Por José Alberto Sánchez Nava
“Sin certeza de pago no hay suministro: cuando el Estado incumple a los proveedores de medicamentos arriesga empresas y vidas; un Fideicomiso de Garantía de Pago a proveedores en NAFIN es la vía para devolver confianza y asegurar la salud con certeza financiera. JASN”
1.- Introducción
El derecho a la salud no es una concesión graciosa del Estado ni una dádiva de ocasión política; es un derecho humano reconocido expresamente en los artículos 1° y 4° de la Constitución mexicana. No obstante, en la práctica, ese derecho ha sido pisoteado con la frialdad de la burocracia y la negligencia de la improvisación gubernamental.
Hoy, millones de mexicanos enfrentan la más cruel de las incertidumbres: llegar a un hospital y no encontrar el medicamento que puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Lo que inició como un problema administrativo, derivado de una narrativa política de “combate a la corrupción”, se ha convertido en un crimen de Estado de proporciones devastadoras: un genocidio silencioso, tolerado bajo el argumento de purificar al sistema.
2.-El origen del desabasto: una acusación sin pruebas
En el sexenio anterior, Andrés Manuel López Obrador emprendió una cruzada contra las farmacéuticas y distribuidores de medicamentos, acusándolos de ser monopolios corruptos. Sin embargo, jamás se presentó una sola denuncia formal ante los tribunales contra empresa o funcionario alguno. Fue una narrativa construida con fines propagandísticos que desmanteló, de un plumazo, los canales de distribución que durante décadas, con aciertos y errores, habían garantizado un mínimo de abastecimiento.
El remedio improvisado resultó peor que la supuesta enfermedad. La distribución de medicamentos pasó a manos de personajes vinculados con el principal círculo familiar, una colusión de amistades que sirvió de camuflaje a ese círculo del entonces presidente, ajenos al sector salud, sin experiencia, sin logística y sin capacidad técnica. El resultado fue un desabasto generalizado que golpeó con brutalidad a los más pobres, a quienes el Estado había prometido priorizar.
3.-El fideicomiso traicionado
A la par, el fideicomiso creado para hacer frente a enfermedades catastróficas fue vaciado de recursos bajo la bandera de “ahorros republicanos”. Dichos fondos estaban bajo la rectoría del Consejo de Salubridad General, organismo constitucional con facultades supremas en la materia, pero que fue invisibilizado desde la pandemia de COVID-19, sometido al capricho presidencial y marginado en la toma de decisiones.
El resultado fue doblemente perverso: el dinero desapareció y los enfermos quedaron desprotegidos. Pacientes con cáncer, VIH, insuficiencia renal o padecimientos crónicos fueron condenados a enfrentar sus enfermedades sin respaldo estatal, como si el derecho a la salud fuera una opción y no una obligación constitucional.
4.-El problema estructural: una deuda impagada
El desabasto no sólo tiene que ver con improvisación o negligencia. El Estado mexicano mantiene una deuda multimillonaria con proveedores de medicamentos, y los pagos —cuando se realizan— se difieren a plazos mayores de 30 días pero que pasan los años y no se pagan esos adeudos, lo que constituye un riesgo de quiebra para las empresas que sostienen la cadena de suministro.
Los proveedores no se niegan a surtir medicinas: se niegan a quebrar en un sistema donde entregar insumos al gobierno significa enfrentar un viacrucis interminable para cobrar facturas. La práctica se ha normalizado: culpar a las farmacéuticas de la escasez mientras se oculta la inseguridad de pago.
5.-Una propuesta urgente: Fideicomiso de Garantía de Pago
La única salida real para garantizar el suministro es la creación inmediata de un Fideicomiso de Garantía de Pago administrado por Nacional Financiera (NAFIN), diseñado de manera blindada para que ningún político, familiar de gobernante o intermediario ajeno meta las manos en su operación.
Este fideicomiso debe:
- Respaldar con certeza jurídica y financiera el pago a proveedores de medicamentos e insumos, eliminando el temor de incumplimiento.
- Evitar el colapso de la cadena de suministro, asegurando liquidez a las farmacéuticas para mantener el flujo de producción y entrega.
- Erradicar la práctica del pago diferido que convierte al Estado en el cliente más riesgoso del mercado.
- Blindar el proceso de intereses políticos, evitando que sea botín de amigos, familiares o intermediarios, y garantizando que funcione exclusivamente con fines sanitarios.
No se trata de un capricho financiero: se trata de una cuestión humanitaria. Mientras no exista certeza de pago, los proveedores seguirán limitando su participación, y el desabasto persistirá como la herida abierta de un genocidio por omisión.
6.-La dimensión del agravio
No hablamos de números fríos. Hablamos de niños que mueren por falta de quimioterapias, de adultos mayores que ven acelerado su deterioro por no recibir sus medicamentos, de familias que venden lo poco que tienen para comprar en el mercado privado lo que el Estado les niega. Hablamos de vidas truncadas por la negligencia.
Si seguimos la lógica de la doctrina internacional, lo que ocurre en México encuadra en la figura de genocidio por omisión, entendida como la acción deliberada de un gobierno que, al negar acceso a insumos médicos esenciales, provoca la muerte masiva de personas en condiciones vulnerables.
7.-Una verdad incómoda
La salud pública en México no colapsó por culpa de la corrupción de las farmacéuticas, sino por la soberbia de un gobierno que confundió propaganda con política pública. La narrativa del enemigo externo sirvió para justificar un rediseño que, en lugar de fortalecer, debilitó. Hoy, esa imprudencia gubernamental cobra vidas cada día.
El Dr. David Kershenobich, actual Secretario de Salud, no tiene margen para la retórica: su gestión será recordada por devolver al Estado la capacidad de garantizar medicamentos o por prolongar la mayor tragedia sanitaria de nuestra historia reciente.
8.-Conclusión
La crisis de desabasto no es un accidente ni una simple coyuntura administrativa: es una violación constitucional, un crimen de Estado y un genocidio por omisión. La solución ya no admite retórica: un Fideicomiso de Garantía de Pago en NAFIN es la única vía para restituir la confianza, reactivar el suministro y salvar vidas.
México no necesita discursos, necesita medicinas. Y la historia no perdonará a quienes, pudiendo evitarlo, prefirieron callar, constituyendo un genocidio por tratarse de un ataque sistemático por omisión, dirigido a un gran sector de pobreza en México, lo cual constituye un crimen de lesa humanidad.
