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Laura Fernández Peña bajo investigación

Redacción Por Redacción
24 enero, 2022
en Justicia
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CHETUMAL, Q.R.- La diputada, recién incorporada a la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Laura Lynn Fernández Piña, está bajo la lupa de la justicia, por entregar contratos a modo y endeudamientos millonarios cuando se desempeñaba como Presidenta municipal de Puerto Morelos, además de nexos con una red de pornografía infantil, algunas de las sombras que la persiguen.

Oriunda de Coahuila, inició su carrera política en Quintana Roo entre 1999 y 2012, como directora de Turismo y Relaciones Públicas en el Ayuntamiento de Benito Juárez, entonces presidido por Magaly Achach de Ayuso. En ese tiempo, se le relaciona con la autorización de una compra fantasma y a sobreprecio de 500 libros por un monto de 125 mil 400 pesos para promover el destino turístico.

De acuerdo con Sol Quintana Roo, si bien la cotización para la adquisición del material debió recibir el visto bueno de la Dirección de Recursos Materiales, esto no sucedió así. Sin embargo, en una indagatoria al interior del Ayuntamiento se desveló que la factura contaba con la firma de Fernández Piña y la de Francisco Cruz Echeverría, quien trabajaba en la Dirección de Fiscalización. Por este hecho, ambos fueron citados ante la Contraloría municipal, aunque solo se presentó Cruz Echeverría, quien argumentó que la orden de compra salió de la Tesorería, como otros tantos pagos irregulares.

Impunemente, la funcionaria continuó su carrera política en el municipio de Benito Juárez. Primero como delegada del Instituto Quintanarroense de la Mujer y posteriormente como secretaria técnica del Gabinete.

En 2008, Fernández Piña y su exesposo, Carlos Gordoa, tenían una empresa denominada “Gordoa Publicidad”, dedicada al manejo de imagen y propaganda, principalmente de integrantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), del que Fernández era diputada local.

La firma estaba establecida en el número 34 de la calle Pecarí, supermanzana 20, manzana 4, en la ciudad de Cancún, desde donde se ofrecían servicios de “planeación, contratación de medios, monitoreo de campañas publicitarias y comerciales de televisión”.

Sin embargo, el domicilio de la empresa estaba exactamente en el mismo sitio que las oficinas administrativas del empresario libanés, Jean Succar Kuri, quien actualmente cumple una condena de 93 años de prisión por los delitos de pornografía infantil y corrupción de menores.

De acuerdo con las investigaciones, la empresa “Gordoa Publicidad” habría sido la responsable de grabar el material pornográfico para la red de trata infantil, en la que también está involucrado Kamel Nacif Borge, “El rey de la mezclilla”, tío del exgobernador de Quintana Roo Roberto Borge Angulo.

A través de moches, la pareja Fernández-Gordoa consiguió evadir la justicia y sacar el equipo de grabación antes de que pudiera ser revisado por las autoridades.

“Destaca que en reiteradas ocasiones, el Ministerio Público exigió la verificación del inmueble, en las fechas en que Carlos Gordoa tenía allí sus oficinas, pero los agentes cayeron en omisiones, pues permitieron que “Gordoa Publicidad” cambiara de manera urgente sus equipos, pero quedó activa la línea telefónica, el número 887-99-74, a nombre de Carlos Francisco Gordoa Palma y Meza”, como consta en un reportaje de un medio nacional, de ese año.

Cobijada por el entonces gobernador, Félix González Canto, la entonces legisladora local borró todo rastro de su presencia en el domicilio del empresario libanés, y continuó su ascenso político en la entidad, a cambio de ocultar los desfalcos del entonces mandatario desde la Comisión de Hacienda, Presupuesto Público y Cuenta Pública del Congreso local.

Desde el Poder Legislativo quintanarroense creó la “Ley Piña”, la cual penalizaba cualquier tipo de interrupción del embarazo e incluso criminalizó el caso de una niña de diez años que quedó embarazada como resultado de una violación por parte de su padre. Más tarde, en 2013 fue nombrada titular de la Secretaría de Turismo por Roberto Borge Angulo.

En 2016, ya en el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Laura Fernández Piña fue electa presidenta municipal de Puerto Morelos, entre acusaciones de imposición por parte de los ciudadanos, quienes denunciaron coacción de votos e impulso del Sindicato de Taxistas de aquel municipio.

“En Puerto Morelos estamos indignados porque nos están imponiendo a esta candidata. Puerto Morelos no quiere a Laura Fernández, es una gente corrupta que compró el voto”, acusaron vecinos de la colonia Cetina Gazca, ante un medio nacional, durante una protesta.
Los pobladores atestiguaron que durante la elección hubo robo de urnas y la imposición de actas falsas en casillas.

MAL COMIENZO

Antes de abandonar el Estado, Roberto Borge dio el espaldarazo político a Laura Fernández Piña, convirtiéndola en la primera presidenta municipal de Puerto Morelos (2016-2018), aun cuando su postulación violentaba la ley electoral, pues no tenía residencia en el recién creado municipio, si no en Cancún.

Durante su primera administración recibió 327 millones de pesos para la gestión del territorio. De ese dinero, 170 millones (más del 50 por ciento) se destinó al pago de una nómina sobreinflada, con 706 empleados en el Ayuntamiento. En tanto, 51 millones de pesos se destinaron a obra pública.

Apenas un año después, la munícipe, sobrina del exgobernador Pedro Joaquín Coldwell, fue acusada por la periodista Lydia Cacho de despojo de tierras con valor de 300 millones de pesos, a través de su director de Catastro, Erick Estrella Matos, y la empresa Gajo del Sureste S.A. de C.V.

Dicha compañía contaba con dos representantes legales: Adalberto Rodríguez Quintero y Manuel
Concha, lo que implicaba una irregularidad, al mostrar doble documentación.

Por este hecho se inició un proceso penal en el que la parte acusada estaba representada por José Luis de la Peña Nava, operador de Jorge Emilio González “El Niño Verde”.

Así, se crearon escrituras y cédulas catastrales falsas, en contubernio con directores municipales y notarios, los mismos que encabezaron el despojo de tierras en Tulum, Isla Blanca y Holbox.

Estas escrituras tenían la característica de que las coordenadas correspondían a sitios cercanos a Groenlandia y el Océano Atlántico.
AM.MX/fm

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