La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió uno de los litigios más relevantes para la economía digital en México: revocó el amparo promovido por Uber y validó el cobro del 2% que la Ciudad de México aplica a plataformas de entrega de alimentos y paquetería, bajo la figura de aprovechamiento por uso de infraestructura urbana.
La decisión, propuesta por la ministra Lenia Batres, le dan validez constitucional a una reforma de 2021 al artículo 307 Ter del Código Fiscal capitalino.
Aunque el gobierno de la CDMX celebró la resolución como una victoria en nombre de la justicia espacial, según esto, quien más usa la calle, paga más, la discusión es mucho más compleja. El fallo abre la puerta a nuevas formas de tributación local, pero también deja interrogantes sobre transparencia, impacto en usuarios y repartidores, y la creciente fragmentación del federalismo fiscal en materia digital. Todo en un mercado donde la narrativa oficial dice que nadie pagará más, pero la economía de plataformas suele moverse al ritmo de sus algoritmos, no de los comunicados.
La Corte determinó que el 2% no es un impuesto tradicional, sino un aprovechamiento, es decir, una compensación por el uso intensivo que las plataformas hacen de la infraestructura pública. La mayoría de los ministros coincidió en que dichas empresas explotan comercialmente las vías públicas en tal grado que pueden ser sujetas a un cobro diferenciado.
Sin embargo, dos ministras tuvieron disidencias advirtiendo que el cobro funciona materialmente como un impuesto, ya que se calcula por porcentaje de ingresos y no por uso real de la calle. También señalaron que la norma es imprecisa en su destino, lo que puede incluso afectar la seguridad jurídica.
Con esta sentencia, queda firme el precedente de que sí es posible que las entidades federativas diseñen cargas económicas a modelos digitales de negocio bajo figuras no tributarias, siempre y cuando haya argumentos sobre uso del dominio público.
El Gobierno de la CDMX insiste en que el cobro es intransferible, es decir, no puede trasladarse a usuarios, repartidores ni comercios. Suena bien. En el papel.
En la práctica, la teoría fiscal es más pragmatica y señala que los mercados siempre encuentran un modo de reasignar costos.
No será un concepto visible en la factura, pero plataformas como Uber Eats, DiDi Food o Rappi pueden ajustar de distintas formas:
- tarifa de envío dinámica
- costos de servicio
- bonos a repartidores
- cobertura en zonas de baja demanda
El resultado para el consumidor es tangible haciendo llos pedidos más caros, sin que nadie pueda culpar directamente al impuesto. Y para los repartidores, una disminución real en los incentivos, aunque no en su tarifa base.
No lo dicen en voz alta, pero en la Gig Economy, la factura siempre llega, solo que disfrazada de alta demanda.
Mientras las empresas litigan y el gobierno recauda, los que recorren la ciudad entregando pedidos, ven el panorama con otra óptica. Colectivos como Ni un Repartidor Menos señalan que la narrativa oficial es contradictoria pues se cobra por una infraestructura que nos mata primero antes de desgastarse.
Los datos lo respaldan pues más de 12,000 accidentes y cerca de 200 muertes de repartidores entre 2018 y 2024 en la CDMX, están vinculados a baches, coladeras abiertas y falta de mantenimiento vial.
Sin un mecanismo transparente que garantice que el 2% se destina efectivamente a reparar calles, el gremio teme una precarización silenciosa haciendo que haya más horas trabajadas, menos incentivos.
En resumen, para ellos, no es un debate fiscal, sino una lucha por condiciones mínimas de seguridad.
El punto más crítico es a qué se destina el dinero. Según una investigación la recaudación podría superar los 200 millones de pesos anuales. Legisladores de oposición han denunciado una falta de trazabilidad señalando que los recursos ingresan a la Tesorería capitalina, pero no hay un informe público sobre qué obras viales se financiaron con ese cobro.
Si el argumento de la Corte es que el aprovechamiento compensa el desgaste de la infraestructura, la falta de claridad presupuestaria puede convertirse en el talón de Aquiles político de la medida.
Adicionalmente, con la sentencia en mano, el precedente se vuelve oro para las demás entidades. Estados como Jalisco y Nuevo León ya consideran replicar el modelo. La tentación es clara: ingresos inmediatos sin necesidad de crear un impuesto formal.
El riesgo es que cada estado adopte su propio porcentaje, su propio conjunto de reglas y sus propias cargas administrativas. Para las plataformas, esto podría traducirse en 32 pequeños regímenes fiscales distintos, lo que dificultaría su operación y, eventualmente, aumentaría el costo del servicio en todo el país.
La decisión de la SCJN marca un antes y un después:
- Fortalece las facultades fiscales locales en un mercado tradicionalmente regulado a nivel federal
- Legitima modelos de recaudación vinculados al uso del espacio público
- Pero también aumenta la presión sobre un sector operativo que ya trabaja al límite
Y reabre debates sobre competencia económica, comercio digital y protección a trabajadores. En un entorno donde el Estado busca ampliar su base recaudatoria y las plataformas quieren mantener su rentabilidad, el usuario y el repartidor quedan en medio, negociando día a día las implicaciones que la política pública deja entre líneas.
La Corte no solo avaló un cobro sino que avaló una nueva disfrazada de recaudar invadiendo atribuciones que pudieran ser materia de controversia constitucional. El reto ahora es evitar que esa lógica termine afectando a quienes menos margen tienen para absorber sus costos.
