la actual administración ha recurrido a los jueces de consigna -que tanto criticó-, para castigar a sus adversarios o favorecer a los simpatizantes. Hoy más que nunca se aplica el apotegma juarista: a los amigos ley y gracia, a los enemigos la ley a secas. Rosario Robles puede dar testimonio de ello o el agraciado exgobernador chihuahuense Javier Corral, quien echó a andar toda la maquinaria de justicia de la CDMX para evitar su detención e incluso ahora van contra la fiscalía norteña y hasta Ciro Gómez Leyva por difundir un video sobre el desaguisado.
Más que en los administradores de justicia, la falla está en el fallido sistema de seguridad pública y de procuración de justicia; en un país donde hay un 94 por ciento de impunidad, es decir, de cada cien delitos denunciados -la cifra negra es superior-, solo seis se investigan y menos llegan a una consignación, no se puede recriminar a los togados la alta incidencia delictiva.
Peor aún, señalan a los jueces como responsables de la puerta giratoria, dejar en libertad a delincuentes reincidentes, aunque nunca cuestionan el gobierno lo mal integradas que están las carpetas de investigación, por prisa o ignorancia jurídica. Mientras no asuman realmente sus funciones los policías y ministerios públicos se mantendrá una alta incidencia delictiva y en consecuencia una mayor impunidad. La procuración de justicia no debe seguir como brazo ejecutor de venganzas personales o políticas, mucho menos ordenadas desde el poder mismo.
La reforma judicial no traerá mayor certeza jurídica a los ciudadanos y nos alejará del Estado de Derecho, pero eso poco importa al gobierno, el cual solo desea disfrutar la victoria pírrica de defenestrar a los ministros.
