Por José Alberto Sánchez Nava
“Cuando la ley se convierte en herramienta del poder y no en límite a su abuso, la libertad no desaparece con violencia… se extingue entre reformas, decretos y silencios.”
En México, cada sexenio deja su huella en la arquitectura legal del país. Pero pocas veces habíamos presenciado una reforma legal tan extensa, tan rápida y tan peligrosa como la que hoy se construye en nombre de la “transformación” y la “seguridad nacional”. Se trata de un paquete legislativo de siete normas que, en lugar de proteger a los ciudadanos, rediseña el poder para vigilar, callar, condicionar y controlar.
No se trata de teorías. Se trata de herramientas legales ya aprobadas o en proceso, cuyos efectos son palpables: hoy mismo pueden usarse para rastrear a cualquier persona, criminalizar actividades cotidianas, impedir protestas o controlar narrativas en redes sociales.
Aquí la evidencia, la alarma y los ejemplos.
1.- Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública: Vigilancia sin freno judicial
Lo que propone: Eficiencia en la coordinación policial, integración de la Guardia Nacional al sistema nacional, y mejoras en los centros de mando (C5, C2, etc.).
Lo que preocupa: El artículo 12 faculta al Sistema Nacional de Inteligencia y Contrainteligencia (SINAC) para recabar información personal sin orden judicial, con el pretexto de “prevenir el delito”. Esto incluye acceso a ubicaciones GPS, historial de compras, hábitos bancarios y conexiones personales.
Ejemplo ilustrativo: Mariana, una estudiante que participa en un colectivo feminista y compra libros sobre derechos humanos, empieza a notar que sus redes sociales reciben contenido oficialista. Días después, le niegan acceso a una beca. Su perfil fue marcado por “riesgo político moderado”. Nunca fue informada. Nunca pudo defenderse.
2.- Ley del Sistema Nacional de Inteligencia Criminal: El Gran Archivo del Estado
Lo que propone: Coordinar a las agencias de inteligencia y seguridad del país para actuar de manera preventiva ante amenazas.
Lo que preocupa: Sin controles ciudadanos ni mecanismos transparentes, esta ley podría crear bases de datos masivas de vigilancia, con perfilamientos ideológicos, sociales o incluso étnicos.
Ejemplo real: En otros países como Colombia o Estados Unidos, este tipo de legislación ha permitido la creación de listas negras de activistas, profesores universitarios o periodistas que han sido etiquetados como “subversivos”. En México, los antecedentes están ahí: recordemos el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), que durante décadas espió a opositores, obispos, artistas e incluso a miembros de su propio partido.
3.- Reformas al CNPP y vigilancia en tiempo real: Investigación sin defensa
Lo que propone: Actualizar procedimientos penales para que el Ministerio Público solicite localización en tiempo real en casos urgentes.
Lo que preocupa: Aunque el artículo 303 del CNPP ya lo contemplaba, las reformas recientes debilitan aún más las garantías procesales, permitiendo que estas medidas se apliquen sin conocimiento del afectado ni participación de su defensa legal.
Ejemplo ilustrativo: Un periodista que investiga desapariciones forzadas en el norte del país puede ser geolocalizado en secreto por órdenes del Ministerio Público, sin saberlo y sin que exista delito alguno en su contra. Si alguien filtra esa información, su vida corre riesgo. Así se acorrala al periodismo y se apaga la verdad.
4.- Reforma a la Ley de Telecomunicaciones: Apagar internet, silenciar la disidencia
Lo que propone: Facultar a la Guardia Nacional para intervenir “infraestructuras críticas” como servidores de telecomunicaciones, redes sociales o portales digitales.
Lo que preocupa: La redacción ambigua permite al gobierno bloquear contenidos, suspender cuentas o restringir el acceso a información incómoda, bajo el pretexto de “seguridad nacional”.
Ejemplo ilustrativo: Imagina que, durante una marcha contra una reforma ambiental, usuarios de Twitter y Facebook no pueden subir fotos ni videos. WhatsApp deja de funcionar en la zona. La explicación oficial: “mantenimiento de red”. En realidad, fue una intervención para “contener desinformación”. El gobierno ya tiene la herramienta legal para hacerlo.
5.- Reforma a la Ley Antilavado: De consumidor a sospechoso
Lo que propone: Fortalecer la prevención de operaciones con recursos ilícitos, y establecer controles más ágiles para detectar lavado de dinero.
Lo que preocupa: Se amplía el espectro de “conductas sospechosas”, incluyendo compras en efectivo mayores a ciertos montos, uso frecuente de transferencias digitales, adquisición de criptomonedas o pagos de servicios al extranjero.
Ejemplo ilustrativo: Un joven freelance que cobra en dólares por su trabajo remoto y compra una laptop en efectivo queda automáticamente bajo “alerta de perfil financiero atípico”. ¿El resultado? Su cuenta es congelada, y deberá demostrar su inocencia antes de acceder a sus ahorros. La carga de prueba se invierte. La libertad económica se criminaliza.
6.- Reforma a la Ley de Desaparición Forzada: La simulación institucionalizada
Lo que propone: Modernizar los mecanismos de búsqueda y sanción, creando un nuevo Sistema Nacional de Búsqueda con estándares comunes.
Lo que preocupa: Lejos de hacer más eficaz la búsqueda de desaparecidos, se impone una estructura burocrática que diluye responsabilidades, exige validaciones previas y retrasa acciones urgentes.
Ejemplo real: En 2023, en Jalisco, una madre denunció la desaparición de su hija. Por falta de “indicios suficientes”, la carpeta se clasificó como “ausencia voluntaria”. Pasaron 19 días antes de iniciar la búsqueda formal. La joven apareció sin vida. Esta reforma no reduce esos tiempos: los institucionaliza.
7.- Ley de Simplificación Administrativa: El CURP como cadena digital
Lo que propone: Agilizar trámites gubernamentales conectando todos los servicios públicos a través del CURP.
Lo que preocupa: En la práctica, esta ley centraliza toda la vida del ciudadano —salud, educación, empleo, finanzas— en una sola base de datos, sin garantías suficientes de privacidad ni mecanismos efectivos de oposición.
Ejemplo ilustrativo: Una persona con una deuda fiscal podría verse impedida de inscribirse en una universidad pública, obtener pasaporte o recibir atención médica especializada, sin proceso judicial. El algoritmo lo decidirá. Y nadie le informará.
Así nace el control social digital.
Conclusión: Cuando la Constitución se vuelve papel mojado
Este paquete legislativo no es un error técnico. Es una estrategia legal deliberada para establecer un modelo de poder donde la ciudadanía es vigilada, condicionada y disuadida de participar. Se normaliza la idea de que los derechos humanos “estorban”. Y eso es —históricamente— el preámbulo de todo régimen autoritario.
Hoy en México, se violan sistemáticamente:
- El artículo 1°, al permitir discriminación basada en perfilamientos.
- El artículo 14, al invertir la carga de la prueba.
- El artículo 16, al autorizar vigilancia sin resolución judicial.
Alerta Roja para la República
Las dictaduras ya no necesitan tanques. Necesitan reformas, algoritmos y jueces sin independencia.
Hoy, mientras la ciudadanía paga impuestos, usa su celular o camina por la calle, está siendo vigilada en nombre de su propio “bienestar”.
No es paranoia. Es ley.
Y si no reaccionamos como sociedad, el futuro no será un Estado fuerte. Será una república sometida al miedo digital.
