La crítica desmedida y sin argumentos legales pueden afectar la honorabilidad de jueces y la confianza de la sociedad en la justicia.
En las redes sociales, todo lo que se dice puede correr y encenderse como pólvora, sin ningún filtro ni control e incluso generar daños irreparables en la vida tanto privada como pública y el honor de cualquier persona en minutos.
Un tema que poco se ha abordado son las acusaciones contra juzgadores locales y federales por ciudadanos que, al no estar de acuerdo con una sentencia, optan por descalificar las resoluciones, acusarlos y denostarlos públicamente lo que provoca, en el mejor de los casos, una mancha en la reputación y prestigio profesional y, en el peor, impacta definitivamente la vida personal y familiar, así como la carrera judicial de los juzgadores.
Recientemente han salido a la luz pública diversos casos de jueces que, por sus decisiones, han tomado relevancia mediática. Mencionaré 3 que están en el recuerdo inmediato de la sociedad y que ejemplifican lo que mencionado en el párrafo anterior:
El primero es de la Magistrada Selina Haidé Avante Juárez, quien deslindó a Kamel Nacif del delito de tortura contra la periodista Lydia Cacho, lo que ha provocado que Avante Juárez se enfrente a la crítica desmedida de la opinión pública, principalmente en redes sociales, a pesar de que el pasado 9 de febrero de 2022 el Consejo de la Judicatura Federal resolvió como improcedente una queja interpuesta en su contra, dicha queja estaba sustentada en que pretendía vulnerar la independencia judicial, ante la ausencia de pruebas el Consejo de la Judicatura concluyó textualmente que: “resulta improcedente la presente queja administrativa”.
En otras palabras, se hizo justicia al declarar improcedente la queja y con ello la Magistrada quedó exonerada de las infundadas acusaciones; sin embargo, el daño profesional y en su reputación quedó hecho.
El segundo es el del juez del Décimo Séptimo de Distrito en Veracruz, Jesús Arturo Cuéllar Díaz, ya que amparó al secretario técnico de la Junta de Coordinación Política (JuCoPo) del Senado, José Manuel del Río Virgen, por no encontrar pruebas contundentes de que Del Río Virgen estuviera detrás del homicidio del candidato a la alcaldía de Cazones de Herrera por Movimiento Ciudadano, Remigio René Tovar Tovar, de igual forma que con Avante Juárez, fue respaldado por el Consejo de la Judicatura Federal.
Lo anterior provocó que el gobernador veracruzano, Cuitláhuac García Jiménez, criticara la resolución del juez acusando de corrupción e influyentísimo todo el proceso de amparo de José Manuel del Río Virgen. Así mismo, García Jiménez denunció ante los medios que existía amiguismo y mano negra en la decisión del juez. Un daño más contra quien imparte justicia y cuya acusación quedó en el aire sin pruebas pero con la duda que nuevamente vuelve a generar un daño claro.
El último caso es el juez titular del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Juan Pablo Gómez Fierro, que en abril de 2021 concedió una suspensión provisional contra una reforma que obligaba a los ciudadanos a entregar sus datos biométricos si querían acceder a una línea de telefonía móvil, acto que lo convirtió en objeto de acusaciones y agresiones sobre su trabajo por funcionarios del gobierno actual.
Gómez Fierro justificó su resolución argumentando que la reforma “podría no ser idónea ni proporcional” y porque la obligatoriedad de entregar biométricos tiene repercusión para el disfrute de derechos constitucionales. Al día siguiente fue objeto críticas por Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, quien lo calificó como un “juez a modo” y un “juez de contentillo” que actúa de “queda bién”.
Los casos anteriores ponen sobre la mesas las siguientes interrogantes: ¿Es posible que en un Estado, que se dice de Derecho, sus jueces puedan ser estigmatizados, humillados y denigrados de esta forma por cualquier persona a la que no le guste su sentencia?; ¿No será que a todos nos conviene un Poder Judicial fuerte, autónomo y respetado que defienda de los atropellos de otras instancias de poder?
Por fortuna no todo es malo, existen las excepciones de la regla, pero es justamente el Consejo de la Judicatura Federal quien tiene la facultad y obligación de resolver estos casos, puesto que su misión es la de garantizar la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial, que permitan el funcionamiento de Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito y aseguren su autonomía, así como la objetividad, honestidad, profesionalismo e independencia de sus integrantes, a fin de coadyuvar a que la sociedad reciba justicia pronta, completa, gratuita e imparcial.
Cuando la sociedad centra su atención en la guerra de descalificaciones sin argumento y pasa por alto a los organismos encargados de vigilar, investigar y, en dado caso, sancionar; se está afectando no solo a jueces, sino atentando contra la confianza de la ciudadanía en el Poder Judicial y, por lo tanto, en el Estado de Derecho, que es base para el país fuerte que tanta falta nos hace.
