Ricardo Del Muro / Austral
El camino está marcado, escribió atinadamente Carmen Román Breña, periodista de El País. Cuatro meses antes de las elecciones que le retirarán a su rancho, el presidente López Obrador descargó este lunes en Palacio Nacional un paquete de reformas constitucionales que es a la vez legado y programa electoral.
Una entrada periodística corta y objetiva. Allí están las políticas en las que cree y las que no le ha dado tiempo o no ha querido consagrar en la Constitución cuando tenía mayoría para hacerlo. En la recta final de su mandato – observó la periodista -, el momento se torna más oportuno, con el electorado esperando un mensaje para salir a voar, porque por más que quisiera, el partido del presidente, Morena, tendrá que negociar con la oposición si quiere sacar adelante estas modificaciones legañes, a menos que gane dos tercios de los curules del Congreso el 2 de junio.
No hay necesidad de calificativos ni descalificaciones en esta nota periodística. Está claro. El mensaje de López Obrador es electoral. Lo que no se logre en las Cámaras legislativas, tendrán los ciudadanos sólo una vía para obtenerlo, votando por su sucesora, Claudia Sheinbaum, quien ha garantizado la continuidad ideológica y política a todo el que quiera escucharla.
Reproduzco las partes fundamentales de la nota publicada en El País, porque es la única que, en mi opinión, ha revelado el principal objetivo de las 20 iniciativas que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso, precisamente en el aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917, mismas que, a pesar de las prohibiciones impuestas por la legislación electoral, son un claro mensaje proselitista. No parece capricho lo que impulsa al presidente a plantear estas enormes reformas, remata Román en su nota, más bien un disparo muy calculado.
Han sido 20 iniciativas que, obviamente, han generado una polémica que, tal vez, se extienda hasta el día de la jornada electoral, el próximo 2 de junio. El encabezado del periódico Reforma denuncia: “Quiere sello de la 4T en la Constitución” y La Jornada, por supuesto, defiende: “Buscan reformas devolver grandeza a la Constitución”.
Las propuestas van desde la creación de un nuevo esquema de pensiones hasta una reconfiguración del Poder Judicial, pasando por la desaparición de organismos autónomos, cambios en el sistema electoral y la militarización permanente de la Guardia Nacional.
Estas iniciativas necesitarán de los votos de la oposición para ser aprobadas, pero también provocarán un amplio debate mediático que pondrá en aprietos a los legisladores del Frente para evitar mostrarse como antipopulares y antinacionalistas, en un momento coyuntural, en que necesitan del voto ciudadano.
Tanto el PRI como Xóchitl Gálvez ya manifestaron su apoyo a la propuesta de López Obrador de reformar el sistema de pensiones y permitir que los trabajadores se retiren con el 100 por ciento de su último salario. Sin embargo, este “respaldo” también vino con una larga lista de “peros” y descalificaciones que, incluso, se ha dicho que se trata de un engaño.
López Obrador no ha sido el único presidente que ha modificado la Constitución. El texto original, que promulgaron los legisladores en Querétaro en 1917 ha tenido 764 modificaciones y 252 decretos de reforma.
En el gobierno de Carlos Salinas se reformaron 55 artículos, entre ellos, el 27 Constitucional que facilitó la inversión privada en el campo; en el periodo de Ernesto Zedillo se modificaron 78 artículos, que incluyó una profunda reforma al Poder Judicial; Vicente Fox reformó 31 artículos, entre los que destaca el reconocimiento de las culturas y derechos de los pueblos indígenas.
Con Felipe Calderón se reformó la Constitución en 110 ocasiones y en el gobierno de Enrique Peña Nieto hubo 155 cambios, incluyendo la reforma energética que es la que más ha criticado López Obrador.
“Hay alrededor de 114 artículos modificados y 22 que permanecen iguales. Si se ve por su extensión, nuestro texto constitucional tenía poco más de 20 mil palabras cuando se promulgó; hoy cuenta con casi 80 mil palabras, solo considerando los 136 artículos, sin los transitorios”, señaló el doctor Camilo Saavedra Herrera, quien junto con sus colegas del Instututo de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Andrea Pozas Loyo y Francisca Pou Giménez, hicieron una investigación sobre el hiperreforsmismo constitucional en México.
Algunos de los artículos que más se han ampliado son: el tercero, sobre el derecho a la educación; el 41, que aglutina gran parte de la materia electoral; el 123, relativo al trabajo; y el 27, sobre la propiedad de las tierras y el agua. Son también de los más simbólicos por su relación con las demandas de la Revolución de 1910.
