La ponderación, el equilibrio, la probidad, el conocimiento, la efectividad, la tradición, la legalidad y la seriedad de otras épocas, han desaparecido en nuestras devaluadas y corrompidas fiscalías, no solo entregadas a brindarle impunidad a los transgresores de la ley penal, sino incluso a propiciar un encendido proselitismo para que sigan permeando diversos actos de degradación jurídica.
Diversos funcionarios encargados de la procuración de justicia, al parecer resultan ser los adalides de esa infortunada misión de prostituir y envilecer a la justicia, que viola no sólo la esencia del Pacto Federal, sino los más elementales principios en la correcta interpretación del derecho penal.
Según información verídica con la que cuenta la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C., el talón de Aquiles –entre muchos-, es ni más ni menos que el diputado Jesús Sesma Suárez, importante –más no honesto- dirigente del Partido Verde Ecologista Mexicano.
No obstante que diversos fiscales de justicia de la República, al tomar posesión de su misión constitucional, juramentaron hacer cumplir la Constitución Republicana y no sólo no lo efectuaron, sino mantienen una actuación despreciable, incluso corruptiva con los poderes políticos de las Entidades Federativas, rompiendo el principio sine qua non que debe de prevalecer en todos los Siervos de la Nación dedicados a procurar justicia.
Las antiguas y añoradas dependencias de rectitud y lealtad constitucional –según se sabe- fueron asediadas por el neoliberalismo y se les otorgó carta blanca para prostituir a la justicia –con muy honrosas excepciones- y para brindarle impunidad y protección a muchos transgresores de la ley penal.
Los ejemplos no se hicieron esperar en todo México, un procurador general, según se afirma y puede probar, creó la primera alianza con el narcotráfico y con ello institucionalizó a la narco-política. Los medios de información tanto nacionales como internacionales, en su momento, dieron amplia difusión a ese deplorable acontecimiento, exhibiendo por
desgracia a México y sus instituciones como corruptas.
Es de lamentarse y, con estas líneas así lo hacemos, que dichas prácticas nocivas y desprestigiantes, aún continúan. ¿será posible que la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, en su carácter de Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos ordene una investigación para sanear el medio de procuración e impartición de justicia?.
Es cuánto.
Lic. Alberto Woolrich Ortíz.
Presidente de la Academia de Derecho Penal
del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C..
