Los y las actuales Fiscales de Justicia de la Nación incumplieron flagrantemente el deber de guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos cuando más se requería de sus conocimientos y entereza. Cuando México más necesitaba de su valor para enfrentar el fenómeno de la corrupción en el contexto de procuración de justicia, esos abyectos y viles, eligieron la pasividad. Optaron por la omisión. Renunciaron a su mandato constitucional.
México atraviesa por horas tristes en su vida democrática. Los poderes de iure, como son el Ejecutivo y Legislativo y, los de facto, que resultan ser el de la narco-política y la corrupción, emprendieron una cruzada contra el poder de la justicia. Su objetivo no fue mejorarla, sino controlarla, corromperla, prostituirla y la oposición de la abogacía independiente de la República, ha resultado ineficaz.
Los y las Fiscales de toda la Nación deberían de saber que la soberanía de México encuentra su cimiento en la justicia: que ningún acto de corrupción y/o de control, es válido si viola los principios torales de la Constitución Republicana.
A esos y esas ministriles de justicia se les debería hacer de su conocimiento que sus función no es agradar a ningún otro poder que no sea el de procurar justicia, protegiendo con ello el derecho de los mexicanos que son y fueron víctimas de la delincuencia, su misión es hacer valer el Estado de Derecho. Pero, lamentablemente, cuando a esos procurantes de justicia les tocaba investigar los fenómenos de corrupción, eligieron deliberadamente por la complicidad y protección a la delincuencia del poder.
El incorrecto e indeseable actuar de esos togados aumentó durante sexenios un relato de desprestigio en contra de la procuración de justicia: se fabricaron culpables, acusaron a inocentes con tal de proteger a los delincuentes, se exhibió la arbitrariedad de poderes ajenos a la justicia; la debilitaron y para justificar su incapacidad y complicidad: eliminaron la aplicación de leyes represivas, permitiendo que el poder económico, político y de la delincuencia continuara infiltrado en las instituciones republicanas.
Ese actuar incorrecto representa y representó el mayor retroceso en materia de procurar justicia y esto no habría sido posible sin cómplices dentro de las mismas procuradurías y fiscalías de la Nación, ello no fue por descuido: fue una claudicación deliberada para convertirse en cómplices y actores de esa proterva corrupción.
Es cuánto.
Lic. Alberto Woolrich Ortiz.
Presidente de la Academia de Derecho Penal
del Colegio Nacional de Abogados Foro de México A.C
