José Alberto Sánchez Nava
“La verdadera erosión del Estado de Derecho no ocurre con un golpe, sino con cada acto de desobediencia al mandato constitucional, socavando lenta y silenciosamente los pilares de nuestra democracia.”
1.- El Gobierno contra las resoluciones judiciales
El ocaso del actual Gobierno Federal quedará en la memoria de los mexicanos como uno de los capítulos más oscuros en la historia del constitucionalismo del país. No solo ha impulsado reformas que muchos consideran regresivas, sino que ha demostrado, con inusual descaro, un profundo desprecio por el Estado Constitucional y Democrático de Derecho. A tan solo unas horas de concluir su mandato, el Ejecutivo ha vuelto a desafiar los límites del poder, infringiendo las suspensiones judiciales que deberían regir sobre cualquier autoridad que respete los pilares de nuestra democracia.
El ejemplo más reciente —y quizá uno de los más graves— lo constituye la desobediencia flagrante a una orden judicial emitida por una jueza de amparo, quien concedió la suspensión definitiva con efectos restitutorios, ordenando eliminar la publicación de una reforma constitucional al Poder Judicial en el Diario Oficial de la Federación (DOF). A pesar de esta orden, el Gobierno ha decidido continuar con la publicación, burlando no solo a la autoridad judicial, sino también a los principios fundamentales del Estado de Derecho, como la división de poderes, la imparcialidad y la independencia judicial.
2.-El amparo y la preservación de la independencia judicial
El texto del acuerdo judicial es claro y contundente: se concede la suspensión para que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y el Director del DOF eliminen la publicación del decreto de reforma constitucional sobre el Poder Judicial Federal. La razón de esta suspensión es preservar la independencia judicial y evitar que se afecten principios como la imparcialidad, objetividad y profesionalismo de quienes imparten justicia en México.
El hecho de que el Gobierno decida no acatar esta resolución no solo viola el mandato judicial, sino que deja al descubierto su desprecio por los límites constitucionales. Al ignorar esta suspensión, se está atentando contra el principio de la división de poderes, que es el pilar fundamental de cualquier Estado democrático. Sin una verdadera división de poderes, la democracia pierde su esencia, y lo que queda es un gobierno que actúa sin contrapesos, sin control, y, lo más alarmante, sin responsabilidad.
3.-Daños de imposible reparación
El acuerdo judicial es claro al señalar que, de no concederse esta medida cautelar, los daños que se ocasionarían serían de “imposible reparación”. Esto, en un contexto donde la justicia depende de su imparcialidad y donde los jueces deben operar sin la amenaza de reformas que buscan cooptar su independencia, es extremadamente preocupante. Se está jugando con la estructura misma del Poder Judicial, afectando su capacidad para actuar con autonomía y poniendo en riesgo su función de contrapeso frente a los excesos del Ejecutivo.
El juez que concede la suspensión lo hace, precisamente, para evitar que se consume un acto irreversible: la implementación de una reforma que impacta negativamente la independencia de los jueces. La importancia de esta medida cautelar radica en salvaguardar no solo los derechos de los promoventes del amparo, sino el Estado Constitucional y Democrático de Derecho que debería regir sobre todos nosotros.
4.-La gravedad del incumplimiento
La resolución judicial también admite un incidente para investigar si las autoridades responsables, es decir, el Presidente y el Director del DOF, realizaron actos que pudieran constituir una violación a la suspensión. Si se confirma esta violación después de haber pasado por un Tribunal Colegiado y llegado hasta el pleno de la SCJN, las consecuencias jurídicas son claras: el Gobierno federal, podría enfrentar sanciones por desacato, sumándose a una larga lista de violaciones a la Ley de Amparo que han caracterizado a esta administración y la prosecución de la que sigue.
Sin embargo, más allá de las posibles consecuencias legales, lo que está en juego aquí es mucho más profundo: es el respeto al marco constitucional. Si un gobierno se arroga el derecho de desobedecer las resoluciones judiciales, ¿qué mensaje se está enviando al resto de las autoridades? ¿Cómo se puede confiar en que el Ejecutivo respete las decisiones de los jueces si en su último aliento de poder decide ignorarlas y no solo eso sino que está instando al siguiente gobierno de Claudia Sheinbaum para continuar con ese desacato?
5.-El legado de un Gobierno que desafía la Constitución
Este episodio es solo una muestra más de cómo el actual Gobierno se ha convertido en el mayor infractor de las suspensiones judiciales. El constante desprecio por los fallos emitidos por el Poder Judicial demuestra una tendencia peligrosa hacia la concentración del poder y la erosión de los contrapesos democráticos. Reformas regresivas que minan la independencia judicial, la politización de instituciones y la desobediencia de fallos judiciales son solo algunos de los rasgos que marcarán este sexenio como uno de los más oscuros en la historia moderna de México.
El legado que deja este Gobierno es inquietante: un Ejecutivo que, lejos de fortalecer el Estado de Derecho, lo ha debilitado. Lo que debería ser un cierre de administración marcado por el respeto a las instituciones y la Constitución, se convierte en un acto de desafío que erosionará aún más la confianza de los ciudadanos en sus instituciones.
6.- Conclusión
La desobediencia del Gobierno ante suspensiones judiciales en materia de amparo representa una amenaza directa al principio de legalidad, que es la base sobre la que se deben regir todas las autoridades en un Estado Constitucional de Derecho. Este desacato no solo vulnera el respeto a las instituciones, sino que mina la confianza pública en la capacidad del sistema judicial para actuar como un contrapeso efectivo al poder ejecutivo.
Políticamente, la erosión de la división de poderes conduce a una peligrosa concentración de autoridad, desdibujando los límites que deben mantener a raya los excesos del gobierno. El precedente de un Ejecutivo que ignora los fallos judiciales abre la puerta a futuras administraciones para continuar este patrón de conducta, debilitando aún más la democracia y generando incertidumbre institucional.
Desde el punto de vista social, el impacto es igualmente devastador. La sociedad, al normalizar estos actos de desobediencia gubernamental, se arriesga a perder su capacidad de exigir responsabilidad y transparencia en el poder. El respeto al Estado de Derecho no es un principio abstracto; es el garante de la protección de los derechos fundamentales de cada ciudadano. Si el gobierno no respeta las leyes, las bases mismas de la justicia y la equidad se desmoronan, dejando a la sociedad expuesta a los abusos del poder sin los mecanismos adecuados para defenderse.
Es por ello, que este Gobierno pasará a la historia no por sus logros, sino por su reiterado desprecio a los límites del poder. Un gobierno que, ante la oportunidad de consolidar una democracia más robusta y un sistema de justicia más fuerte, decidió torcer el rumbo y actuar en contra de los principios que debería proteger. México merece algo mejor.
