Jorge Miguel Ramírez Pérez
Estuvo de moda en las dos últimas décadas del siglo pasado incorporar en el gobierno mexicano profesionales de la economía como tronco sobresaliente de otras disciplinas, que como los abogados que inundaron la burocracia a mediados del siglo, desplazando a los militares que antes de ellos eran el semillero de mando del gobierno, aportaban, se decía, una visión sobre los costos de la acción pública y los procesos que le permitieran al país, sobre todo incursionar en la construcción de su industrialización.
En esa ola hubo de todo, pero inicialmente surgieron con fuerza los economistas de inclinación marxista, que pugnaban por la apropiación de parte del estado de las fuentes de producción, cuyo propósito central era que el estado mexicano tuviera una injerencia decisiva en la economía nacional.
Se empezaba con nacionalizaciones de las empresas -el petróleo era el modelo- , que siguió a otras como la electricidad; y después mediante quiebras en las que el gobierno adquiría muchas veces industria chatarra como la azucarera, o cuando las exigencias sindicales arrinconaban a los empresarios al cierre y entonces el acuerdo era, adquirir la empresa con el compromiso de mejorar hasta con exageración las condiciones laborales, como la siderúrgica; se buscaba difundir la versión de que se salvaron fuentes de empleo.
Así el estado mexicano en los años ochentas era el principal patrón en el país.
El estado mexicano manejaba el petróleo y sus derivados; la producción y distribución de energía eléctrica, minas, fertilizantes, el grano, la harina de maíz, silos, bodegas, ferrocarriles, empresas de aviación; una parte importante de la leche, de la distribución de productos alimenticios, la telefonía, las presas y la distribución del agua, transportes marítimos, hoteles, restaurantes, bicicletas, refrigeradores, y un largo etcétera entre los que figuraba la banca comercial y de desarrollo.
Para los noventa el gobierno de México en todo lo ancho de su sector paraestatal lo que tenía eran números rojos en sus ineficientes empresas públicas. Gastos que excedían sus ingresos, baja productividad, improvisados en los mandos y burocracias doradas, semidoradas o sencillamente innecesarias era el corolario.
Algunos economistas y administradores públicos racionalistas concordaban en detener esa tendencia que terminaba por solicitar créditos externos –en divisas- cuyo destino formal era lo productivo, pero en realidad acababan solventando los hoyos del desastre de la mala administración de los activos del gobierno.
Desde esa crisis que significaba un círculo vicioso empezó el gobierno deshaciéndose de empresas que debían ser un gran negocio como la de telefonía. Pero que en manos de los burócratas y los líderes sindicales, representaban un caos. La carga financiera que se arrastraba era tan pesada, que el solo hecho de no tenerla era un alivio sicológico. Se entregaron empresas tan buenas que en poco tiempo fueron unos trabucos, como Telmex y Mabe, por mencionar dos distintas en sus respectivos ramos. Las formas unilaterales de las operaciones de desincorporación fueron opacas y se ve que los beneficiarios poco o nada arriesgaron de sus propios recursos.
Una vez iniciada esa desincorporación que no llegó a Pemex y a CFE, se siguieron utilizando mecanismos financieros pésimamente mal manejados como los tesobonos para financiar al gobierno y sus burocracias, para las que los recursos de Pemex no eran suficientes. La aportación fiscal tan elevada y la corrupción de la empresa y sus sindicalizados dejaron sin caja para invertir en tecnología y exploración y la debacle para el año 2000 era tal, que la empresa estaba ya en quiebra técnica, porque su valor era inferior al pasivo laboral. Desde entonces nadie se puede llamar a sorprendido, ni desgarrarse las vestiduras.
Desde una década atrás con Salinas y Zedillo los econometristas del ITAM hicieron su aparición, ya sin los escrúpulos de los economistas de la UNAM o del IPN; dragoneando entender el nuevo mundo del monetarismo y de las reglas aceptadas comúnmente de la economía y las finanzas mundiales. Se convirtieron en los salvadores de los gobiernos que no han querido gobernar ni reducir sus privilegios, sino solo gastar.
Sencillamente los del ITAM se convirtieron en los maquilladores oficiales de las cifras y requisitos que el entramado financiero exigía para tener liquidez. Se apoderaron de la Hacienda, de la banca central, de las instituciones financieras del Estado y de las finanzas estatales, centralizaron la recaudación y le quitaron a los gobiernos estatales el IVA, pero no promovieron la economía porque el único plan que tenían, era exportar para seguir pagando deudas en divisas que siguen hasta la fecha ahogando al país.
Hoy se destapa la Caja de Pandora y salen toneladas de pus, que con solo el hedor marea, pero a la vez de cargar con los errores inexplicablemente sin culpables, se le pega o se cae en la trampa de empezar a desvelar a la madre de los préstamos, la hoy saqueada Pemex. Porque mas allá de los tecnicismos financieros era Pemex el aval y punto de observación de los criterios por los que se juzga toda la economía y las finanzas de México.
Lo de Fitch no es hipocresía, sencillamente es la punta del iceberg que demuestra que es escasa la capacidad histórica del estado mexicano para conducir a puerto firme, la economía de este gran país.
