Rúbrica
Por Aurelio Contreras Moreno
Veracruz, entre otros estados de la República, se ha convertido en un verdadero laboratorio de la regresión democrática en curso en el país.
Al hostigamiento, amenazas, agresiones físicas y verbales, se ha sumado la censura y acoso judicial que no solo limita la capacidad de informar de los periodistas y hasta de expresar sus opiniones a la ciudadanía, sino que los expone a riesgos irresponsables.
Como es sabido, la figura de violencia política en razón de género, en lugar de usarse para proteger a las mujeres que participan en el espacio público, tal como fue concebida, está siendo utilizada para inhibir el debate, castigar la opinión crítica y blindar gestiones y comportamientos cuestionables. Esta distorsión legal tiene un efecto intimidante, especialmente en medios que operan desde y para comunidades históricamente marginadas.
En Veracruz, más de 50 medios de comunicación, incluidos varios comunitarios e indígenas, así como periodistas en lo individual e incluso académicos, enfrentan procesos judiciales por presunta violencia política en razón de género. ¿Su “delito”? Referir un conocido caso en el que se sancionó a otros medios y periodistas por informar, aunque suene insólito, con la verdad. Solo por mencionar el tema. Un verdadero despropósito no solo de los actores políticos que autoritariamente pretenden silenciar las críticas y hasta ganar en la mesa lo que fueron incapaces de obtener en las urnas, sino de los tribunales que les han dado la razón y con eso normalizan la censura como una práctica política y hasta de Estado.
Este uso distorsionado de figuras jurídicas diseñadas para proteger derechos, convertidas en su lugar en instrumentos de silenciamiento, las despoja de su razón de ser como herramientas de justicia contra una arraigada violencia, con el único fin de blindar a figuras de la arena pública de la crítica legítima, castigando en su lugar el ejercicio periodístico, imponiendo censura previa, retiro de contenidos y restricciones editoriales inaceptables en cualquier país que se precie de llamarse una democracia. Para otra muestra, el caso de Campeche, donde los excesos de una gobernadora enloquecida por el poder tienen a ese estado peor que varias repúblicas bananeras.
Este fenómeno no es aislado, valga decir. Durante su 81ª Asamblea General celebrada en República Dominicana este fin de semana, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció que el acoso judicial se ha convertido en una herramienta sistemática de censura en países como México, utilizada por gobernantes y legisladores para castigar a periodistas incómodos.
Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum se ha pronunciado –de dientes para afuera- contra la censura, la realidad que la SIP advierte es que su gobierno ha reforzado los mecanismos de control sobre el acceso a la información y la regulación de las telecomunicaciones con la desaparición de los órganos autónomos y la concentración de sus funciones en dependencias del Ejecutivo, mientras es totalmente omiso e incluso permisivo y justificador ante los ataques que políticos del partido oficial o aliados del régimen lanzan cada vez más sistemáticamente contra la libertad de expresión de manera descarada, violenta e impune.
El caso de las denuncias contra medios y comunicadores en Veracruz sigue su curso en tribunales, en espera de una resolución sensata que pondere, proteja y privilegie la libertad de expresión y de prensa, así como el derecho de la ciudadanía a estar informada, porque además de todo, no se cometió violencia política de género de ninguna manera. La acusación es absurda, infantil.
Pero nada de esto es casual. El régimen, como con muchos otros temas, estira la cuerda para constatar hasta dónde aguanta sin romperse. Hasta dónde la ciudadanía es capaz de entregarle una a una sus libertades a cambio de una dádiva.
Hasta ahora, sigue ganando terreno la autocratización.
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