La verdad a secas

Foto: Cuartoscuro

Como históricamente suele ocurrir en nuestro país, la verdad a secas —aquella que está incluso por encima de la llamada verdad histórica— sobre lo ocurrido con los 43 jóvenes de Ayotzinapa desaparecidos el 23 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, difícilmente llegará a saberse. Mientras tanto, el régimen de Peña Nieto incurre en un despropósito tras otro para intentar marear a los ofendidos con su verdad oficial, que quiere hacer pasar por la verdad histórica, para lo cual apela incluso a la sensiblería al cancelar la cena de gala de la noche del Grito, apelando a la tristeza que embarga a la sociedad por los sucesos ocurridos hace casi un año en las inmediaciones de Iguala.

La apuesta de Peña es a que el tiempo contribuya a formar una cicatriz sobre esta enorme, supurante y dolorosa herida, y que, como suele ocurrir, olvidemos las circunstancias en que se dio este terrible hecho: si fue resultado de una acción concertada y hasta qué punto hubo complicidad por parte de los más altos mandos de las tres instancias de gobierno (federal, estatal y municipal), de policías locales, federales y del Ejército, por supuesto, con la connivencia, omisión o complacencia del entonces gobernador —y heredero de las “glorias” de su mentor Rubén Figueroa—, Ángel Heladio Aguirre Rivero y de la pareja municipal de Iguala, formada por José Luis Abarca y María de los Ángeles Pineda, que si bien no son blancas palomas, parecen estar muy lejos de haber sido los únicos o principales orquestadores de este tristísimo episodio.

Tampoco parecen ser la cabeza del trasiego de droga y las actividades criminales que tienen lugar en el estado de Guerrero a ciencia y paciencia de las autoridades. Pese a todo ello, son hasta el momento señalados como los autores intelectuales.

Todo apunta a que, por más increíble que parezca, el crimen estuvo ligado con la vigilancia de un cargamento de heroína negra que iba en uno —el quinto, del que no se tiene registro en las pesquisas de la PGR, dicen los enterados— de los autobuses de los que se apoderaron los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa aquel 23 de septiembre, en el marco de sus protestas contra la política insensible de Peña Nieto, que busca terminar con esta instancia de formación docente tan útil para suplir las carencias de maestros en las zonas rurales y marginadas de México durante buena parte del siglo XX.

La verdad histórica es que los gobiernos neoliberales, emanados del PRI y del PAN que hemos sufrido durante casi 30 años han sido los más corruptos y cínicos de la historia; que pueden desaparecer 43 muchachos y miles de migrantes y mujeres que, en el mejor de los casos, un buen día son encontrados en una narcofosa en Tamaulipas, Michoacán, Chihuahua o Veracruz; que el crimen organizado goza de una capa de impunidad —cuando no de un blindaje que le confiere la más amplia seguridad—, como resultado de la omisión o de la franca complicidad de los gobiernos municipales, estatales e instancias del gobierno federal.

Si no, que le pregunten a Javier Duarte de Ochoa, gobernador de Veracruz, estado con el mayor registro de periodistas asesinados o desaparecidos, y donde, a los muertos que hace algunos meses aparecieron colgados en el paso a desnivel que da acceso al World Trade Center, en el marco de una reunión nacional de procuradores, se suma el macabro hallazgo del 11 de septiembre, de una fosa con nueve cadáveres.

Duarte es ése al que su antecesor, Fidel Herrera, entronizó como gobernador cuando, según sostuvo en una grabación telefónica, se encontraba “en la plenitud del pinche poder”.

Por supuesto, no hay que perder de vista en este entorno caracterizado por el cinismo y la impunidad el último hecho de sangre en el que se presume la intervención, en algún grado, de Duarte: el asesinato del fotoperiodista Rubén Espinosa en la colonia Narvarte, que se ha querido hacer pasar por un ajuste de cuentas del narco, un hecho fortuito ocurrido en una casa de citas en un entorno de consumo de drogas y prostitución, o un mero robo, hipótesis para las cuales el Gobierno ha echado mano de sus voceros incondicionales. Por mucho menos de lo que ha acumulado Duarte, en épocas de la dictablanda priista, un gobernador ya habría sido llamado a cuentas por el secretario de Gobernación y obligado a presentar su renuncia “por motivos de salud”.

Tanto en estos casos como en el de los 43 de Ayotzinapa, que sigue presente en la agenda nacional gracias a que despertó la atención de medios internacionales tan importantes como The New York Times y El País, entre otros, por más presión internacional que haya, es muy difícil que se llegue a conocer “la verdad sin adjetivos”.

En suma, la verdad histórica es que vivimos inmersos en el cáncer y la podredumbre de la cleptocracia (neologismo que define el gobierno de los ladrones), en cuyo entorno sólo existe la posibilidad de enriquecerse y hacer negocio, sin importar qué tan sucio sea éste, cuántas vidas cueste, a quiénes afecte y, sobre todo, tampoco resulta relevante que la reputación de los gobernantes siga por los suelos.

Así lo provocan ellos mismos con sus trapacerías, y siguen apostando a la mala memoria de los mexicanos, que muy pronto olvidamos cómo Raúl Salinas, en complicidad con su hermano Carlos, amasó una enorme fortuna, falsificó documentos adquirir una identidad falsa y cobró religiosamente un porcentaje mínimo del 10% a proveedores del gobierno. Se le acusó, procesó e incluso encarceló, sólo para liberarlo algunos años después, expresarle el clásico “usted perdone” y devolverle la fortuna mal habida. Lo mismo puede decirse del hermano incómodo de Zedillo, de los hijos de Marta Sahagún y de quienes organizaron el escandaloso saqueo con el pretexto de los festejos del bicentenario de la Independencia y el centenario de la Revolución, durante el sexenio de Calderón.

México es de los pocos países del mundo en que, tras un escándalo de corrupción en el que se tiene más que la mera sospecha de que el gobierno ha favorecido a uno o más contratistas, es posible montar una “investigación” que exonere a funcionarios y empresarios y que la relación que dio pie a las sospechas y a la supuesta indagación permanezcan indemnes. Si no, pregúntenle a Peña Nieto, a Videgaray y a su contratista favorito, Juan Armando Hinojosa, dueño de Grupo Higa, quien asistió como invitado de honor al tercer Informe de Gobierno y sólo espera que las aguas vuelvan a su nivel para seguir firmando contratos y levantando billetes a diestra y siniestra.