Redacción, MX Político.- El periodismo es y seguirá siendo responsabilidad hacia los lectores. Brindar información veraz no es sólo derecho del periodista, sino obligación irrenunciable en el ejercicio honesto de su oficio.
Lejos de ese compromiso, en el texto que alude a mi persona, el reportero privilegió críticas subjetivas, de carácter personal, en voz de entrevistados que no conozco ni me conocen. Sin buscar la otra cara de la moneda, no se me permitió ofrecer mi punto de vista, como exige el oficio periodístico. Las puertas de mi oficina, de más está decirlo, siempre han estado y estarán abiertas para Proceso.
Me resisto a las declaraciones abstractas que colman el artículo, al uso de calificativos gratuitos y sin sustento, a opiniones personales presentadas como verdades absolutas, a elucubraciones sobre lo que cada entrevistado imagina. Más allá de las discrepancias, formado por un periodista, nada valoro por encima de los hechos.
En las impresiones recogidas por el autor, el entrevistado Juan J. Garza –investigador constitucionalista de la UNAM– ignora que las impugnaciones a las nuevas normas no significan que quien las propuso no haya realizado su trabajo con rigor o previsto resistencias.
El académico desconoce también que dentro de las atribuciones constitucionales y reglamentarias del consejero jurídico no está poner límites ni amonestar al jefe del Estado mexicano. Su función es dar asesoría y apoyo técnico-jurídico a las decisiones políticas que el Ejecutivo federal adopte para los fines con los que está comprometido.
En su caso, el presidente Andrés Manuel López Obrador siempre ha actuado en congruencia con el proyecto de nación que hace dos años lo llevó a ganar las elecciones por una amplia diferencia: la transformación de la República.
Transformar implica, necesariamente, descomponer el orden existente abandonándolo por valores distintos. A lo largo de nuestra historia ha habido muchísimas impugnaciones a toda clase de normas, en el entendido de que el número de inconformidades se incrementa cuando las nuevas reglas hacen cambios estructurales al sistema.
Dogmáticamente se ha sostenido que los cambios únicamente pueden hacerse conforme a las reglas preestablecidas. Sin embargo, si lo que precisamente se quiere es cambiar el sistema y sus formas, es legítimo adoptar procedimientos y contenidos distintos conforme a los principios de legalidad, seguridad jurídica y equilibrio de los poderes.
Ni las propuestas de ley ni los decretos emitidos por el Ejecutivo han desatendido las formalidades fundamentales de su procedimiento. Y, cabe agregar, la Presidencia de la República no ha propuesto la totalidad de las leyes que en el artículo se afirma están impugnadas.
He de precisar que desde el Poder Ejecutivo se envían proyectos de ley que en su tramitación pueden ser aprobadas o rechazadas por el Poder Legislativo que, inclusive, tiene las atribuciones para modificarlos sin que la Consejería Jurídica tenga facultades para incidir en ello. Corresponde al Poder Judicial la declaración de su legalidad cuando son controvertidas.
Me resulta incomprensible la ligereza con que se afirmó que el consejero jurídico privilegia la operación política en lugar de ocuparse propiamente de sus tareas; que se mueve en la sombra.
La emisión del Decreto de Austeridad durante la pandemia, criticada por las voces que eligió el reportero, se dio precisamente por una mayor restricción presupuestaria ante la emergencia sanitaria; el confinamiento no puede ser obstáculo para dejar de gobernar y atender las cuestiones que la realidad demanda.
Desde su campaña electoral, Andrés Manuel López Obrador fue terminante: su gobierno se distinguiría por la austeridad. Así, promovió jurídicamente e impulsó políticamente reformas y emitió decretos que lleven a la optimización de los recursos de la nación, buscando que los servidores públicos, sobre todo aquellos que ocupan cargos de alto nivel, se sujeten a la justa medianía que el pueblo reclama.
Las leyes y decretos en ese sentido han sido controvertidos por algunos que han visto afectados sus intereses particulares. Somos respetuosos del derecho a inconformarse, pero el proyecto de transformación exige reducir los gastos de operación de la administración pública federal.
El propio investigador del CIDE, Saúl López Noriega –también citado en el artículo– reconoce que la judicialización de las reformas no involucra en automático un problema de legalidad o de transgresión al estado de derecho. Eventualmente, corresponderá dirimirlo a los tribunales competentes.
La supuesta invasión de competencias que se señalan es una cuestión propia del acto de gobernar, razón por la que nuestro sistema jurídico establece los procedimientos que lleven a delimitar las atribuciones de los entes públicos.
Por otra parte, recordaría a los expertos que el acuerdo que dispone que la Fuerza Armada Permanente lleve a cabo tareas de seguridad pública surge en cumplimiento a lo que el Poder Constituyente (en absoluto consenso de ambas cámaras) dispuso en el Transitorio Quinto del Decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de nuestra Constitución, en materia de Guardia Nacional, publicado el 26 de marzo de 2019.
No soy ingenuo: no miro ni miraría nunca la relación entre la prensa y el gobierno como tersa.
Mi trabajo hoy está a revisión pública y asumo la crítica. Con lo que no puedo coincidir es con la falta de rigor y profesionalidad del texto en el que se me evalúa.
Convencido por los ideales de Andrés Manuel López Obrador, opté por el servicio público. Realizo mi trabajo día a día al límite que me imponen mi capacidad, mi salud y el tiempo.
De la libertad y el profundo respeto por el periodismo no podría separarme nunca por mi padre, Julio Scherer García. Tampoco de su casa, que es Proceso.
Jam
